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Hablemos las cosas claras. Utilizar eufemismos no soluciona nada, maquillar un negocio reñido con la ley, no resuelve el problema. Hablar de la venta de prendería usada es referirse a un negocio que tiene que ver con el contrabando, que no debería existir en Bolivia ya que su importación legal al país está prohibida, como también su comercialización en el mercado interno.

A muchos les parecerá que vestir “ropa americana usada” de bajo precio es bueno (cuántos lo hacen por usar “ropa de marca”) ignorando que ese gustito puede traer problemas de salud ya que la ropa del enfermo o el muerto al que perteneció no fue desinfectada como se hacía cuando se la importaba legalmente (requisito que no cumple el contrabando).

Cuando en 2006 el gobierno emitió el D.S. 28761 prohibiendo importar ropa usada desde el 21 de abril de 2007 “indefectiblemente”, suspendiendo su comercialización a partir del 1 de marzo del 2008 “indefectiblemente”, el apoyo empresarial fue unánime. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que en 2005 desnudó la magnitud de dicho negocio con el estudio “Impacto de la Importación de Ropa Usada en Bolivia”, aplaudió las medidas esperando recuperar un mercado de 40 millones de dólares/año para la industria textil boliviana.

Sin embargo, pudo más la presión de los ropavejeros que lograron extender el plazo de venta por un año (D.S. 29463) y luego hasta el 1 de abril del 2009 (D.S. 29521) pese al reclamo de los confeccionistas que veían cómo su mercado tristemente era avasallado por la competencia ilegal y desleal del contrabando.

“Lo barato cuesta caro”, dice el adagio: cuando se compra mercadería de contrabando se premia la ilegalidad, se beneficia a unos pocos delincuentes que -moviéndose en las tinieblas- alientan el comercio en ferias y otros lugares de expendio afectando la economía formal donde se paga tributos aduaneros, impuestos internos y se respeta los beneficios sociales.

Cada compra de una prenda usada contrabandeada (sí, contrabandeada, porque está prohibido importarla legalmente) implica perder empleos en el país. ¿Por qué tantos confeccionistas bolivianos han migrado al exterior para trabajar en condiciones infrahumanas? Porque miles de talleres quebraron acá, por culpa de la ropa usada contrabandeada.

Bien por la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, que frente al pedido de legalizar la venta de ropa contrabandeada, dijo que ello significaría “matar a la industria nacional” (EL DEBER, 23.7.2019).

El 19 de julio los partidos políticos presentaron junto con las listas de candidatos a senadores y diputados, sus propuestas programáticas sobre qué es lo que piensan hacer con el país en caso de ser electos. Planteado este escenario, pienso que los electores tenemos tres dimensiones en el orden de lo que significa ir de lo racional a lo emotivo, me explico: 

Si uno comienza a leer algunos puntos de los programas electorales y los compara con otros, entonces esa labor de reflexión estará dentro de la dimensión predominantemente racional; pero si uno comienza a ver las listas de candidatos a binomios, senadores, y diputados entonces se encontrará en la dimensión racional-emotivo porque aquí no es que necesariamente me interesen las ideas de los candidatos, sino también importa lo que es el candidato; finalmente, si uno se dedica a comerse la cabeza pensando y comentando los resultados de las encuestas cada vez que aparecen entonces la dimensión a la que pertenece ese elector es la emotiva. 

Sospecho que estamos mucho más inclinados a esta última dimensión, porque según se vio en la discusión sobre la última encuesta presentada a nivel nacional es como si un avispero se hubiera movido en las redes principalmente. Sin embargo, pienso que este panorama debe cambiar, justamente en la UCB- La Paz en la Carrera de Ciencias Políticas hicimos una página web de muy fácil acceso y que tiene como finalidad que el elector compare los programas de todos los partidos políticos en una serie de veintidós temas.

Al realizar el ejercicio de comparar los tres principales partidos en intención de voto (MAS, CC, Bolivia Dijo No), se observa en términos generales primero en el tema de educación que los tres plantean el perfeccionamiento de la capacitación a los maestros y en comenzar a evaluar la calidad de la educación.

En salud, el partido de gobierno plantea consolidar el SUS, mientras que los otros ofrecen revisar otro SUS, lo curioso es que CC sugiere crear una Superintendencia de Salud como órgano paralelo al Ministerio de Salud, a no ser que Carlos Mesa plantee eliminar el ministerio en este ramo.

Justicia: ahí las tres fuerzas políticas ofrecen hacer una reforma de la justicia, reforma de la policía y descentralización de la administración de la justicia, lo novedoso es que Bolivia Dice No, más que pensar en el cambio de los magistrados de las cortes supremas, lo que piden es profundizar en el papel de los jueces y fiscales de los juzgados con los que las personas se topan a diario.

En el tema económico, los tres partidos coinciden en cuidar la estabilidad macroeconómica; en el tema de la Constitución Política, el MAS ofrece partir de reforzar la consolidación de los derechos sociales consignados ahí, CC piensa más en reformas institucionales, y Bolivia Dice No en reformas para el tema de la justicia.

Como verán es un resumen muy limitado el que acabo de ofrecer, pero el espíritu es que ojalá podamos hablar más de estos temas y menos de odios enfrentados, si tienen alguna curiosidad por revisar el Comparador de Programas dense una vuelta por la página web: www.gen.com.bo/sociedadcpo , que no nos gane el facilismo de decir “ellos no tienen programa” o el de “ellos no pueden competir”, no repitamos aquello que Umberto Eco critica de la sociedad líquida: “estos movimientos saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren”.

“Mamá no lo logramos, me voy a la horca; cuide a mi hijo”, fue el dramático mensaje de Víctor a su mamá -desde Malasia- reportado por Urgentebo.com (25.2.2018) dando a conocer el calvario de Silvia Vargas, madre de Víctor Parada Vargas, joven boliviano sentenciado a morir ahorcado por llevar droga en su estómago y ser descubierto el 2013, en ese país.

¿Se imagina la tristeza para una madre, al saber que su hijo está encarcelado? ¿Y que, irá a ser ajusticiado por un delito que nunca debió haber cometido? ¿Cuántos sueños rotos por un veredicto que -luego de cuatro años de suplicio e infructuosos gastos para defenderlo- aquel ser que un día estuvo en sus entrañas es sentenciado a morir asfixiado? ¿Cuál la culpa de esa madre para enfrentar semejante sufrimiento y además tener que hacerse cargo de su nieto -abandonado por su mamá- cuando su padre muera?

“Quiero que le den la oportunidad a mi hijo de demostrar que es un hombre de bien y que se pueda integrar a la sociedad”, imploraba entre lágrimas en la entrevista con Urgente.com, recordando las últimas palabras de su hijo que taladraron sus oídos: “Mamá no lo logramos, me voy a la horca; pero estoy preparado para todo (llanto). Quiero que le diga a mi hijo, que lo cuide”.

¡Cuánto sufrimiento pudo haber evitado este joven! Ni la pobreza -y mucho menos la ambición- pueden justificar un delito para salvar una necesidad o satisfacer un deseo. Cuando el hombre se confunde, todo le parece que bien, pero el camino del pecado lleva al dolor y tarde es el arrepentimiento: siempre será mejor vivir modestamente antes que delinquir y entrar a la cárcel o perder la vida.

Ante el clamoroso pedido de la compungida madre -dada la escasez de recursos de la familia afectada para afrontar los gastos judiciales e ir a Malasia- el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia se puso en movimiento a fin de tratar de evitar la aplicación de la pena capital.

Entonces Dios -viendo el atribulado corazón de la mamá- en su infinita misericordia ¡hizo el milagro!

“Liberan a boliviano condenado a muerte en Malasia...”, decía el titular, dando cuenta que gracias a la intervención de la diplomacia boliviana, luego de casi seis años de encarcelado, el condenado a muerte no sería ejecutado (EL DEBER, 25.7.2019).

Gran mérito para nuestra Cancillería -sin duda- pero la mayor gratitud para Dios, pues todo lo bueno viene de Él. Que la lección de este vía crucis sea que lo que se hace se paga, y que el gran riesgo es que no haya una segunda oportunidad…

Uno de mis columnistas favoritos, Carlos Alberto Montaner dice que la integridad es: “La coherencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace”. ¿Será que la administración de justicia penal plurinacional, fundamentalmente la Fiscalía General procedió de tal manera? ¿Lo hará el Tribunal Supremo? ¿El Min. Gobierno?.

Formulo esas preguntitas a la vista que sus altos cargos, han declarado tratándose de su cercano Montenegro requerido por extradición por Brasil por narcotráfico, que no habrá encubrimiento, que será extraditado pase lo que pase y hasta algún desorbitado Ministro llegó a asegurar que sus jueces le darán la pena máxima -siendo traicionado por su subconsciente del control que tiene sobre los otros órganos independientes (entre comillas)-.

Pero como la realidad es muchísimo más dura que esas “buenas” intenciones, ocurre que a la vista de los hechos resulta muy poco creíble que el estado administrado por el régimen dada su evidente penetración del narcotráfico (narcopolicías; narcomaSistrados, etc) pueda impartir justicia en ese caso, sino estamos de nuevo ante una tramoya de muy baja calidad que pretende vendernos una historia muy diferente de la realidad. Veamos:

Partamos del hecho que el acusado de narcotráfico ya fue requerido para extradición el 2015, siendo de conocimiento del sistema de justicia. Posteriormente, mediando por si fuera poco un Auto Supremo trucho nada más ni nada menos labrado en el máximo Tribunal de Justicia ordinaria (algunos fusibles están siendo quemados por ello) y a partir del escándalo por su condecoración por sus supuestos perseguidores, su esponsoreo de MASistrados, Policías, etc y su “entrega voluntaria” (mayo 2019) resulta que requerido para juzgamiento por narcotráfico mediante un procedimiento de extradición ante el Supremo Tribunal, nadie razonablemente serio puede creer la soberana metida de pata ¿casualidad, pura chambonería o claro encubrimiento? de la Fiscalía General para abrir días después de su entrega, TRES procesos penales en su contra: 1) por falsedad y uso de instrumento falsificado; siendo por ello recientemente sentenciado en procedimiento abreviado; 2) por legitimación de ganancias ilícitas; y 3) por narcotráfico, en instancias bolivianas, cuando, supongo, saben que por orden del art. 153.1 del CPP, se diferirá la ejecución de la extradición, cuando: “La persona requerida esté sometida a la jurisdicción penal de la República por un delito distinto de aquél por el que se hubiese solicitado la extradición, hasta la conclusión del procedimiento o ejecución de la impuesta” salvo pena carente de importancia. De esa manera, la FGE embarra de manera ingenua o dolosa el procedimiento de extradición en curso, entregando en charola el soporte fáctico para que continuando con la tramoya, el TSJ en unos días haga aparecer una sentencia concediendo la extradición pero, postergando su ejecución en virtud…al proceder de la FGE, hasta que el extraditable cumpla su sentencia de 6 años u otras que emergerían de las otras dos acusaciones fiscales. Es decir el FGE con una mano requiere la extradición y con la otra, la perjudica: ¿En eso consistirá la política criminal del estado plurinacional? ¿O será que a través de sus satélites el régimen está tratando de enfriar el escándalo y minimizar sus daños? ¿Le será más útil tenerlo bien cuidadito en una cárcel boliviana, que lejos de su control en Brasil y encima con Bolsonaro y Cía? ¿Podría ahí lejos prenderse otra vez el ventilador, sin que el régimen pueda apagarlo? ¿Nos dirán ahora que la flamante pena carece de importancia y ante su destape, le enviarán al Brasil? Aún falta algún capítulo de la tramoya, pero como dice mi amiga Olga FLORES BEDREGAL: “El problema no es la falencia de las leyes, sino que los jueces hacen escarnio de las mismas”.

El 1 de febrero de 1879, después de que la empresa anglo-chilena de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, se negara a pagar al fisco boliviano un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado; el gobierno de Bolivia decidió expropiar los terrenos que le había concedido a esa empresa unos años antes en el departamento del Litoral; lo que provocó la reacción violenta de Chile, que a los pocos días invadió el puerto boliviano de Antofagasta, bajo el argumento de que Bolivia estaría incumpliendo el Tratado de límites vigente. 

El 25 de julio de 2019, después de que la empresa estatal boliviana, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dejara en abandono un terreno de 3,5 hectáreas que Chile le había concedido en el centro de Arica; el Concejo Municipal de esa ciudad decidió expropiar el terreno; lo que increíblemente no provocó más reacción del gobierno boliviano que una escueta declaración del presidente de YPFB, que resta importancia a dicha expropiación, a pesar de que la medida representa igualmente una vulneración al Tratado de límites vigente. 

Salvando las diferencias temporales y los poderes relativos de las partes, estas reacciones, diametralmente opuestas, son una muestra de una realidad lamentable para nuestro país, en la que cada cierto tiempo nos vemos sometidos a los abusos de nuestros vecinos justamente porque nuestras autoridades no hacen nada para impedirlo. La expropiación del terreno de referencia que había sido concedido a YPFB en 1958, es un penoso retroceso para los intereses geopolíticos de Bolivia en su proyección hacia al Pacífico, pues así se ve mermada su presencia y gravitación en Arica, que tanto esfuerzo costó conseguir en su momento. 

Pero antes de rememorar cómo se hicieron esos esfuerzos durante los años 50 del siglo pasado, cabe aclarar que la presencia y gravitación de Bolivia en el norte chileno, que es natural, real y hasta ahora, siempre creciente; no debe ser entendida como algo negativo o amenazante para la integridad territorial de Chile, sino más bien como una expresión de la integración económica, física, cultural y, en este caso, energética de nuestros países que contribuye considerablemente al desarrollo de la zona y que lo seguirá haciendo, aún más, si en algún momento Bolivia logra obtener una salida propia al mar, como resultado de un proyecto de integración entre el norte chileno, el sur peruano y el suroeste boliviano.

Como es sabido, después del Tratado de 1904, que consagró el enclaustramiento geográfico boliviano, las facilidades que nuestro país obtuvo en territorio y puertos chilenos para acceder al mar se mantuvieron casi sin variantes y con muy pocos avances, a pesar de los discursos grandilocuentes de las autoridades de Santiago que han dicho varias veces que esas facilidades son las más amplias y generosas que un país sin litoral ha podido recibir. Pero nada más alejado de la verdad, las facilidades que Chile otorgó a Bolivia después de 1904, se resumen en: almacenamiento gratuito de hasta un año para las cargas de importación y de 60 días para las cargas de exportación, que no se cumple cabalmente en Antofagasta; reconocimiento de que el libre tránsito comprende todo tipo de carga sin excepción alguna, después de Chile había interrumpido el libre tránsito de material bélico por su territorio durante la Guerra del Chaco; jurisdicción exclusiva de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito por territorio chileno, que no se respeta en ninguno de los puertos; y la concesión de terrenos para la instalación y operación del oleoducto Sica Sica – Arica, que ahora se redujo en 3,5 hectáreas, por determinación unilateral del Concejo Municipal de Arica. 

Es decir, de lo poco que habíamos conseguido, ahora tenemos menos.  Para recordar cómo se obtuvieron esos terrenos, debemos retroceder hasta 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro llegó al poder en Bolivia y empezó a implementar una política de acercamiento a Chile que fue bien acogida por su par chileno Carlos Ibáñez del Campo. Esa aproximación permitió suscribir varios acuerdos para la reglamentación del libre tránsito y para la facilitación del comercio. Uno de ellos, la Declaración de Arica de 1953, es precisamente el acuerdo con el que Chile se comprometió a respetar la jurisdicción de las autoridades bolivianas sobre la carga en tránsito de o a Bolivia… 

En ese contexto de entendimiento y cordialidad, que se reforzó con dos inéditos encuentros al más alto nivel en las ciudades de Arica y La Paz, el 31 de enero de 1955 se firmó el Tratado de Complementación Económica Boliviano – Chilena, en cuyo artículo 2, inciso g), se estableció que “de acuerdo a los Tratados vigentes sobre libre tránsito, ambos gobiernos convienen en prestar todas las facilidades necesarias para la construcción y operación, por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de un oleoducto entre Oruro y Arica, obra que permitirá el suministro de petróleo, destinado al consumo chileno y la salida de ese producto a otros mercados”.

En razón de lo cual, el 14 de octubre de 1955 se suscribió en La Paz, un Protocolo Complementario que aclaró que las facilidades a las que se refiere el Tratado y sus detalles, serán establecidas por ambos gobiernos, “mediante cambio de notas”. 

Así, después de intensas negociaciones, se llegó a un acuerdo mediante el intercambio de notas que tuvo lugar en Santiago el 24 de abril de 1957, que después de especificar los detalles técnicos del oleoducto y referirse a “8 edificios para la operación y vivienda del personal”, señala: “La obra se construirá, en todo lo posible, en terrenos fiscales chilenos que se otorgarán gratuitamente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en concesión de uso por el tiempo que dure la explotación del oleoducto”. 

De acuerdo a lo convenido, el 2 de julio de 1958, el gobierno de Chile emitió el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización, mediante el cual, después de más de tres años de negociaciones, concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica Sica – Arica, el lote N°2 de 3,5 hectáreas para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

Por todo esto, la expropiación dictaminada por el Consejo Municipal de Arica, sin la aprobación ni el conocimiento de Bolivia, que representa nada menos que una flagrante violación a los acuerdos mencionados, relacionados todos al Tratado de 1904; debería ser reclamada enérgicamente por el gobierno de Bolivia y desconocida por el de Chile.

“¿Por qué algunos países han crecido más rápido que otros? ¿Deben los países especializarse para crecer más? ¿Es el secreto del crecimiento la innovación? ¿La educación de calidad? ¿El secreto está en agregar valor a las materias primas?”, fueron algunas de las punzantes preguntas planteadas a un atónito auditorio que no podía creer la inesperada respuesta de la Expositora: “¡No!”

Esta situación se produjo durante el Foro Económico “Ciudades Productivas: La Metrópolis Posible” organizado por CAINCO (17.7.2019), con las Exposiciones de los Expertos Internacionales Marcela Escobari (Brookings Institution), Tatiana Gallegos (BID), Pablo López (CAF-BDAL) y Juni Tingting Zhu (Banco Mundial). El Foro apuntó a romper paradigmas y a echar luz -desde otros ángulos- a preguntas, como: “¿Por qué algunas regiones son ricas y otras pobres? ¿Por qué algunas achican distancias y otras no? ¿Qué hacer para acelerar este proceso?”

Volviendo al primer párrafo, Escobari sostiene -basada en el análisis de datos de decenas de años- que lo que marca la diferencia a la hora de desarrollar una ciudad o un país es el aprendizaje sobre cómo hacer nuevos y mejores productos y encontrar formas más eficientes de hacerlos -todo ello- sobre la base de la diversidad del conocimiento de los individuos. La experiencia muestra, señaló, que en realidad los países se diversifican a medida que crecen y el secreto está en la diversidad del conocimiento, de ahí que lo que se debe hacer es imitar y mejorar, profundizar las capacidades y ampliar las habilidades.

Muy interesante enfoque: para subir la complejidad económica de los países hay que trabajar la composición industrial -correlacionada al éxito urbano- por lo que la clave para crecer y atraer industrias complejas será el desarrollo de habilidades ajustándose a la fuerza laboral local, propiciando su movilidad ascendente.

Complementaron los expositores recalcando que al ser las ciudades importantes para el desarrollo, su expansión, los problemas de congestión, de contaminación e informalidad, deben ser resueltos para ser atractivas y poder desarrollar procesos en base a capacidades.

Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo y dinero gastamos en embotellamientos durante las “horas-pico”? ¿Cuántas horas de nuestras vidas se pierden en congestionamientos? ¿Cuánto humo y Gases de Efecto Invernadero se podrían evitar sin trancaderas? ¿Por qué no pensar en horario continuo para el trabajo y promover el uso de bicicletas? Cosas como éstas, afectan nuestro desarrollo.

Nadie podría negar la enorme riqueza cultural, histórica y patrimonial que Sucre y Potosí tienen, no en vano son ciudades declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, a lo que podríamos sumar el fantástico Salar de Uyuni, empero: ¿Estamos explotando aquellos recursos en todas sus posibilidades? ¿Los usamos para generar (nos) empleo y riqueza? ¿Hicimos de ellas clusters empresariales y culturales? NO.

Cada vez que turisteo en alguna ciudad extranjera en la que veo –con sana envidia- la inteligente explotación de esas sus riquezas, quedo frustrado por la escasa capacidad que tenemos por estos lares para explotar esas nuestras evidentes ventajas, incluso comparadas con otras hasta menos evidentes, pero que son muy bien vendidas al turista.

Una reciente visita a la capital del imperio del Tahuantinsuyo, la hermosa Cuzco + Machu Picchu me ha dejado nuevamente con esa inquietud. Aunque su aeropuerto (inaugurado en 1967) ha quedado peligrosamente situado en su centro urbano y, podría especular que hasta el “Internacional” de Alcantarí parece mucho más moderno, amplio y funcional, resulta que la cantidad de vuelos que se percibe en una estancia breve en sus instalaciones o desde la ciudad, es significativamente superior seguramente incluso al de cualquier otra terminal boliviana. Los vuelos que ingresan y despegan son prácticamente constantes, generando un movimiento económico importantísimo para sus habitantes, taxistas, operadores de turismo, etc.

La ciudad de Cuzco, hermosa por donde se la vea, con una fabulosa arquitectura incaica y virreinal (tiene 103 edificios históricos calificados como monumentos) está muy bien conservada –que diferencia, por ejemplo, con nuestra catedral- y, por lo menos su centro histórico luce impecablemente iluminado, conservado y limpio (muy temprano, es lavado y barrido con carros especiales que la dejan absolutamente presentable).

Ni que decir de sus facilidades para el turismo: quedé con la impresión que sus habitantes han formado una cultura dedicada y orientada a la atención y explotación del turismo. Desde sus múltiples hoteles (en todas las categorías), sus cafés y restaurantes, casas de cambio, establecimientos de artesanías, etc., están organizados con tal lógica, multiplicando el valor agregado de la ciudad; por ejemplo, 12 hojas de coca son vendidas como recuerdo en un elegante sobre con algún tejido artesanal. Un guía-taxista nos comentó que el negocio de los denominados “turismos” (taxis, vans y buses) mueve diariamente más de 1000 unidades, dentro de la ciudad y hacia sus centros arqueológicos y pueblos cercanos (tejidos, gastronomía, espectáculos, etc) y, en todos esos establecimientos sin importar su categoría, están disponibles terminales para tarjetas de crédito de todas las marcas disponibles. Obviamente existen varias empresas de buses panorámicos para tours por la ciudad y sus alrededores cercanos.

Y eso, sin contar con la máxima atracción, la imperdible expedición a Machu Picchu, una de las nuevas maravillas del mundo (distante a 100 kms aproximadamente) pasando por otro excelente ejemplo de ciudad amigable para el turismo: Ollantaytambo, en el hermoso Valle Sagrado de los Incas.

¿Cuánta riqueza dejamos de producir los sucrenses y potosinos al dejar de explotar nuestras ciudades patrimonio? Estamos perdiendo muchas oportunidades para nosotros y nuestras generaciones futuras, habiéndonos acostumbrado a la belleza cotidiana de nuestros patrimonios, pero nos hemos olvidado de venderlos y explotarlos para el turista, pese a esas nuestras evidentes ventajas disponibles. Seguimos dependiendo de la minería (Potosí) o de FANCESA (a la quiebra en garras del oficialismo) o de algún otro recurso no renovable, sin explotar nuestros recursos culturales, generar empleo y multiplicar la riqueza. Urge armar un clúster turístico – cultural, pues: "La prosperidad a largo plazo le debe poco o nada a los recursos naturales...La pobreza o las riquezas y las satisfacciones personales y sociales dependen del hombre, su cultura, y de su marco institucional". Peter BAUER

A estas alturas todos nos damos cuenta de que en política las palabras y las formas importan mucho, importan más en tiempos de campaña electoral, de ahí que lo que los candidatos vayan a decir en un mensaje, entrevista, o declaración es muy relevante, porque puede terminar siendo un factor central para el éxito o fracaso en el resultado de la votación final; entre otras cosas, porque para un político en una intervención pública no hay peor pesadilla que tener que dar una respuesta directa.

Cuando se observa el discurso (retórica) en los políticos, según el tipo de intervención que hacen los candidatos, éstas se pueden caracterizar siguiendo la tradición más larga y primera en este arte, la de los griegos, como iniciadores de los discursos, y registrados en las obras sobre  vida de Cicerón –novelas escritas por Robert Harris por ejemplo– a través de las siguientes dos alternativas:

Una escuela retórica, llamada como el método asiático: discurso complejo y florido, lleno de frases altisonantes y rimas cantarinas, grandes gestos; algunos incluso se dan el lujo de moverse mucho por el espacio desde donde discursan.

La otra escuela era la de Apolonio Molón: no te muevas mucho, mantén la cabeza erguida, cíñete al asunto en cuestión, hazlos reír, hazlos llorar y, en cuanto te hayas ganado su simpatía, siéntate; ya que “nada se seca más rápidamente que una lágrima”. Nada de juguetear con los dedos, no mover los hombros, los ojos han de seguir siempre la dirección del gesto, salvo cuando se trate de rechazar algo.

Lógicamente, no me refiero al mensaje que el político emite, sino a la forma en la que lo hace, a menudo es la parte menos analizada por analistas y opinadores de la política Por un deseo de complejizar siempre las explicaciones, no nos damos cuenta de que las relaciones más simples a menudo son en las que se encuentra más contundencia.

Si observamos a nuestros actuales candidatos podemos decir que tienen sus propias particularidades, así por ejemplo Evo Morales se encuentra más cerca de la escuela Molón; mientras que Carlos Mesa es un híbrido de estas porque ciertamente tiene un discurso florido y complejo, grandes gestos, pero no se mueve y mantiene la cabeza erguida; pero a diferencia de Evo, que se empeña más por mover los sentimientos, Mesa mantiene su lado complejo. Por otro lado, Óscar Ortiz es un intento mucho menor en discurso complejo y florido con mezcla de movilización sentimental, le cuesta salir de su imagen del buen tecnócrata auditor.

La puesta en escena de los candidatos es un aspecto que suele ser calibrado por los estrategas de las campañas, quizá con los tiempos que corren en los que más que interesarnos las ideas de los políticos, nos interesa lo que son los candidatos. Entonces, el estilo de la forma de discursear termina siendo un factor decisivo a la hora de conectar con electorados, hoy bastante emotivos y defensores de alguna causa, que esperan de los candidatos un mínimo de empatía y claridad que suene a sinceridad en sus gestos y palabras, sino recuerden que en la primera potencia económica tenemos a un político que según las personas pudiera ser un rufián pero al final de cuentas parece sincero.

La Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) concretaron un añorado Acuerdo Estratégico de Asociación abarcando la liberalización del comercio de bienes y servicios, así como compromisos en inversión, propiedad intelectual y compras estatales, para conformar uno de los mercados más grandes del mundo.

Se trata de uno de los acuerdos de libre comercio más portentosos de la historia, por la cantidad de países inmersos -27 de la UE, sin contar Gran Bretaña- y 4 del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), con más de 500 millones de consumidores europeos -con un altísimo poder de compra, capacidad de inversión y know how- y más de 250 millones en MERCOSUR, con un gran potencial productivo.

La apuesta es que con este Acuerdo ambos bloques ganen en función de sus capacidades competitivas -en agroexportación los mercosurianos, y en alta tecnología y servicios, los europeos- abriendo nuevas oportunidades de comercio una vez superadas actitudes proteccionistas que entorpecieron la negociación (preocupaciones agrícolas en la UE y en servicios e industria en el MERCOSUR) dilatando el cierre de la negociación por 20 años, mientras que otros países como México, Chile, Colombia, Perú y países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) lo habían logrado muchísimo antes, siendo Ecuador el último en acoplarse al llamado Acuerdo Multipartes.

Gran algarabía produjo la concreción de este Acuerdo transcontinental por el cual Mercosur ser beneficiará a corto plazo de un enorme mercado europeo abierto para recibir su producción agropecuaria y agroindustrial. De otra parte, estará también la posibilidad de atraer inversiones no solo europeas sino de otros países, para desarrollar más producción en función de aquel vasto mercado. No por nada el Canciller argentino Jorge Faurie, apenas concluida la negociación (28.6.2019) no pudo contener las lágrimas al comunicar al Presidente Macri: “Tenemos Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR”. Y, no podía ser de otra manera, especialmente cuando este Acuerdo puede ser una suerte de tabla de salvación para la economía argentina.

Comentando sobre el tema con el Viceministro de Comercio Exterior e Integración, Lic. Benjamín Blanco, en una reciente visita a la Cancillería (4.7.2019), me llenó de gran satisfacción saber que avanzar a una negociación similar con la Unión Europea a través del Acuerdo Multipartes, es una decisión tomada del gobierno boliviano. Enhorabuena, ésa es la agenda correcta…

Aprendiendo del Presidente de la Corte IDH Eduardo Ferrer Mc-Gregor (les recomiendo su fabuloso voto parcialmente disidente al fallo Camba Campos Vs Ecuador de 2013), resulta que: “Un juez es independiente si toma sus decisiones basado solamente en el caso, sin estar influido por consideraciones particulares relativas a las partes que no resulten relevantes para el asunto concreto, y si decide libre de consideraciones relacionadas con su propio interés o con intereses de la persona o cuerpo que lo nombró”. De ahí que la independencia (individual y colectiva) constituye un elemento indisoluble para la consolidación y existencia misma de un genuino estado constitucional y democrático de derecho en que existe división de poderes y, por tanto, preserva nuestras libertades ciudadanas y dota seguridad jurídica frente al poder. Evita así la concentración de poderes que deviene en tiranía y opresión. Ej: “derecho humano” de su jefazo.

Sin embargo, aquellas consideraciones quedan vaciadas de contenido y se convierten en puro verso, sin garantías que operen su eficaz ejercicio. Entre ellas, surgen por lo menos la inamovilidad en el cargo (salvo sentencia condenatoria ejecutoriada, vencimiento de su plazo de nombramiento o jubilación) remuneración intangible, efectiva protección contra presiones internas y externas y un régimen confiable de acceso, permanencia, ascenso y cese de funciones (a cargo de un organismo, también independiente). ¿Estarán aseguradas en el actual Estado Plurinacional en el que el régimen delira con el control de todo? Para nada. Veamos:

Escojo dos acontecimientos recientes: 1) las repercusiones de la primera sentencia del denominado caso “La Manada” en Santa Cruz; y 2) la inmediata aprehensión de dos vocales en Trinidad, luego de resolver una cuestión incidental de un caso de narcotráfico. No corresponde ni puedo ingresar al fondo de sus decisiones –que no las conozco, menos las pruebas que las sustentan– sino me concentro en las emergencias institucionales de lo acaecido, a la luz de esa independencia y el adecuado control jurídico, basado en razones jurídicas, objetivas, y no lo contrario, subjetivas. 

Convengamos, entonces, que sí se considera que ambos fallos fueran errados, es decir, contrarios a la norma por su errónea interpretación y/o defectuosa valoración de la prueba (que son los supuestos para esa posibilidad), lo que corresponde es, pues, impugnar por los recursos legales previstos ese resultado (para eso han sido inventados, por si acaso) y no dar lugar “ipso pucho” a la intervención del juzgado, investigación de la actuación del órgano o peor, su inmediata aprehensión y juzgamiento (además a cargo de la parte perdidosa), así como su escarnio público. 

Entiendo perfectamente que actualmente el horno de la administración de justicia no está para bollos producto del indigno y ovejuno sometimiento de varios fiscales, jueces y MASistrados al régimen; la opinión pública incurre en el error de generalizar esa situación y concluir que todo fallo, peor si fuere contrario al clamor popular o insatisfactorio para algunos y hasta muchos –la justicia es dar a cada uno lo suyo, por si acaso– en función a la opinión o conocimiento disponibles (muy variable, por supuesto), es producto del prevaricato o del pago de dinero, favores o facturas.

Solemos ignorar la denominada “justicia del caso concreto” que, más allá de nuestra legítima opinión, debiera estar basada en las pruebas y alegaciones del mismo y son de conocimiento directo de las partes y del Juez. Esto sin omitir que existen fallos legítimos y de los otros… 

Más allá de las particularidades de aquellos casos ejemplificados e incluso nuestras debilidades para analizarlos a fondo (por no conocer sus detalles) sostengo que por la actual concentración de poderes –dictadura, para no recurrir a cómodos eufemismos– el régimen y sus satélites son, una vez más, parte del problema y no de la solución. Se ha causado tal grado de ilegitimidad del sistema que toda sentencia es sospechosa por sí misma. Es urgente recuperar la institucionalidad de la administración de justicia, lo que pasa imprescindiblemente –vuelvo al inicio de esta opinión– por establecer un genuino sistema de gobierno democrático que realice el imperio del estado sujeto al derecho, quedando por tanto limitado en sus actos, a la CPE, los IIII y la ley, pues: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”. Albert Camus