Argentina es un “modelo” junto con Venezuela y Bolivia (en realidad anti-modelos) para estudiar lo que verdaderamente no debe hacerse en relación a negocios en energía (entiéndase: petróleo, gas, electricidad, etc).

En diciembre 2013 se desnudó el problema argentino: una impericia y un descuido de las políticas públicas energéticas que no tienen parangón en la historia económica latinoamericana: cortes del servicio eléctrico a principales ciudades de Argentina.

Esos cortes de suministro afectaron a millones de ciudadanos. La preocupación fue tal que motivó a que ex ministros de Energía de Argentina (Emilio Apud; Julio César Aráoz; Enrique Devoto; Roberto Echarte; Alieto Guadagni; Jorge Lapeña; Daniel Montamat y Raúl Olocco), elaboraran un muy preciso documento  en el que identificaron claramente la responsabilidad de la actual administración gubernamental argentina en la crisis eléctrica por la que Argentina atraviesa, aunque el Gobierno justificó como “exceso de demanda eléctrica”, un pobre justificativo que no oculta su impericia en el tema hidrocarburos.

Conforme establece el ordenamiento legal argentino la “responsabilidad indelegable y directa” corresponde al Estado cuando se trata de un servicio público como el eléctrico, no importando si el mismo está concedido a manos privadas, en razón a que el Estado argentino –a través de sus mecanismos correspondientes- tiene la obligación de fiscalizar, regular y anticipar cualquier crisis en el sector.

En Argentina, pese a la importancia del sector, no existe un Ministerio de Hidrocarburos o de Petróleo y Gas como hay en Venezuela y Bolivia. El sector depende del Ministerio de Planificación Federal a través de una Secretaría de Energía que dada la importancia del sector debería tener rango de Ministerio.

Desde 2009 los ex ministros (secretarios, en realidad) argentinos vienen alertando de la crisis energética que hoy parece no tener salida.

Argentina está en problemas energéticos, como analizamos en diciembre pasado, por su ausencia de políticas públicas concretas y de largo plazo para el sector.

A fines de 2013, la potencia instalada alcanza los 31.399 MW con claro aumento en la demanda pero no en la oferta (generación eléctrica: 22,3% y demanda: 45%).

Hay un claro manejo “desprolijo” como indican los ex ministros de todo el sector eléctrico, particularmente.

Aunque en su propia defensa el gobierno argentino responsabiliza a las compañías privadas de pocas inversiones realizadas en el sector, omiten indicar que la inestabilidad política argentina no es un escenario atractivo para nuevas inversiones en exploración de gas, pare generación eléctrica por ejemplo. Similar escenario inestable se observa en Bolivia o Venezuela.

Un arcaico sistema de subsidios, junto a una legislación anacrónica han completado ese cuadro siniestro en el que se desenvuelve el sector –particularmente- eléctrico argentino habiendo mantenido tarifas totalmente irreales comparativamente con otros países haciendo perforaciones de la economía argentina para mantener ese aparente nivel de precios.

Para graficar: el consumo de electricidad con tarifa subsidiada (mayormente residencial), representa actualmente el 80% del total y paga menos del 30% del costo real. El déficit generado en el Mercado Mayorista por este motivo, pasó de US$ 165 Millones en 2003 a US$ 5.255 Millones en 2013, acumulando en el período 2003-2013 cerca de US$ 26.600 millones.

Registre esa cifra porque es una barbaridad: 26 mil millones de dólares!

Y ojo que en el análisis no se toma en cuenta los subsidios destinados a la importación de gas natural (desde Bolivia, entre otros), que están en el orden de los US$ 6.000 millones anuales adicionales.

Me suscribo a lo que los ex ministros de Energía de Argentina concluyen: “…los cortes son, entonces, la consecuencia de una política oficial irracional que aplicó el gobierno nacional en estos 10 años…”

La crisis energética que atraviesa Argentina es parte de una escenario político candente e inestable y en materia de hidrocarburos subrayo lo que los ex ministros dijeron con toda claridad: “…el tema de la energía en nuestro país, no se puede resolver con medidas aisladas y mucho menos de carácter populista y demagógico…”

Y por si acaso el camino de una re-estatización de las compañías privadas generadoras/distribuidoras de electricidad -si es que así estuviera pensando algún bravucón chauvinista- no es recomendable porque sólo aportaría mayor caos y mala imagen al país, emulando la “nacionalización” de hidrocarburos en Bolivia que hasta la fecha continúa pagando por daños y perjuicios en procesos internacionales (arbitrajes).