En los últimos días se registró una sobredemanda de este carburante en La Paz y otras regiones del país; sin embargo, YPFB asegura que cumple con los despachos desde planta hacia los puntos de distribución para su comercialización.
La tarde de este lunes, el Gobierno nacional convocó a los diferentes órganos del Estado y representantes de organizaciones políticas a un “Encuentro por la estabilidad y la democracia”, rumbo a las elecciones generales de agosto de 2025, que se realizará este 18 de marzo a las 09:00 en la Casa Grande del Pueblo en La Paz.
Varios sectores, aglutinados en el denominado Comité Multisectorial, expresaron su rechazo a este control y demandaron la anulación de la disposición. Con ese objetivo, este lunes anunciaron su decisisón de postergar su marcha en rechazo a la norma para el 24 de marzo.
Bolívar, el vigente campeón boliviano, que busca festejar su centenario con su primera Libertadores, se enfrentará a un viejo conocido, además de una potencia brasileña y un siempre impredecible equipo peruano.
“La Sala Plena del TSE aprobó mi asistencia al encuentro convocado públicamente por la Ministra de la Presidencia, para que represente al Órgano Electoral Plurinacional, con el objetivo de reiterar las necesidades institucionales que tiene el organismo electoral para el normal desarrollo de las elecciones generales que se realizarán en agosto de este año” precisó Oscar Hassenteufel.
“Si estos órganos no hacen caso a las necesidades o no solucionan las necesidades de los ciudadanos bolivianos, pues tendremos que acudir y tomar la Asamblea Legislativa, como ya ha mencionado el presidente del MAS (Grover García)”, advirtió el dirigente intercultural Vidal Gómez.
El fin de semana, el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado, había asegurado que los coperativistas mineros y agroindustriales, sectores que consumen más de 5.000 litros de diésel, habían aceptado pagar por el combustible a precio internacional.
El acuerdo entre la Alcaldía de La Paz y la Federación Departamental de Transporte Libre y la Federación de Transporte Urbano “Chuquiago Marka” establece que el sector del transporte tiene tres meses para implementar el GPS en todas sus unidades.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, aseguró que la decisión del TCP “es un acto de defensa y respeto de los derechos a la actividad económica y propiedad privada” y reiteró que la disposición séptima de la Ley del PGE 2025 “genera un clima de alta inseguridad jurídica para la inversión privada”.
"el diálogo que pretende no es para salvar Bolivia, sino para salvarse él, pidiendo más créditos para que sus ministros y su entorno sigan despilfarrando y generando corrupción”, señaló Camacho a través de sus cuentas en las redes socialES.
