Blog de Juan José Toro

Que el gobierno diga que investigará si el galeón San José transportaba riquezas que salieron de nuestro país es una confesión indirecta de que no tiene información suficiente sobre el tema. El que no sabe averigua y ese parece ser el caso de nuestras autoridades. De la incertidumbre a la ignorancia hay un paso y parece que por ahí está el gobierno del que salió la ridícula versión de que América fue conquistada por el imperio romano.

España no se hace tanto problema. Como los gobernantes de ese país saben que toda riqueza que salió de sus colonias fue extraída por ellos, presentan su demanda cada vez que se reporta el hallazgo de tesoros hundidos en el mar. No siempre ganan pero lo intentan.

No es el caso de Bolivia.

Gracias a las nuevas tecnologías, los buscadores de tesoros lograron encontrar embarcaciones hundidas en los últimos años y desataron batallas legales por su contenido. La última vez que España ganó fue con el fallo referido a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes de la que se rescató 17 toneladas de monedas de oro y plata. El tesoro fue enviado hasta la península y se completó el ciclo del latrocinio: los españoles que vinieron a América, se apoderaron de nuestras tierras y explotaron nuestros recursos naturales recibieron, siglos después, el producto de su despojo. La justicia le entregaba al ladrón el botín perdido años atrás, mientras que los verdaderos dueños de ese recurso, los potosinos, vimos, con impotencia, a través de fotografías y la televisión, imágenes de las monedas en las que se advertía claramente el escudo de esta ciudad junto a la marca de su Casa de Moneda: una “P” enlazada con las letras “T” y “S”.

Y es que, por aquello de los sellos, no es tan difícil reconocer la procedencia de las monedas encontradas en el fondo de los mares.

El jefe del área de museo de la Casa de Moneda de Potosí, José Antonio Fuertes, y el experto numismático Daniel Oropeza Alba coincidieron al decirme, por separado, que, a partir de la falsificación de moneda de Francisco de Rocha, un decreto real ordenó que todas las monedas acuñadas en América lleven sellos distintivos no solo de sus respectivas cecas sino hasta de sus ensayadores.

Por los años en los que se hundió el galeón San José había tres casas de moneda funcionando en Sudamérica; las de Potosí, Lima y Santa Fe de Bogotá. Por lógica, las monedas de esa embarcación solo podrían proceder de esas tres cecas.

Oropeza va más allá porque, sobre la base de sus estudios, que revelan que por aquellos años hubo un importante cobro de impuestos, él está seguro de que la mayor parte del cargamento del galeón eran monedas y barras de plata procedentes de Potosí.

Identificarlas sería muy sencillo: las monedas que tengan una “L” son de Lima, las que lleven una “B” fueron acuñadas en Bogotá mientras que las que lleven el grabado de una “P” proceden de Potosí, Bolivia. Si se aplicara un mínimo de justicia, así de fácil sería dividir el tesoro pero, para hablar de reparto, sería necesario que el gobierno boliviano ponga algo de interés en el tema.

Pero, pese a que hay mucho dinero de por medio —se dice que el tesoro del galeón San José es el más grande de la historia—, Bolivia nunca se metió a estas disputas. Parece que, una vez más, nos tocará ver cómo el tesoro es enviado a otra parte y ver, de lejos, aquellas monedas que se acuñaron aquí, con plata extraída del Cerro Rico, que llevan nuestro sello y nuestro escudo. Cumpliendo la maldición inventada por los colonizadores españoles, veremos cómo nuestra riqueza es entregada a otros dueños. ///

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

En sus casi diez años en el poder, el gobierno del presidente Evo Morales se ha visto afectado por varios casos de corrupción pero ninguno ha logrado conmover sus cimientos al grado de llevarlo a la desestabilización.

Desde el negociado de las visas chinas hasta los desfalcos del ex fondo indígena, pasando por el escándalo de YPFB en el que se llegó al extremo de asesinar al empresario Jorge O’Connor, la popularidad del jefe de Estado y su innegable grado de aceptación en las bases campesinas se ha mantenido incólume. 

Varias razones explican esa invulnerabilidad y una de ellas es el grado de tolerancia al que ha llegado la sociedad boliviana respecto a la corrupción.

Hoy en día, el ciudadano boliviano se escandaliza menos frente a las denuncias de corrupción que hace diez años pero eso no tiene que ver con el gobierno sino con la tolerancia de la sociedad entera hacia los actos ilegales.

Y es que, aunque nos duela reconocerlo, la corrupción empieza en la base misma de la sociedad, en el colegio, allá donde una nota de aprobación ha dejado de ser el referente del rendimiento escolar para convertirse en una mercancía.

Todavía a fines del siglo XX, pagarle a un maestro para que apruebe a un estudiante con nota de reprobación era visto como un acto inmoral pero, poco a poco, se hizo tan cotidiano que ahora se ha convertido en una costumbre. Así, y solo así, se explica que haya padres de familia que hagan huelga de hambre para que sus hijos aprueben una materia.

La cotidianidad del pago o “reconocimiento” por acciones u omisiones está en las calles, allá donde hay que darle unos pesos al agente de tránsito para que se haga de la vista gorda frente a una infracción. Y así, entre vulneraciones y sobornos periódicos, la corrupción ha adquirido carta de ciudadanía y ya se mide en niveles: el empleado de menor jerarquía cobra unos pesos, su superior miles y las máximas autoridades pueden recibir millones. Así, y solo así, se explica que nueve de los 12 comandantes de la Policía que tuvo el gobierno de Evo Morales estén procesados por corrupción.

Por tanto, la ilegalidad ya no puede combatirse con leyes porque la realidad demuestra que estas se aplican discrecionalmente. Hay que cambiar las cosas desde la base, desde la escuela, pero, mientras dura el proceso, que será inevitablemente largo, es necesario que las autoridades demuestren que la corrupción es mala y tiene castigo. Eso significa castigar a los corruptos sin hacer excepciones.

Los padres tienen que comenzar a hablarles a sus hijos de lo perniciosa que es la corrupción y es lógico que no podrán hacerlo si ellos son los primeros en hacer modificar calificaciones en el colegio. Es preciso desterrar la cultura del favor y aprender a aceptar las cosas como se presentan. Si se asume esa actitud y se la mantiene, la lacra de la corrupción retrocederá en las aulas y ya no llegará a las calles.

En las instituciones públicas el proceso será igual de difícil porque la idea de que el beneficio ilegal es “normal” ha sido arrastrada desde el colegio. Por eso será importante predicar con el ejemplo; es decir, que sean las máximas autoridades ejecutivas las que primero demuestren una conducta ejemplar y sancionen los actos de corrupción después.

Si se aplica la ley del embudo, ancha para unos y angosta para otros, se estará dando un mensaje equivocado: el castigo no les llega a los poderosos. Bajo esa lógica, la única manera de demostrar que la ley es para todos es castigando a quien lo merece, sin importar qué tan afín sea al gobierno o a los gobernantes.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Se llamaba Marcial Trujillo, tenía 25 años, estaba casado y era padre de tres hijos, uno de ellos recién nacido. Se había titulado de ingeniero hacía poco y soñaba con compensar a su familia por las privaciones que tuvo que pasar mientras estudiaba. Quizás soñaba con eso al promediar las 15:30 del jueves 2 de abril de 2015, cuando se aproximaba a Betanzos en su motocicleta. De pronto, una vagoneta de color gris apareció de la nada y lo embistió. Eso fue todo. Desde entonces, Marcial Trujillo ya no sueña porque está muerto.

El conductor del vehículo que lo atropelló fue detenido y el fiscal de Betanzos, Amed Zuleta, ordenó lo que corresponde en estos casos, aprehensión, pero el aprehendido no mantuvo esa condición demasiado tiempo porque hizo valer su cargo: magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional.

A partir de ahí, la que debía ser una investigación más del Ministerio Público se convirtió en un rosario de cesiones y consideraciones para con el acusado de homicidio en accidente de tránsito. Se revocó la orden de aprehensión y una audiencia de medidas cautelares determinó que podía defenderse en libertad.

Mientras la mayoría de los sospechosos por ese delito son encerrados en una cárcel desde el primer momento, él, el magistrado Ruddy José Flores Monterrey, recibió medidas alternativas: fue arraigado y estaba obligado a firmar un libro en la Fiscalía de su ciudad de residencia, Sucre, pero estaría libre mientras dure la investigación.

Y hubo más consideraciones. Cuando confirmó que debía viajar un mes a China, a un programa de capacitación, solicitó el levantamiento del arraigo y la justicia, tan benévola con él como dura con miles de ciudadanos sin nombre ni rango de magistrado, le concedió el pedido.

Lo último fue que otro fiscal, aparentemente más benévolo que el anterior, emitió un requerimiento conclusivo en el que no encuentra responsabilidad en el magistrado en la muerte de Marcial Trujillo. Como lo halla libre de culpa, no lo acusará formalmente así que Ruddy Flores ni siquiera irá a juicio.

Esta es una muestra de lo injusta que es la justicia boliviana y su alto grado de discriminación. Si algún conductor mata a una persona en un accidente de tránsito, es muy difícil que sea investigado en libertad. Generalmente, el fiscal que investiga estos casos acusa formalmente al sospechoso porque tiene la más contundente prueba ante sí: un cadáver. Y es ese cadáver el que determina que, después, en el juicio, el acusado sea condenado.

Pero ese no fue el caso de Ruddy Flores porque, después de todo, él no solo es magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional sino que es uno de los hombres a quienes el presidente y vicepresidente del país le deben estar ahora en sus cargos. Él y algunos de sus colegas fueron quienes validaron la reelección de Evo Morales y Álvaro García cuando el caso fue elevado a consulta a ese alto tribunal. Él y algunos de sus colegas validaron la repostulación que viabilizaría la re-re-reelección. Entonces, no se puede procesar a un hombre así. Mejor que él y algunos de sus colegas, entre los que está su permanente acompañante, la magistrada Neldy Andrade, se vayan literalmente a la China.

El fiscal ya decidió y, como no habrá juicio, nunca sabremos si Flores fue culpable o no en aquel homicidio en accidente de tránsito. Sólo sabemos que Marcial ya no está, que su familia no tiene quién la mantenga y que sus hijos, por lo pequeños, pronto olvidarán su rostro, el tono de su voz. Para su recién nacido solo será un nombre y un retrato, el de la tumba.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

La elección de Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina desató una ola de ataques en las redes sociales, particularmente por parte de los partidarios de los gobiernos autodenominados “progresistas”.

En Bolivia, los afines al MAS zapatearon de rabia. Los rótulos más utilizados fueron “derechista” y “neoliberal” y no faltó quien dijo que el nuevo mandatario es responsable de las desapariciones de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Yo no sé si eso es históricamente correcto pero sí noté que la mayoría de los servicios noticiosos internacionales llamaron “conservador” al partido de Macri.

En política, “conservador” es el que prefiere “mantener el orden social y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales”. Su antónimo es “progresista” que, en términos políticos, es el que busca “el progreso integral del individuo en un ambiente de igualdad, libertad y justicia”.

La ciencia política considera que el conservadurismo es la derecha política mientras que el progresismo es la izquierda. La clasificación surgió en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, en septiembre de 1879, cuando debía votarse el poder de veto del rey sobre las decisiones de esa asamblea. Los que estaban en contra del veto, y propugnaban cambios en la sociedad francesa, se ubicaron a la izquierda del presidente de la Asamblea mientras que los que estaban a favor del veto, y que las cosas se mantengan como estaban, se ubicaron a la derecha.

Por ello, desde el punto de vista de la política, ser conservador es malo y parece que Macri lo sabe porque evita el rótulo. Así como ciertos gobiernos se autodenominan “progresistas”, él prefiere llamarse “desarrollista”.

Planteadas así las cosas, parecería que existen marcadas diferencias entre conservadores y progresistas y que, efectivamente, la derecha política es la antípoda de la izquierda política.

Las diferencias se notaron más durante las dictaduras, cuando sabíamos que el gobierno militar era conservador y de derecha y la oposición, generalmente clandestina o en el destierro, era progresista y de izquierda. En esos tiempos, una minoría vivía bien, convencida de que cumplía una tarea divina, una misión del mismísimo Dios al que combatían esos rojos y ateos de la oposición. La mayoría vivía mal pero no podía quejarse porque su derecho al reclamo estaba conculcado, al igual que los demás derechos, mientras que la prensa estaba silenciada o con censores que cuidaban que se informe solo lo que le convenía al gobierno.

Vivíamos con miedo y el recuerdo que tenemos de esos años es el del ardor en las entrañas y el salobre de la sangre en la boca. El gobierno era la derecha y la oposición era la izquierda.

Sí. Hay diferencias pero estas desaparecen cuando los gobiernos van más allá de lo permitido y los extremos se unen.

Un extremo es, por ejemplo, vulnerar la Constitución de un país ya que esa es la base de su institucionalidad. Otro extremo es la intolerancia con los que piensan diferente, lo que mueve al intolerante a silenciar a la prensa. Permanecer en el poder más tiempo del debido también es un extremo.

Cuando un gobierno incurre en esos extremos, ya no puede considerarse conservador o progresista, de izquierda o de derecha. Está violando el pacto social y punto. Lo demás es teoría.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

La noticia ya está resfriada pero, como algunos ya hablan de una “nueva oposición”, la presentación de un grupo de personas que anunciaron que harán campaña por el “no” sigue vigente.

El grupo está conformado por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, otros políticos y la periodista Amalia Pando. Su característica es que la mayoría estuvo vinculada de una u otra manera al MAS, por lo menos en su primer periodo de gobierno, así que, por mucho esfuerzo que haga el oficialismo en desacreditarlos, no se les puede tildar de “derechistas”.

Sus acciones nos darán indicios de cómo actuará el grupo en su campaña así que yo me concentro en la presentación, que es la que motivó este artículo.

Los reportes dan cuenta que la presentación se hizo en el día, en horario de oficina, y ahí salta la observación a Revilla. Yo no soy elector de La Paz pero no me parece ético que un servidor público, cuyo sueldo es pagado con el dinero de todos, tenga que emplear sus horas de trabajo en actividades políticas que no están directamente relacionadas con sus deberes. Así sea a riesgo de no haber tenido suficiente prensa, la presentación debió haberse hecho en otro horario.

El otro detalle es la participación de Amalia Pando. Luego de haber hecho noticia con su alejamiento de Erbol, la periodista prefirió mostrar sus intenciones y anunciar a su público que haría campaña por el “no”. Hasta ahí vamos bien porque es preferible un periodista que te avisa cuál es su posición respecto a un hecho que el que no te avisa pero actúa en consecuencia.

El problema es que Amalia no solo avisó sino que apareció públicamente junto a otros políticos. Surge, entonces, la pregunta de si cruzó la línea o no.

Como cualquier ser humano, el periodista tiene posición política pero, a la hora de ejercer su trabajo, debe mantenerse en el papel del observador que recoge los datos para transmitirlos al público. Por ello, no es concebible que el periodista asuma posición de respaldo a ningún gobierno; es decir, que se convierta en oficialista, pero tampoco lo es que asuma el papel de opositor.

Es cierto que el periodismo tiene otras funciones como, por ejemplo, la interpretación de los hechos y la orientación al público pero estas no deben confundirse con el proselitismo.

En la misma situación están los medios estatales, aquellos que funcionan con recursos públicos. Lo correcto es que informen, como cualquier otro medio, pero, si se convierten en amplificadores del discurso gubernamental, no están trabajando para la gente, que es la que paga sus insumos y los salarios del personal, sino para quienes ejercen el poder y eso no es periodismo sino propaganda.

Y así como no se puede trabajar con el gobierno, ni reproducir su discurso en la línea que él quiere, tampoco se puede utilizar los medios privados para hacer labor opositora. Se puede informar, interpretar, educar, orientar a la opinión pública y fiscalizar la administración del Estado sin necesidad de realizar labor de oposición porque esa no es tarea de los periodistas sino de los partidos opositores.

Se puede trasponer la línea y convertirse en oficialista u opositor pero debe quedar en claro que, al hacerlo, se deja de hacer periodismo y se pasa al proselitismo.

Ahora ya sabemos que Amalia Pando hará campaña por el “no”. Resta conocer si lo hará ejerciendo su derecho ciudadano o apelando al periodismo. Si usa el periodismo para su campaña, ya no está ejerciendo su derecho sino el de todos, el del público que tiene derecho a recibir información sin contaminación alguna.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Una verdad de Perogrullo, no muy difundida actualmente, es que Bolivia no hubiera existido sin Potosí.

La riqueza de su portentoso Cerro Rico determinó la creación de una unidad judicial y administrativa como fue la Audiencia de Charcas que, en 1825, fue la base para lo que hoy es nuestro país.

Existen otras razones más que sustentan esa afirmación pero estas fueron suficientemente repetidas en el pasado y por mejores plumas.

Lo que cuenta, hoy en día, es que, tras 190 años de vida independiente, el país ha progresado poco y Potosí casi nada.

Si se toma en cuenta que fueron su plata, primero, y su estaño, después, los que sustentaron al país en sus primeros años, habría que convenir que Potosí es algo así como el hermano mayor de una familia pobre, aquel que deja de estudiar y se pone a trabajar desde joven para alimentar a sus hermanos y procurarles un futuro.

Hoy, cuando se lo ve tan pobre, mientras otros Departamentos prosperan, Potosí se parece, efectivamente, a ese hermano mayor que se quedó viviendo en la miseria mientras los hermanos por los que trabajó obtenían una profesión y oficio con los cuales pueden procurarse un sustento.

El destino de Potosí es ese y no cambiará si sus hermanos no lo entienden. La única ventaja de ser el hermano mayor es que, además de sostener a la familia, tiene la suficiente autoridad como para guiarla.

Ocurrió en el pasado, cuando sus minerales podían satisfacer hasta las necesidades ajenas y en los primeros años de la República, cuando hasta los sueldos de los prefectos eran pagados con plata potosina.

Ahora, cuando el país está frente a una encrucijada, ante la posibilidad de que la Constitución se modifique para satisfacer las ansias de prorroguismo de la élite gobernante, el hermano mayor ha reaccionado como lo haría frente a un padrastro abusivo que golpea a su madre y a sus hermanos.

Ya se enfrentó al abusivo dos veces, una en 2010 y otra más recientemente, cuando un paro de 27 días dejó claro el mensaje de que no se toleraría más abusos.

Es cierto… su reacción fue regional, porque lo hizo por razones regionales y no precisamente pensando en el país, pero lo que cuenta son los efectos de aquella rebelión porque marcaron un antes y un después de lo que había sido la relación del MAS con la Villa Imperial. El 2005 fue el quiebre y 2015 la confirmación de que por lo menos una de las diez ciudades más importantes del país no estaba dispuesta a seguir tolerando incongruencias como construir aeropuertos en el Chapare cuando ese tipo de infraestructuras son más necesarias en lugares con vocación turística como Potosí.

Tan fuerte fue el último choque que el martes, cuando se recordó su efeméride departamental, sus hermanos menores reconocieron su rebeldía y hasta plasmaron ese reconocimiento en suplementos especiales impresos por algunos de los diarios bolivianos.

Sí. Potosí es pobre pero digno. Y, si la dignidad no se come, puede servir para hacerla tragar a los abusivos y procurarles un atragantamiento.

Ahora Potosí se apresta a lanzar un mensaje todavía más claro el 21 de febrero. Ese día, el hermano mayor dirá “no” a los abusos y, antes de hacerlo, espera que sus hermanos sigan su ejemplo.  

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Un día mi hija mayor me preguntó si existía Papá Noel. Le dije que sí y escribí un artículo en el que afirmaba que Papá Noel era el amor que los padres sentimos por nuestros hijos. Otro día le dije a mi hija menor que Papá Noel no solo existía sino que yo era amigo de él. 

Hace unos días, apenas unos cuantos, la hija de Papá Noel, Giovanna Cortés, me dijo que mi amigo estaba enfermo, muy enfermo, y que lo habían operado unas tres veces. Me dijo que mi amigo Papá Noel quería hablar conmigo. Le respondí que estaba interesado y podía llamarle pero ella me pidió que no porque su papá estaba en terapia intensiva. Me dijo que sería él quien me llamaría.

Yo sé lo despiadada que es la muerte pero jamás se me pasó por la cabeza que Papá Noel podía morir, quizás porque todavía hay niños que creen en Papá Noel y el niño que alguna vez fui cree que Papá Noel es inmortal.

Sí. Papá Noel existe porque es el amor que los padres sentimos por nuestros hijos.

Y los potosinos tuvimos la dicha de tener a Papá Noel en nuestra tierra. Se llamaba Ángel David Cortés Villegas. Era maestro y sindicalista. De tamaño regular, cabello y barba más o menos largos. Regordete. Cabello y barba se tiñeron de blanco demasiado temprano y, de un día para el otro, Papá Noel se encarnó en él. Y la gente lo notó y se lo dijo. Primero no le gustó. Después le fascinó, tanto que, cuando llegaba la Navidad, se vestía como el San Nicolás de las fábulas navideñas e iba a la Plaza 10 de Noviembre a compartir con los niños y tomarse fotos con ellos. De la plaza pasó al Parque Potoquito, donde estuvo por última vez, todavía en condición de diputado uninominal.

Ángel David Cortés Villegas fue muchas cosas: maestro, sindicalista, director del Óscar Alfaro, dirigente del magisterio, oficial mayor de cultura y diputado. Como todo ser humano, tuvo facetas positivas y negativas. Tuvo aciertos y tuvo errores como tú, como yo, como todos. Pero hay gente que no entiende eso y, cuando difundí la noticia de su fallecimiento en las redes no faltó un desgraciado que se alegró porque, según su pútrido razonamiento, el país se estaba librando de un traficante de la política. Estúpido. Estúpido, cruel e inhumano. Nadie puede alegrarse de la muerte de un ser humano, por mucho que ese ser humano no haya sido un buen ser humano. Nadie puede alegrarse de la muerte de un ser humano y menos de un ser humano en el que se encarnó Papá Noel.  

Hoy, cuando los potosinos confirmamos que esta Navidad no tendremos al Papá Noel de carne y hueso en la Plaza 10 de Noviembre ni en el Parque Potoquito, no recordamos al maestro ni al sindicalista, al director, al oficial mayor ni al diputado. Recordamos a Papá Noel, a nuestro Papá Noel, al Papá Noel potosino, al que se vestía de rojo y blanco y lucía la gorra con punta larga, al que posaba en los trineos y compartía con los niños en los días previos a la Navidad. Lo recordamos con cariño y con la dolorosa nostalgia del que sabe que ya no volverá a tener algo. 

Adiós, Papá Noel. Salúdame a Jesús. Dile que no se olvide de nosotros, los potosinos, aquellos a los que olvidó y desprecia el gobierno de Evo Morales y que ahora, además, se quedaron sin su Papá Noel...

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Trucho es un adjetivo coloquial que el Diccionario de la Real Academia Española incluye como “falso, fraudulento”. Se lo usa ahora en Chuquisaca para referirse a su gobernador, Esteban Urquizu, del MAS, que ganó ese cargo en primera vuelta gracias a una sospechosa resolución de su Tribunal Departamental Electoral (TDE).

El triunfo de Urquizu no fue legítimo. Días antes de las elecciones subnacionales, el candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Adrián Valeriano, renunció a su postulación y el TDE dejó en entredicho el destino de sus votos. Solo después de los comicios, el TDE de Chuquisaca hizo conocer una resolución que señalaba que los votos para el FRI se sumarían a los nulos y, así, subió el porcentaje del candidato masista posibilitando su triunfo.

El asunto es tan oscuro que el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió suspender temporalmente a los vocales de Chuquisaca con el fin de investigar lo sucedido. Los resultados de la investigación no cambiarán el efecto de la resolución cuestionada por el principio de preclusión; es decir, la proclamación de Urquizu como gobernador es irrevisable y debe surtir efecto.

La suspensión de los vocales, con goce de haberes, refrescó la herida en Chuquisaca y dio lugar a que algunos periodistas insistieran en la ilegalidad de la elección. Fue cuando comenzó a usarse el adjetivo coloquial para referirse a Urquizu que, sin poder soportarlo, reaccionó atacando a los periodistas que más insistían sobre el tema.

Fue una típica reacción masista: victimización y ataque. El gobernador trucho se declaró víctima de discriminación, “porque usa abarcas”, y acusó a los periodistas de ejercer el papel de jefes de campaña de la derecha.

Lo de la discriminación es un argumento tan desgastado que ya solo se lo creen los masistas. No cabe en este caso porque el perjudicado con la resolución ilegal es otro ciudadano que usa abarcas, Damián Condori, cuya votación, si no mediaba el TDE, hubiera dado lugar a una segunda vuelta.

Con el balotaje, Chuquisaca hubiera vuelto a las urnas y habría decidido, en justa contienda, quién era su gobernador no solo de manera legal sino también legítima.

Si tan seguro estaba de su respaldo, Urquizu debió promover la segunda vuelta. Su error más grande fue optar por lo seguro, la victoria ilegítima, y ahora debe aceptar la verdad de Perogrullo de que es un gobernador trucho.

El destino de la investigación es incierto. La posibilidad de que el TSE termine exculpando a los vocales es muy grande pero la suspensión fue suficiente para que gran parte del país le ponga más atención a lo sucedido en Chuquisaca.

Si Urquizu no hubiera despotricado contra los periodistas que le dijeron trucho, este artículo no se habría escrito. En lugar de sacudirse las sospechas, lo que hizo el gobernador trucho fue motivar a que le pusiéramos lupa a su elección. Segundo gran error. Si el aludido no tiene por lo menos un asesor que le aconseje no equivocarse tanto, es hora de que contrate uno, a ver si, con algunas sanas recomendaciones, deja de victimizarse y atacar. Si no quiere asesores, que lea lo que escribió Rafael Puente y se quede calladito. 

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

El crédito chino duplica la deuda externa boliviana pero el gobierno la considera “manejable”. En nueve años al mando del Estado, la actual administración ha elevado el monto de la deuda de 1.831 millones a 9.434 millones de dólares. Como consecuencia de esos movimientos financieros, cada boliviano debe 900 dólares a diferentes acreedores. Como cualquier ama de casa sabe, aumentar una deuda es hacerse más dependiente y una persona que es dependiente no puede considerarse soberana. Deuda externa y soberanía… ¿no es un buen tema de debate?

La demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia ha congelado los otros 12 temas que Bolivia y Chile incorporaron, de mutuo acuerdo, en su agenda bilateral. Uno de los 13 puntos pendientes es el uso de las aguas del Silala. Cada día, 50 millones de litros de agua se van a Chile donde son vendidos por una empresa privada a la población civil y las mineras del norte de ese país. Según un último cálculo del gobierno, Chile le debería a Bolivia entre 8.000 a 10.000 millones de dólares por el uso de esas aguas… ¿no es un buen tema de debate?

En un lapso de cinco años, Potosí le hizo dos huelgas al gobierno de Evo Morales, una de 19 y otra, la última, de 27 días. La movilización potosina es por un pliego petitorio que incluye la construcción de un nuevo aeropuerto. El gobierno ha rechazado de plano el pedido argumentando que no se justifica. Hace solo unos días, ese mismo gobierno inauguró un moderno aeropuerto en Chimoré, en pleno territorio cocalero, cuyo costo asciende a 36 millones de dólares. ¿Se justifica ese gasto?... ¿no es un buen tema de debate?

El Tribunal Supremo Electoral ha suspendido de sus funciones a cinco vocales del tribunal departamental de Chuquisaca por su responsabilidad en la anulación de los votos de un frente opositor que posibilitó la elección del gobernador Esteban Urquizu, actualmente en funciones. Dado el alto nivel del cargo que estaba en juego, la sanción confirma que en ese Departamento se cometió el más escandaloso fraude electoral de los últimos tiempos. ¿No es un buen tema de debate?

El 21 de febrero de 2016 los bolivianos volveremos a las urnas, esta vez para responder si queremos que se modifique o no la Constitución con el fin de posibilitar una nueva postulación del presidente Evo Morales. La redacción de la pregunta es, por decir menos, poco clara y actualmente está en manos del Tribunal Constitucional. Evo Morales ya lleva nueve años continuos en el poder y todavía le quedan cuatro por delante. ¿Realmente debemos votar por otros cinco adicionales?.. ¿No es este otro buen tema de debate?

Como se ve, en el país hay muchos temas sobre los cuales discutir y varios son decisivos para nuestro destino común, aquel que tenemos como un conglomerado de personas, como una sociedad política y jurídicamente organizada. ¿Les dedicaremos a esos asuntos el mismo tiempo y pasión empleados para debatir sobre el destino del reinado del carnaval cruceño?

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

El éxito obtenido, hasta ahora, en la Corte Internacional de Justicia con la demanda marítima ha puesto de moda a dos expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.

Además de expresidentes, ambos son reconocidos profesionales en sus respectivas áreas y eso es lo que destaca la gente pensante. Tan bien cayeron que hasta se hicieron gráficas con sus fotografías proponiéndolos para presidente y vicepresidente.

Déjeme explicarle las razones que tengo para no estar de acuerdo:

Rodríguez Veltzé tiene un excelente perfil, especialmente en su natal Cochabamba, pero muchos parecen haber olvidado cómo fue que llegó a la presidencia de la República. Era ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando renunció su presidente, Armando Villafuerte, y se desató una pugna por la sucesión. En virtud a la última parte del artículo 53 de la Ley de Organización Judicial de entonces, quien debía sucederlo en el cargo era el decano, Kenny Prieto. Pese a ello, Rodríguez fue elegido presidente interino de la CSJ violando por lo menos tres normas como se denunció, en su momento, en el Consejo de la Judicatura.

Cuando se produjo la ilegal elección, el diario El Potosí alertó que lo que en realidad se jugaba no era la presidencia de la corte sino de la República. La advertencia se hizo realidad cuando Carlos Mesa renunció a la primera magistratura del país y, tras los desistimientos del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, y de Diputados, Mario Cossío, Eduardo Rodríguez asumió el mando de la nación. Aunque se intentó legalizar la elección en la CSJ, el mandato de Rodríguez nació nulo y eso pone en entredicho sus actos como presidente de la República.

Mesa sucedió a Sánchez de Lozada tras la guerra del gas. Aunque fue un excelente gobernante, no logró completar su mandato porque no tenía —ni tiene— un aparato político que lo sustente en el poder.

A mi juicio, Carlos Mesa fue quien inició la actual pugna por el acceso soberano al mar ya que rompió relaciones con Chile y declaró públicamente sus intenciones de pelear por nuestra más que centenaria reivindicación. La prueba está en aquella fotografía en la que se lo ve con una chalina del tinku colgando de su cuello y con el mar a sus espaldas. Fueron los tiempos en los que dijo que “ni una molécula de gas” sería vendida a Chile.

La diferencia entre ambos se hizo evidente en los últimos días. Cuando lo entrevistaron en Chile, Mesa no solo dejó bien parado al país sino que declinó comentar sobre los intentos de una nueva reelección del presidente Evo Morales. Dijo que no hablaría de temas de política interna de Bolivia estando en Chile. Cuando volvió al país, declaró que no estaba de acuerdo con la “repostulación”. A Rodríguez le preguntaron lo mismo y él prefirió guardar silencio.

Mesa fue un buen presidente y lo más probable es que volvería a serlo. Lamentablemente, no solo no tiene el suficiente respaldo partidario sino que no es un hombre para estos tiempos.

Paciencia. Parece que cada pueblo tiene, no más, los gobernantes que se merece.

(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.