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Nada resulta más frustrante para un economista, que se le pregunte ¿hasta cuándo se va a mantener el dólar sin cambios? Algunos vienen pronosticando por años una inminente devaluación/depreciación del Boliviano y otros reniegan porque eso no se da (pero no lo dicen en público). Lo cierto es que ningún economista podría aseverar hasta cuándo se mantendrá el dólar en su nivel (que data de noviembre del 2011); ni siquiera los economistas del gobierno podrían asegurar cuánto más seguirá sin cambios porque eso depende de varios factores.

Recuerdo que estando en funciones el ex Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, alguien dijo: el tipo de cambio no cambia, mientras no cambie el tipo. Sin embargo, pese a que el destino quiso que hoy tengamos otro Ministro -en un contexto muy diferente al del auge- nada cambió y tal parece que no cambiará mientras haya suficientes dólares en el país, a costa del sacrificio de las Reservas Internacionales Netas (RIN) así como del sector exportador no tradicional que, con la subida de costos, disminuye su competitividad dándose la consecuente pérdida de mercados y empleos. Basta ver las estadísticas para apreciar cómo en varios rubros donde antes éramos superavitarios hemos pasado a ser deficitarios, a importar cada vez más lo que antes hasta exportábamos (textiles, maderas, calzados, alimentos).

Pero ¿qué es el tipo de cambio? Es un macroprecio de la economía, el más importante para mí, pues de su buen manejo depende la estabilidad económica así como la inversión para producir y exportar más bienes y servicios.

El tipo de cambio refleja la relación entre la moneda local y la principal divisa del comercio internacional, el dólar estadounidense. Cuando el dólar sube en un país, éste gana competitividad (así sea espuria) pues el dólar puede comprar más desde el exterior en la moneda local (tipo de cambio alto).

Este es el caso de China, que sistemáticamente ha mantenido la debilidad del Yuan frente al dólar como un medio para llegar a convertirse en pocas décadas en el primer exportador del mundo y en la segunda potencia económica del planeta.

A contramarcha, Bolivia está empecinada en bolivianizar su economía, con un dólar débil y un Boliviano fuerte -abaratando la importación, encareciendo la exportación- tornando al comercio exterior tan deficitario, que en los últimos 3 años se comió 3.500 millones de dólares de las RIN (de no ser por las remesas desde el exterior, la caída hubiera superado los 7.000 millones).

Hace días atrás, la ciudadanía, especialmente chuquisaqueña quedó consternada por la violación de una niña de 9 años con Síndrome de Down por un sujeto, incluso alguna funcionaria llegó a decir que su agresor le había cortado la lengua para que no hablará (aunque luego fue desmentida). La Policía presentó al supuesto agresor, el Ministerio Público lo imputó (violación agravada), apareció el Ministerio de Justicia sumándose a la denuncia del hecho y, por supuesto, una Juez Cautelar resolvió su detención preventiva. Hasta ahí, todo parecía transcurrir como otro caso más, rumbo a la condena, después de varios años.

Empero, esa natural indignación fue superada por una sorpresiva noticia: el pasado viernes, la misma Policía que había presentado al anterior “culpable”, tuvo que –afortunadamente- recular y zas!!! presentó a otra persona, esta vez –en serio, dice- el verdadero autor de ese execrable hecho. Cuando escribo esta columna, los chismosos del Facebook informan que el primer “culpable” acaba de ser liberado, aunque estuvo –injustamente detenido en San Roque- por aproximadamente, 14 días. ¿Le habrán pedido, siquiera, disculpas?

Pues bien, no pretendo hacer leña del árbol caído (en realidad, se trata de varias de sus ramas: policía, fiscalía y judicatura, que le metieron no mas), empero lo acaecido trae a colación indagar (nos) ¿Cuántas personas estarán en similar o peor situación? ¿Nuestro sistema de administración de justicia, fundamentalmente penal, tiene la suficiente confiabilidad e independencia para evitar casos como ese o aún peores?

Adviertan que por su naturaleza, la justicia penal es la más fea de la película, puesto que aunque afortunadamente en Bolivia, por lo menos formalmente, no existe pena de muerte, el que te tenga así sea una noche detenido en una cárcel, de forma injusta e indebida e incluso desproporcionada (como usualmente ocurre), es por supuesto, una gravísima violación de DDHH y una grave irresponsabilidad estatal.

Convengo con algun@s, que en este caso como en otros parecidos, por su naturaleza, existe una presión nada despreciable del entorno (la víctima, sus defensores, los medios, etc) que pone en una situación muy difícil a los operadores de justicia, a quienes se les exige “resultados inmediatos” que se traducen en dar inmediatamente con el autor y claro, luego del escarnio público (ante los medios), cautelarlo.

La Comisión Interamericana en el “Caso García Fajardo y otros Vs. Nicaragua” enseña que se está ante un error judicial: “cuando a través de 1) un fraude, 2) negligencia, o 3) conocimiento o comprensión errónea de los hechos, una decisión judicial no refleja la realidad y puede ser entendida como injusta”. En el que nos ocupa, estamos ante una cadena de errores de operadores del sistema que, debiera proceder con base a pesos y contrapesos: la policía debe ser controlada por la fiscalía y ambos por el juez e incluso entre todas las partes, mediante el sistema impugnaticio, pero todo indica que aquí, todos fallaron ¿Por qué? ¿Será que pesa más la naturaleza repudiable del hecho por encima de lo racional, de lo justo o de lo legal? ¿Hubiéramos aprobado la decisión del juez si no hubiera cautelado al primer imputado? ¿Será que el sistema se acostumbró a tratar a las personas como un número de FIS o NUREJ no más? Y conste que, estoy consciente que es fácil afirmar que el puente se iba a romper después que lo cruzas y se rompe.

Aprovecho aquí para llamar la atención que existen muchos otros casos, con imputación, detención, acusación, condena y todo, (por ejemplo piensen en el caso 24 de mayo) en los que esa injusticia no obedece a esos “errores”, sino a que algunos operadores, especialmente altos cargos u operadores de cierre del sistema, que DEBEN subsanarlos, han hecho de su acceso al sistema y su supervivencia, un cruel ejercicio sistemático de injusticia, usualmente por el pago de las facturas por su inmeritorio nombramiento (en Chuquisaca, tenemos Vocales que se aplazaron en su examen, fueron descalificados u ocuparon los últimos puestos y ejercen el cargo), mediocridad, athawaterio o las más viles de las sumisiones, al poder partidario u otros; esa según ellos, es la única forma de ser algo en la vida: “Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer injusticias.”, escribió VOLTAIRE

¿Qué pasaría si su hijo, hermano, madre o Ud. mismo cayera en manos de un vendedor inescrupuloso de un medicamento falsificado, adulterado, caducado o trucho, que se lo compra esperando mejorar la salud pero resulta que ocurre lo contrario, pudiendo sobrevenir hasta la muerte?

Siendo que la salud no tiene precio, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con un alto sentido de responsabilidad social, editó el libro “El Negocio de la Muerte: Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, para reflejar la problemática de la venta no controlada de medicamentos que -más allá del daño económico al Estado por la evasión fiscal- afrenta a la vida misma.

Cuando uno escucha una frase tan fuerte como “El Negocio de la Muerte”, lo primero que se le viene a la mente es que tendría que ver con el narcotráfico, secuestro de personas, tráfico de armas, sicariato, tráfico de órganos, etc. Sin embargo, hay otro negocio que puede ser catalogado como tal: la venta de medicamentos falsificados, adulterados, caducados o contrabandeados que, aprovechándose de la ignorancia o necesidad, afecta a la vida de las personas.

De eso trata el estudio encarado por el reconocido economista Gonzalo Vidaurre Andrade, presentado por la CEPB e IBCE en formato de libro en un exitoso Foro realizado en el Real Plaza Hotel & Convention Center, en La Paz, el 4 de julio de 2018. Cerca de 350 personas fueron a escuchar la presentación que demandó ocho meses de trabajo realizando más de 1.000 encuestas en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; varios grupos focales; entrevistas con autoridades nacionales y actores relevantes de la oferta (laboratorios, profesionales médicos, bioquímicos y farmacéuticos, importadores y distribuidores legalmente establecidos) así como, de la demanda (consumidores).

La conclusión de la investigación es que si bien las autoridades hacen lo que pueden para combatir el contrabando (la Aduana Nacional incautó 30 toneladas de medicamentos el 2017) y el ente regulador (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED) fiscaliza a la industria y comercio farmacéutico legalmente establecidos para cumplir la ley, hay un capítulo pendiente…

Concienciar a la ciudadanía de que comprar medicamentos no garantizados puede hacer que el remedio resulte peor que la enfermedad y empoderarla tecnológicamente para que verifique en tiempo real su legalidad, es urgente de realizar. El estudio elaborado apunta a ello y puede ser descargado desde aquí: www.ibce.org.bo 

Hablar de nacionalismo en un mundo en el que la globalización no solamente ha impuesto su ley sino también su tiranía, puede parecer hoy una locura.

Hablar de razas es hoy un sinsentido, porque ninguna sangre posee mejores genes que otras. Dejemos el fascismo para los que aún discuten la superioridad de unas razas, para quienes viven en un mundo no solo alejado de éste en el que vivimos sino además de fantasía (como viven los que creen en la religión de Marx) y para los que piensan que los militares en el poder son la misma bendición de Dios hecha realidad.

Pero, si no de fascismo, sí podemos todavía hablar de las potencialidades que el suelo ha provisto a sus moradores, para que éstos sean los que mejor aprovechen las virtudes que el medio puede dar a quienes trabajan sobre él. Eso es el nacionalismo, que no es determinismo social, aunque sí tiene algunas características físicas en común con éste.

El mundo de ahora da vueltas mucho más rápido que el de ayer y la economía y las comunicaciones hacen que parezca hoy imposible hablar de un nacionalismo practicable, pero no es tan así. El debate se presenta oportuno, dado que en el planeta la variable sociológica de los países se ha hecho casi inexplicable desde el punto de vista de los movimientos vinculados con la migración, cada vez más intensos. Alemania, con una Ángela Merkel en aprietos, está viviendo esta incertidumbre; los Estados Unidos, con un Trump celoso de una raza que es todo menos pura, viven el dilema; Bolivia, con un flujo de inmigrantes asiáticos que ponen en vilo el futuro de muchos bolivianos, siente el problema. Y no solamente estos países, sino muchos otros más.

El nacionalismo es como un proteccionismo, pero un proteccionismo de la raza; un proteccionismo no discriminatorio, sino favorable a la potencia de un pueblo unido a su suelo. Este proteccionismo no es un fin en sí mismo, como en cambio sí lo es para el fascismo.

El medio ha dotado al ser humano de un sistema de concepciones y fuerzas históricas que hacen que el hombre pueda desplegar todo su potencial y toda su creatividad solo en un determinado territorio, fuera del cual es incapaz de alcanzar plenitud material y espiritual, pero mucho menos material. No por nada un indio altiplánico no puede trabajar en las pampas occidentales igual que en las llanuras del oriente; no por casualidad los prusianos no pudieron penetrar la Rusia invernal como lo hubiese hecho descalzo un siberiano; no por nada un carioca en el Tíbet es un donnadie. Esta insuficiencia no está relacionada tanto con el intelecto cuanto con las capacidades físicas del cuerpo. Por tanto, la migración puede afectar la producción material de un Estado cuando aquélla no está bien regulada por las leyes. En conclusión, sí existe un determinismo físico que hace que los hombres estén hechos para rendir mejor en unos lugares que en otros.

El subsuelo de la tierra tiene vida, se llama nacionalismo; de ahí los grandiosos Estados-nación configurados por la Gran Guerra que, aunque violenta y macabra, fue fecunda en el ordenamiento de Europa.

Desde el comienzo de la era contemporánea, la sociedad vive conmovida por la eliminación de las clases sociales; las mejores impugnaciones están en las páginas de los socialistas científicos. Y en realidad, un buen pensador o intelectual siempre querrá que las clases sociales algún día desaparezcan, pero el nacionalismo es cosa muy diferente, y no supone, como se dijo, la creencia de que unos son más que otros, sino que pueden obrar mejor en unos lugares que en otros.

Un viejo determinismo rige inexorablemente, y a despecho de los poetas y abogados de una sociedad global, la vida y el desenvolvimiento de las sociedades humanas.

La historia del Derecho y principalmente, por su tremenda naturaleza, del Penal, nos enseña que fueron usados para fines non sanctos, principalmente por las dictaduras, al extremo que hace casi más de dos siglos atrás, el viejo CARRARA sentenció: “El Derecho Penal es una ciencia asquerosa que se limita a racionalizar el poder punitivo del estado para intentar justificarlo”. Y es que, como puede hasta “asesinar legalmente” (pena de muerte), su historia más negra da cuenta que paradójicamente, el “derecho” ha sido deformado para perpetrar los peores crímenes contra derechos y garantías de las personas. Piensen, por ejemplo en las atrocidades del derecho nazi (una vez más imploro leer “Los Juristas del Horror”, de Ingo Hoffman).

¿Y cómo andamos por la casa? Por supuesto que tenemos nuestros propios juristas del horror y en versión plurinacional, respondo, y a la prueba me remito: lo recién acontecido con el requerimiento acusatorio emitido por el Fiscal del régimen, prueba cómo el Derecho Penal ha quedado prostituido por el poder partidario, pues ya no sólo vulnera grosera e impunemente (por ahora) los derechos de los “enemigos” del régimen y encubre a los suyos, sus amigos, sino hasta el sentido común.

Una de las primeras preguntas que les hago a mis colegas cuando imparto posgrados en la materia, es: ¿Cuál será el principal instrumento de un penalista? Usualmente me responden inmediatamente que el CP, el CPP o la CPE y claro la CADH, a lo que les digo que no, que la primera herramienta del litigio estratégico en la materia es el calendario, pues cualquier hecho supuestamente criminal y su acción, tienen lapsos de vida jurídica, siendo absurdo perseguirlos cuando dejaron procesalmente de existir, es decir, prescribieron por el transcurso del tiempo desde su supuesta comisión, hasta el momento del inicio de su acción penal.

Tratándose del caso del ex Presidente Carlos D. Mesa, si bien no tengo acceso a los elementos probatorios que supongo habrán sido presentados por quienes formularon la denuncia, es elemental que como se pretende sea objeto de un proceso de responsabilidades dada su naturaleza de ex Presidente, basta recordar que su gestión fue entre octubre de 2003 y junio de 2005, por lo que de existir materia justiciable criminal en sus actos, estos se habrían producido necesariamente dentro de ese lapso y por tanto, estarían hoy 13 años después en 2018, irremediablemente prescritos, pues el mayor lapso de prescripción para los delitos más graves en Bolivia, es de 8 años a partir de su comisión. No aplican tesis de retroactividad o imprescriptibilidad, por haber sido introducidas posteriormente, sin que además puedan ser aplicadas en perjuicio.

En el caso concreto, como el Fiscal del régimen le acusa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la CPE y leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, ese lapso incluso podría ser más breve, por lo que como opiné ante varios medios nacionales, el requerimiento acusatorio del Lic. Guerrero, es sencillamente un absurdo jurídico y un monumental atropello, perpetrado nada más ni nada menos por quien –debiera- ser el principal garante de legalidad del estado.

Así como ocurre con la mayor parte de los MMPP latinoamericanos, el boliviano esta conceptualizado por la mismísima Constitución, por una parte como garante de legalidad que implica que su proceder está sometido a la CPE, los IIII y leyes y, por otra, está gobernado por su principio cardinal de objetividad: le obliga no sólo obtener los elementos probatorios que permitan ejercer la acción penal pública, sino también aquellos que permitan eximirla o disminuirla. Que el Fiscal del régimen ignore que los hechos que pretende perseguir atribuyéndoselos al actual kuku de su jefazo, el ex Presidente Mesa, están irremediablemente prescritos (haciéndose además del otro viernes con el dudoso proceder de sus cumpas de su partido) prueba hasta donde el derecho penal plurinacional ha quedado prostituido por juristas del horror que, aplicando la doctrina Morales, le meten no más por encima de cualquier norma jurídica y hasta el sentido común. A propósito, el dictador STALIN decía: “La llave del poder se encuentra en el derecho penal”.

Algunos voceros del régimen y sus adictos, comentan con supuesta satisfacción (no sé si forzada o verdadera) por ignorancia, angurria, demagogia o todo eso y mucho más, alguna información supuestamente adelantada por el Comisionado de la CIDH que estuvo de visita en parte del país, en sentido que esa instancia habría denegado las solicitudes de medidas cautelares sobre la vomitiva SCP 084/2017 y el respeto del 21F. Sostengo que nuevamente se están limpiando la boca, antes de comer.

Es importante diferenciar para empezar, que la Comisión es un órgano diferente de la Corte IDH y, aunque ambas forman parte del Sistema Interamericano, la Comisión otorga medidas cautelares y/o solicita provisionales a la Corte IDH. Ninguna de esas resoluciones –aceptando o negando la medida- son definitivas, por ser accesorias y jamás ingresan al fondo del asunto.

En el caso de la Comisión IDH que es lo que diversas personas y colectivos solicitaron, su Reglamento (art. 25), obliga considerar: a) la “gravedad de la situación”, que significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano; b) la “urgencia de la situación” determinada por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y c) el “daño irreparable” que significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

De hecho y, para ello bastará consultar el sitio oficial de la Comisión sobre el tema (disponible en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html) o el mejor detallado y actualizado documento oficial de la Corte (en www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/Sistematizacion.pdf), para advertir lo que quienes estamos vinculados con el Sistema sabemos, elementalmente: la tendencia jurisprudencial tanto la Comisión como la Corte, salvo poquísimas excepciones, consiste en otorgar esas medidas de naturaleza urgente, cuando está primordialmente en riesgo la vida y la integridad personal. Incluso, circula este chiste: la única manera que el SIDDHH otorgue una cautelar o provisional, es cuando te estás por morir.

Así que batir palmas plurinacionales por esa posible denegatoria, es una prueba MAS o de la ignorancia, demagogia u otras cosillas aún peores de sus emisores, desesperados por tratar de justificar lo injustificable: la SCP 084 no se sostiene ni desde el derecho ni sentido común y, más bien su emisión e irrazonable defensa está constituyéndose en el peor autogol que el régimen se ha infringido, demostrando –para los que aún tenían dudas- que esto está muy lejos de ser un estado sujeto al derecho y peor un régimen democrático, sino todo lo contrario: se trata de un régimen de fuerza –le mete no más- hace mucho tiempo degenerado en dictadura, para tratar de atornillarse al trono e intentar mantener su impunidad y alargar su decadencia.

Si realmente sus aplaudidores se han convertido, de pronto, en fieles devotos del Sistema Interamericano de DDHH –del que antes amenazaban con darse a la fuga-, debieran proceder con alguna coherencia y sobre todo, honestidad y, acudir –puesto que sensiblemente, sólo los estados pueden hacerlo desde lo interno- ante la Corte IDH y someter el principal argumento de su SCP 084 acerca del “derecho humano” de su jefazo Vs nuestros derechos políticos del art. 23 de la CADH, a una opinión consultiva, que es vinculante no sólo para el estado consultante, sino para todos aquellos que han ratificado su competencia consultiva: Bolivia. Si están tan seguros de la validez de aquel esperpento jurídico, pues que la sometan a esa opinión final, reitero, vinculante, en términos de compatibilidad de lo resuelto por el sistema interno, con los estándares interamericanos. Incluso, la oposición podría gestionar también ante otro estado amigo o insistir con los órganos legitimados externos para presentar esa Opinión Consultiva. “Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”. CONFUCIO

Una de las prácticas más frecuentes del régimen, populista hasta el tuétano y por ello, demagogo, consiste en recurrir al Derecho y, principalmente al Penal, como una suerte de fetiche, para vender a los ilusos, supuestas “soluciones” a todo tipo de problemas que no puede resolver. La misma nueva Constitución fue presentada en su momento como el inicio de un nuevo país, con un enorme contenido de múltiples derechos en favor del ciudadano, para luego inmediatamente ser vaciados de contenido, al extremo que hoy, esa pieza jurídica ha quedado convertida en un thanta papel mojado, hasta con la complicidad de su Tribunal paradójicamente obligado a ser su guardián y no su verdugo.

La máxima perversión de aquella corriente, denominada en la doctrina bajo el uso simbólico del derecho, se presenta con la más fea de la película (por sus efectos devastadores de las garantías ciudadanas) como es el Derecho Penal. Piensen por ejemplo en cómo se ha propagandeado la Ley 04 de “lucha contra la corrupción” como la panacea que iba resolver ese flagelo y, hoy, nadie en su sano juicio podrá afirmar que por lo menos ha menguado, sino todo lo contrario: está en apogeo. Lo propio de la Ley contra el racismo y la discriminación; basta soportar los cotidianos discursos de odio del Vice o del Presi, para advertir que esa ley no sirvió para nada, al menos tratándose de ellos, que juran están por encima del bien y el mal. La lista puede seguir, leyes contra la violencia de género, contra esto y contra lo otro, etc.

Y es que el Derecho no lo puede todo. Mi amigo penalista mexicano Moisés Hernández tiene escrita una deliciosa ponencia en la que nos explica que los penalistas sabemos muy poco del mundo, para pretender y poder arreglarlo y, el maestro Zaffaroni cuenta en sus distintas versiones, su cuento de la verdulera de la esquina, a propósito de las reales posibilidades del Derecho Penal, cuando a ella, le piden le venda leche, electrodomésticos u otros productos, debiendo decir no me pida esos, ya que yo sólo vendo verduras: el Derecho Penal, dice, debiera decir lo mismo. No me pidan seguridad ciudadana, no me pidan solucionar conflictos de todo tipo, yo sólo sirvo para proteger bienes jurídicos de relevancia de la sociedad, pero no puedo arreglar todos los conflictos que surgen en ella.

Un ejemplo reciente de aquella perversa práctica, para escoger por razones obvias el último, consiste en la inmediata detención preventiva de un servidor público de la UIF por el gravísimo “delito” de errar en el cálculo de las cuentas –publicadas- del Presidente. Entiendo que puso en dólares lo que era en bolivianos, lo que fue suficiente para que su Directora lo denunciara, un fiscal del régimen le descerrajará medio Código Penal y, lo que es peor, un juez abdicando su esencia de tercero imparcial, le metiera no más su inmediata detención en la cárcel. ¿Realmente el Derecho Penal es de última ratio aquí en el pluri? ¿No que la detención era la excepción y la regla la libertad? O será que todos esos versos normativos quedan absolutamente supeditados (léase olvidados) según la naturaleza de la supuesta víctima. Si se trata del estado o de quien lo encarna –su jefazo- no existe Constitución o ley que sirva y, por tanto, así sea por una nimiedad como aquella, ¡!!adentro!!! La cárcel espera a quien ose “afectar” los altos intereses del caudillo o de su estado.

El principio de lesividad que, debiera, teñir el Derecho Penal civilizado (si existe) para evitar su degradación, ocupándose de operías que no generan ningún daño a bienes jurídicos de relevancia, ha sido confinado al museo (supongo que al de Orinoca) por nuestros juristas del horror que, sea legislando o aplicando las normas, han convertido al Derecho en el extremo opuesto de su naturaleza y esencia. No protege al ciudadano, peor sus derechos y garantías y, sólo sirven como sus carniceros. Ingo MULLER en su célebre libro “Los Juristas del Horror” (que como siempre se los recomiendo), escribe: “Alemania sufrió horrores con “juristas” politizados, fanáticos convencidos y mentes primitivas, de que en un proceso revolucionario, como lo fue el nacional socialista alemán, la justicia se sometía a la voluntad del Führer, quien estaba por encima del bien y del mal”. ¿Vivimos algo parecido?...

Desde hace pocos días, circula en la red (disponible en www.dplf.org/es/resources/elecciones-judiciales-en-bolivia-aprendimos-la-leccion) el Estudio de la Fundación para el Debido Proceso: “Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección? preparado con base del trabajo de su consultor senior, el experto peruano en independencia judicial Luis Pasara y la consultoría realizada por la colega boliviana Soraya Santiago Salame.

Con el antecedente de un primer estudio realizado ya con motivo de la 1ª elección judicial en Bolivia (2011) cuyos resultados no fueron calificados como exitosos, el nuevo informe analiza si los cambios introducidos en el proceso electoral que culminó en las “elecciones” judiciales del 3 de diciembre de 2017, condujeron a resultados distintos de los antes alcanzados.

Recuérdese que para ésta nueva ocasión, se hicieron algunos cambios normativos para modificar el número de altos cargos, se cambió de circunscripción nacional a departamental la elección para el TCP, se amplió de 60 a 90 días el plazo de preselección, se flexibilizó la difusión de sus méritos y modificó la papeleta de sufragio; modificaciones cosméticas que desoyeron el clamor popular de cambiar el régimen para no repetir los desastrosos resultados. La principal “novedad” fue, finalmente, la participación de la Universidad boliviana en la preselección.

Con esas bases, el informe resalta tratándose del intento de incorporar a la universidad, que luego de los desacuerdos entre las distintas universidades, el oficialismo llevó a reforzar el control político (diría yo, partidario) sobre ella, ya que las preguntas preparadas por la U, terminaron sometidas a control “académico” por la Comisión Mixta de Constitución (obviamente controlada por el MAS) y corregidas, por sus miembros, con lo que obviamente, ese “novedoso” intento de cambio y mejora, sencillamente, fracasó.

Ya en la fase de selección de candidatos, destaca que los representantes del oficialismo, votaron en bloque por los candidatos que en definitiva, fueron seleccionados; prueba de ello es que la inefable Presidenta de los Diputados, denominó esa estrategia envolvente, como una decisión orgánica e incluso, de los finalmente seleccionados, la mayoría trabajó para el régimen, estando –fuera una estupidez negarlo- ligados al partido oficialista.

Comparando el orden de mérito de los postulantes con los así pre seleccionados, el informe resalta que cierto número de candidatos bien colocados por su puntaje, no fueron finalmente escogidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, en el caso de Chuquisaca un candidato que ocupó el 2º lugar en méritos, no fue seleccionado para ir a votación, poniendo su lugar a una candidata que ocupaba el 10º lugar y así sucesivamente. Concluye que, al momento de designar candidatos (en la ALP) se produjeron misteriosos “saltos” en el orden del puntaje logrado por algunos postulantes, que en algunos casos pareciera responder a incrementar la participación de mujeres, en otros no tienen la menor explicación… (ustedes la huelen…)

Sobre los espacios de presentación y difusión de candidatos, el informe anota que si bien la organización mejoró lo antes ocurrido, varios de los candidatos hicieron publicidad abierta en RRSS y otros medios. Los llamados a cumplir la ley, la violaron.

Finalmente (no tengo más espacio) una de las conclusiones principales del estudio, radica en que tratándose de la legitimidad de los nuevos Magistrados (recuérdese que eso vendió el régimen como fundamento para la elección): “…el resultado fue peor que el de 6 años atrás: la suma de votos en blanco 14,93% y nulos 50,9%, rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011”. Los votos emitidos por 1 o más candidatos, descendieron del 40,72% al 34,12%

A partir de considerar que ese mecanismo está previsto por la CPE, el desafío para la agenda boliviana de justicia es: ¿será razonable mantener ese mecanismo? o debemos encontrar uno mejor, que permita contar efectivamente con los mejores Magistrados, para que no se repita, por ejemplo, una SCP como la del “derecho humano de nuestro jefazo”. "Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él." Marco Tulio Cicerón

Hace poco escuché decir al Presidente Morales que no entendía cómo Bolivia había tardado tanto para entrar en “La era de los Biocombustibles”, luego que el 8 de marzo del 2018 fue autorizada desde el Órgano Ejecutivo la producción de bioetanol para ser utilizado como aditivo en la gasolina, una excelente noticia que el empresariado esperó por 10 años (la explicación para semejante demora fue el mal asesoramiento que por mucho tiempo recibió el Primer Mandatario).

Cierta vez dije que no era responsabilidad de un Presidente el saberlo todo, pero sí, el rodearse de especialistas en temas que son fundamentales para el desarrollo de un país, en aras de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

¡Cuánto pudo haber avanzado Bolivia si aquella autorización se hubiera dado desde inicios de su mandato, y cuánto más si se hubiera autorizado también la producción de biodiésel! Nos hubiéramos ahorrado varios miles de millones de dólares por la importación y subvención de gasolina y diésel fósil, Bolivia hubiera captado jugosas inversiones y -con seguridad- hubiéramos crecido más del 7% anual.

Lo importante es que ahora la visión entre el empresariado y el gobierno es coincidente en este campo, lo que está llevando a realizar ampliaciones en los cañaverales e ingenios sucroalcoholeros, con la generación de empleo.

Y es que, cuando a una visión correcta le sobreviene una acción también correcta, la consecuencia no puede ser otra, que la realización del sueño anhelado.

¿Quieren un ejemplo práctico? Desde hace no sé cuánto tiempo -ya perdí la memoria- los paceños soñaban con un teleférico que pudiera conectar la ciudad de La Paz con El Alto, esa era su visión, su esperanza. Pero no se hacía porque muchos decían que no se podía por la topografía; otros, por su alto costo; los menos visionarios, porque no tendría suficiente demanda. Pero todos se equivocaron, pues el sueño se hizo realidad y ahora la “Ciudad Maravillosa” va camino a convertirse en la capital con más teleféricos del mundo, pues a las 6 líneas ya construidas en un tiempo récord -roja, azul, amarilla, blanca, verde y naranja- se sumará la séptima línea -la celeste- el 16 de julio de 2018.

Cochabamba no se queda atrás: está en plena construcción su tren eléctrico metropolitano, aspiración de muchos años que beneficiará a varios municipios.

Por eso no me canso de soñar con la inminencia del Hub aéreo en Viru Viru y el pleno uso de la biotecnología en el agro para forjar la Bolivia digna y soberana que todos añoramos…

Ésta es la primera vez en que me atrevo a opinar sobre el aborto. Jamás hasta ahora vertí un juicio sobre el asunto porque su tremenda complejidad me coartaba de emitir una opinión que fuese concorde con la razón y la práctica.

Para el que piensa con prudencia un asunto como éste, entran en juego varios factores como la fe, la doctrina, la ilustración, la idea que uno tiene de la vida, la psicología y, en general, una serie de elementos que sería insulso enlistar aquí. Para el que no tiene en cuenta esos factores, la respuesta ya está en la punta de su lengua después de unos minutos.

El debate se presenta porfiado de parte de quienes defienden la vida y de quienes defienden el derecho que tiene una mujer de impedir el proceso gestacional del ser que lleva dentro.

Del abrazo fecundante de la simiente masculina con la célula del cuerpo femenino nace el ser humano, como culminación del perfeccionamiento de las especies y como síntesis de lo que la raza, en su lucha y armonía con la naturaleza, logró para sí misma.

Hace unos días varias decenas de personas se han reunido en las calles de Buenos Aires para gritar la palabra aborto como si fuese un hito de la civilización de la sociedad global. Pero la mayoría de esas personas no tiene nociones de lo que son la medicina, el Derecho y la antropología. Ni tienen por qué tenerlas, por lo que hacerles un reproche sería injustificado.

La biología ha hecho al varón y la mujer distintos, eso será así hasta que este mundo deje de ser mundo, lo cual no supone que varones y mujeres deban tener distintas oportunidades de realización y superación personales. Circunstancia lamentable para unos y maravilla de la naturaleza para otros, lo cierto es que hombres y mujeres no son iguales desde el punto de vista de sus funciones biológicas. Digo esto por la pregunta siguiente: ¿tiene derecho una mujer a hacer lo que guste de su vida? Sí tiene, pero no con lo referido a una ajena.

Debo decir que, aun a pesar de mis reflexiones, no me atrevo a dar una respuesta categórica al asunto en general. Lo que sí deploro con vehemencia es el razonamiento necio que dice que el quitar la vida a un feto es igual que quitar la vida a cualquier organismo vivo, sin tener en cuenta que lo que está muriendo es un ser humano (¡pero para el tecnicismo de la ciencia fría y la medicina atea no lo es todavía!). El razonamiento de que un embrión o un feto son un conjunto de células que bien podrían ser de un ser vivo cualquiera, niega la naturaleza mística del ser humano, que es la de la posesión de un alma.

Hago una analogía con la o pena de muerte (con la que este escritor está abiertamente en contra). Ambas cosas, pena de muerte y aborto irrestricto, niegan la naturaleza superior que poseen los seres humanos sobre todos los seres vivos de la tierra.

La respuesta al dilema no está en ningún tratado. La dio Dante hace varios siglos, aunque estoy seguro de que habrá todavía legiones de personas que no comprenderán la sabiduría que encierran los versos del genial poeta-filósofo italiano: Y obra de suerte que mover se siente/ como pulpo marino, y organiza/ la potencia que lleva en su simiente./ Se contrae, se dilata, y finaliza/ del corazón la fuerza generante,/ por la virtud que el cuerpo fecundiza./ Mas, como el animal se hace pensante,/ aun no lo puedes ver, porque es un punto/ que a los más sabios deja vacilante./ Pues según su doctrina, no hay conjunto,/ entre el alma y armónico intelecto,/ por no ver a la mente órgano adjunto./ Abre tu mente al de verdad concepto,/ y sabe que en el feto, aunque latente,/ del cerebro el poder es ya perfecto.