El Gobierno nacional acatará la decisión asumida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de suspender provionalmente la aplicación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 1613 que, según las autoridades, busca luchar contra el agio y la especulación pero que según sectores económicos es “confiscatoria”.

La postura fue fijada por el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, luego de hacerse pública la decisión del TCP de admitir una demanda de inconstitucionalidad en contra de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025.

“No hemos sido notificados oficialmente, pero como Gobierno que respeta la Constitución y las resoluciones de los demás Órganos del Estado, por supuesto que tendremos que acatar. Todavía no sabemos qué es lo que ha resuelto, entiendo que debe ser respecto a la admisión del amparo o el recurso que han presentado las personas que están interesadas sobre este tema”, explicó en declaraciones a la prensa.

Fue el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca el que demandó la inconstitucionalidad de los parágrafos I y II de la Disposición Adicional Séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2025 -Ley 1613 de 1 enero de 2025.

La disposición establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos".

Varios sectores, aglutinados en el denominado Comité Multisectorial, expresaron su rechazo a este control y demandaron la anulación de la disposición. Con ese objetivo, anunciaron para el 7 de marzo una marcha desde Patacamaya hasta La Paz, a partir del 18 de marzo; no obstante, en esta jornada, sus dirigentes decidieron postergar el inicio de la medida para el 24 de marzo y ya no desde Patacamaya, sino desde un punto más cercado a La Paz: la Apacheta.

De inicio, Silva calificó de política la movilización y señaló que sus impulsores “se han acobardado de marchar de Patacamaya a La Paz”, porque “les ha asustado la distancia, el frío y las consecuencias que podría tener una marcha de estas características, especialmente para los gorditos que no están acostumbrados a caminar, a marchar, y lógicamente esto ha provocado que retrocedan”.

“Veremos ahora quiénes marchan, ¿no?, quiénes marchan y hasta dónde marchan, y vamos a ver, seguramente, que la agenda de estas personas es simplemente política”, insistió.

Según el viceministro, “por más que se deje sin efecto la disposición séptima de la Ley Financial “ellos van a seguir insistiendo en realizar actividades estrictamente políticas”

El Comité Multisectorial argumentó que a su exigencia sumaron otras demandas, como su rechazo a los contratos por el litio, el abastecimiento de diésel, dotación de dólares y los precios de la canasta familiar.

Con todo, Silva anticipó que la marcha de este Comité Multisectorial “no va a lograr absolutamente nada” más que empeorar el contexto nacional.