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Es impresionante la fragilidad del ser humano. No solo los grandes fenómenos como terremotos, tsunamis, etc. afectan su vida, sino también minúsculos virus, como el que tiene al mundo en vilo hoy: un corpúsculo de una millonésima parte de un milímetro, que puede matar mientras no haya una vacuna para detenerlo, el llamado coronavirus. 

La OMS declaró una pandemia (“Tasa de mortalidad del coronavirus es del 3,4% informa la OMS”, EL DEBER, 12.03.2020) y las cifras van subiendo: 6.600 muertos y 174.000 contagiados con el virus en 162 países hasta el 16.03.2020 (www.worldometers.info).

La China es el epicentro del problema y la más afectada, seguida de Italia, Irán, España, Corea del Sur, pero día que pasa los muertos aumentan, nuevos países se suman a la lista y el coronavirus ataca sin mirar, tanto al rico y famoso como al pobre y desconocido.

En efecto, casi en simultáneo se confirmó recientemente en Bolivia a una persona con el coronavirus mientras desde Australia el actor Tom Hanks informó ser portador del virus.

El primer caso en Bolivia fue el de una mujer mayor de 60 años que a los días de llegar desde Italia experimentó los síntomas del contagio. Hecha pública el caso en la localidad de San Carlos, Departamento de Santa Cruz, el pueblo la expulsó y la señora sufrió un vía crucis con la ambulancia yendo de un hospital a otro, al impedir la gente su ingreso sin un ápice de solidaridad,

atentando además contra la salud pública. ¿Ignorancia? ¿Genuino temor? ¿Primitivo instinto de conservación? En todo caso…¡falta de amor! Una verdadera novela de terror comparada con “El amor en los tiempos del cólera” escrita por Gabriel García Márquez.

Viendo la reacción del gentío, bloqueando ingresos por temor a contagiarse, vociferando que los hospitales no están preparados para prestar dicha atención, pensé: ¿Acaso no era éste el país de las maravillas y el campeón del crecimiento? Si es verdad que pese a tanto logro económico no es posible manejar bien un solo caso…¿qué pasará si el mal se generaliza entre los pobres?

Recordé entonces a los viejitos -los más vulnerables- cómo madrugan por una ficha para hacerse ver sus dolencias y por su miserable jubilación sufren la indolencia de la precaria atención pública, mientras otros machacan con lo del país de las maravillas, pero a la hora nona se van al extranjero para atender su salud…¡miseria humana!

¡Dichoso de Tom Hanks que, gracias a su fama y fortuna, su vida no tenga de depender del deficiente sistema de salud boliviano!
 

En estos tiempos del coronavirus, un Diputado del MAS acaba de plantear, para variar, una ley corta para evitar que se propague el virus en Bolivia, sugiriendo penas de cárcel para quienes irresponsablemente lleguen del exterior y lo contagien: “Si no lo quiere hacer la señora Jeanine Áñez, nosotros vamos a tener que hacer mediante una ley, ejercer la fuerza, porque al final la vida de los bolivianos está en peligro”.

Pues bien, atentas las habilidades legislativa/totalitarias del Diputado y dando por supuesto que tratándose de un legislador, conoce por ello ampliamente el estado del arte de la ciencia del Derecho Penal incluyendo las corrientes doctrinarias en boga y por supuesto, el Código Penal boliviano (sumamente remendado en los últimos tiempos, por cierto), entiendo ha debido cavilar su propuesta, a la luz de uno, entre varios, de los principios rectores del Derecho Penal contemporáneo: el de la última ratio.

Principio que enseña a partir de su otra cara de la medalla como es la subsidiariedad, que la intervención -siempre riesgosa por sus devastadores efectos- del Derecho Penal en la vida de las personas y la sociedad, debe reducirse a lo mínimo indispensable sólo en función a la tutela de sus bienes jurídicos más relevantes, por lo que constituye el último recurso a utilizar, cuando han fracasado previamente otros medios menos gravosos para el ciudadano.

Ahí que el malo de la película, el Derecho Penal, sólo interviene como la última de las barreras, a partir reitero del fracaso de otras previas, menos lesivas para los derechos de las personas. Es que el Derecho Penal, más allá de sus buenas intenciones fundadas en proteger derechos o bienes jurídicos de altísima importancia, no puede ser usado como el “remedio” para todo y especialmente, para propósitos para los cuales se ha constatado que resulta manifiestamente ineficiente: no sirve para solucionar conflictos que no dependen de sus reales posibilidades, causando más daños que beneficios, cayendo dentro del fenómeno del populismo penal, la demagogia legislativa o lo opuesto a la última ratio, el expansionismo penal.

Además en el caso concreto, queda claro que el legislador ignora completamente el Código Penal actual, que por muy remachado que está producto de aquellas perversiones legislativas ampliamente producidas en los últimos años por el régimen totalitario que nos mal gobernó, ya contempla desde mucho antes lo que ahora propone: precisamente en su capítulo destinado a proteger el bien jurídico de la salud pública, se prevé el tipo penal del art 216 “Delitos contra la salud pública” que castiga con 1 a 10 años de privación de libertad, al que: “Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias”. De su interpretación integral con su art. 220 que se refiere a sus formas culposas, se extrae que esa propagación tiene que ser necesariamente dolosa, es decir, el agente debe saber que esta contagiado y buscar producir el resultado del contagio, pues de lo contrario, se le juzga sólo por su actuar negligente, reduciendo considerablemente la pena; la que además, podría cabría en lo que se conoce como pena natural, aquella que por su actividad delictiva, le causa a su autor un detrimento físico o moral grave, que hace desproporcionado su juzgamiento y sanción. ERBETTA ya lo advirtió: “Cuando no se sabe cómo resolver un problema, nada mejor que vender la ilusión de su solución, y para ello, siempre vienen bien las reformas penales”.

Finalmente, el afanoso Diputado ha debido saber también que una de las principales características del coronavirus es lo que los expertos denominan portadores asintomáticos, es decir, están ya infectados, pero aún no padecen los síntomas o se les manifiestan muy debilitados y/o similares a los de la gripe común, pese a lo cual pueden contagiar el virus. Es decir, no actúan con dolo (queriendo producir el resultado dañoso).

La emergencia del coronavirus, su adecuada prevención y tratamiento, requieren de eficaces y eficientes medidas de sanidad pública, que huyan del populacherismo penal, que atenta no sólo contra la ciencia del Derecho Penal, sino hasta contra el sentido común. Ya lo dijo VOLTAIRE: “Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable”.

¿Es Bolivia la envidia de otros países, como se ha escuchado tantas veces? ¿Cree Ud., sinceramente, que en el exterior se envidia a nuestro país? ¿Quiénes serían los envidiosos? ¿EEUU? ¿China? ¿Japón? Si la respuesta es no…¿entre Argentina, Venezuela, Cuba o Nicaragua, será alguno de ellos? Si la respuesta es sí…¿será porque en el país de los ciegos, el tuerto es rey?

Es cierto que en los últimos 14 años el PIB de Bolivia creció por encima del 4%, pero no menos cierto es que tal expansión inició con el auge mundial en tiempos neoliberales cuando crecimos 4,2% en 2004 y 4,5% en 2005, aunque posteriormente en los años plurinacionales del 2009 y 2019 crecimos menos del 4% a consecuencia de tener una economía primario-exportadora, muy dependiente de los precios internacionales.

En verdad, no sé si hay países que envidien a Bolivia o no, especialmente con la gran pobreza aún prevaleciente, la precaria educación y el lamentable estado del sistema de salud vigente en el país; en todo caso, ¿no resulta un autoengaño compararse con quienes hacen mal las cosas, cuando lo sano y saludable sería hacerlo con quienes están mucho mejor, teniendo aún menos recursos?

Lo cierto es que, de haberse hecho caso los consejos que durante los últimos 14 años dieron diferentes entidades, Bolivia pudo haber estado muchísimo mejor que hoy. Pero no, se siguió el consejo de ONGs oportunistas, irresponsables activistas e ideologizados extremistas que nos impidieron avanzar a pasos agigantados en la producción de biocombustibles; el uso de la agrobiotecnología; la ampliación del área agrícola; la construcción del Hub aéreo en Viru Viru; el poner la vista en la Hidrovía Paraguay-Paraná para salir al Atlántico; reactivar al sector forestal-maderero; incentivar al importador, al comerciante y al empresario legalmente establecidos, en vez de acosarlos de mil maneras; combatir la informalidad y el contrabando; reformar la educación pero no mirando por el pequeño espejo retrovisor sino por el gran parabrisas del futuro; hacer ciencia e investigación aplicada; negociar acuerdos comerciales con economías más desarrolladas; permitir la emisión de bonos de carbono; promover el turismo receptivo en todo el país; fomentar la productividad y la competitividad; castigar la corrupción y profundizar la meritocracia en las entidades del sector público.

Con buenas políticas como éstas Bolivia pudo crecer al 7% o más y llegar a ser la Suiza de Sudamérica, para que luego digan de ella…¡qué envidia da este país!

A juzgar por la sistemática cantidad de denuncias por delitos que, sin exagerar, prácticamente a diario, se multiplican contra servidores públicos del régimen expulsado por la insurrección de las pititas, no resulta extraño indagarse si es que no estábamos ante una mega organización criminal que secuestró al estado durante esos largos años, poniendo nuestros recursos y bienes públicos no sólo a su servicio privado, sino al de una estructura cuasi mafiosa: “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”, enseña la fabulosa sentencia de Lord ACTON.

Aunque durante aquellos tiempos, la reinante corrupción no sólo era un secreto a voces sino desfilaba cínicamente ante nuestras barbas, por ejemplo, recuerden el uso como taxi del avión presidencial para menesteres privados y/o partidarios; el evo channel para transmitir los ridículos partidos de fútbol de su jefazo o el despilfarro de recursos públicos en propaganda orientada al culto de su personalidad, sin contar el Museo al Ego, su palacio, etc; hoy, recuperada en alguna medida la institucionalidad, se confirma eso que donde pones el dedo, salta la pus. ¿Qué hizo la justicia?

En un futuro no muy lejano, principalmente el Ministerio Público como titular de la acción penal pública y de la investigación de los delitos públicos, tendrá a través de sus altos cargos rendir cuentas de lo que hicieron, no hicieron y como lo hicieron durante aquella larga noche de la tiranía: Caso 24 de Mayo, Masacre de las Américas, La Calancha, Terrorismo y una laaarga lista de hechos en los que o no investigaron, encubrieron o torcieron los hechos y la investigación al extremo de perseguir a quienes alguno de sus amos les ordenó hacerlo, todo sin el menor vestigio de objetividad y peor del Debido Proceso.

Por ello, aunque suene a una de Perogrullo, hoy más que nunca es absolutamente determinante que la administración de justicia recupere su rol institucional para contener esas estructuras absolutamente anegadas de corrupción y hacer justicia asegurando a todos el Debido Proceso, huyendo de la burda venganza que la usa instrumentalmente. Recurriendo a la seguramente más célebre idea de justicia de ULPIANO: “Dar a cada uno lo suyo”, no hace falta ser un experto jurista para concluir que la plurinacional fracasó demostrablemente en su razón de ser, al extremo que más bien, cayó hasta en lo obsceno al fabricarle el “derecho humano” de su jefazo para eternizarse en el poder. Hoy, toda esa reciente historia fétida propia de aquellos juristas del horror, debe servir para que a la vista de las circunstancias y ante la avalancha de denuncias de corrupción, muchas evidentes y otras bastante forzadas, pueda recuperarse la demolida institucionalidad de la administración de justicia boliviana, huyendo de seguir convertida en una trituradora de los opositores de turno y al servicio del que gobierna: ¿Será posible en las actuales circunstancias?

Convengamos en que existen muchos factores que la ponen muy pero muy difícil. Para empezar, todos los altos cargos –Fiscalía General; Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura- continúan en poder de operadores partidarios del régimen huido disfrazados de Magistrados o Fiscales, con abultadas facturas por pagar o con colas de tal envergadura, que les ponen en extrema fragilidad; muchos, dependiendo del fusible a sacrificar, siempre adictos al proceso de cambio (el anterior o ahora, el suyo), están equilibrándose entre sus obligaciones legales y funcionales y, sus (anteriores) compromisos partidarios. Hoy, más que nunca, surgen las facturas a ser pagadas por sus indebidas designaciones, aunque su espinazo tiembla ante lo que les espera en el futuro próximo, ante la evidencia del poco probable retorno de su jefazo y la inminencia de su inexorable rendición de cuentas.

Pese a todo ese panorama bastante negativo, que incluye rotundos giros de un extremo al otro –“Cuando los jueces no obedecen las leyes, sino a los hombres, se comportan como los perros de presa. En el momento en que la correa cambia de manos, atacan a los antiguos amos”, Montaner, dixit- insisto en que la administración de justicia tiene ante sí el monumental desafío y la fabulosa oportunidad, para evitar hacer oídos al sentido de revancha que asoma en muchos casos y hacer justicia en cada caso concreto. Es tiempo de la justicia, no de la venganza y la justicia debe constituirse en el dique que contenga aquellas pulsiones revanchistas, otorgando el Debido Proceso a todos sin considerar ninguna condición que pueda distorsionar su rol garantista. Hacer lo contrario, dará fundamento a quienes repiten aquello de la “persecución política” y estaremos condenando a nuestro país a que siga siendo el de la eterna injusticia: “El Derecho que no lucha contra la injusticia, se niega a sí mismo”. VON IHERING

Lamentable declaración. En una entrevista “al delfín de Evo Morales para las elecciones del 3 de mayo”, Luis Arce Catacora, dijo: "En tres meses destruyeron la economía boliviana" (www.pagina12.com.ar, 20.02.2020). El ex Ministro es hoy candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según Arce los depósitos han caído, la economía se redolarizó y bajó la actividad económica, frente a lo cual promete retornar a los “procesos industrializadores” y continuar profundizando la redistribución del ingreso. Arce Catacora y el difunto Carlos Villegas fueron los ideólogos del llamado Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESOCOPRO).

Contrasta con tal aseveración, la información que el actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero -con la paciencia, la templanza y la didáctica que lo caracterizan- ofrece a través de periódicos informes mostrando lo contrario.

Entre muchas cosas dichas sobre el MESOCOPRO a las que no me referiré (corrupción, despilfarro, etc.) el Ministro Parada afirma que dicho “modelo” funcionó mientras hubo platita -durante el auge mundial- pero con la caída de la renta petrolera el país se hundió en: un gran déficit fiscal; un grave desbalance externo; caída de la inversión pública y la extranjera; un feroz endeudamiento y una inocultable desaceleración económica.

Parada dice que la anterior administración gubernamental (2006-2019): a) Dispuso de la escalofriante suma de 310.000 millones de dólares (5,5 veces más que en igual lapso en tiempos neoliberales) y pese a ello ni la educación ni la salud mejoraron 5,5 veces; b) El déficit fiscal promedio fue del 6,8% del PIB frente al 5,8% de sus antecesores; c) La inversión pública cayó de 5.065 millones de dólares (2016) a 3.769 millones (2019); d) La deuda pública externa trepó de 2.208 millones de dólares (2007) a 11.079 millones (2019); e) El superávit comercial de 14 millones de dólares (2001-2005) se transformó en un colosal déficit de 5.078 millones de dólares (2015-2019). Información oficial, por si…

Además, la Inversión Extranjera Directa Neta que llegó a 1.750 millones de dólares (2015) registró al primer semestre del 2019 una inédita desinversión por -34 millones de dólares (antes de los incendios, el paro nacional y la convulsión social), una clara señal de que el MESOCOPRO no funcionaba ya, y que la economía además de entrar en procesos de desindustrialización, no se destruyó en los últimos 3 meses sino que iba en picada hace varios años ya…

Al peor estilo de varios de sus antecesores del régimen azul que jugaban en las grandes ligas de la ignorancia, principalmente de la jurídica, el temible Ministro de Gobierno le metió no más y en una entrevista ante un medio televisivo, sugirió condenar civilmente a los Abogados que defiendan a violadores y narcotraficantes, asombrando a propios y extraños con esos sus brillantes conocimientos sobre el ejercicio de la Abogacía.

Convengamos que no debe ser Abogado y podría por ello ignorar la elemental normativa aplicable al ejercicio de esta noble profesión. Empero, ya que se las da sistemáticamente de matón y al estar en el servicio público con nuestra plata a través de nuestros impuestos, podría bien utilizarlos, contratándose ya no más como asesor a algún jurista, que pueda hacerle entender por lo menos los elementales marcos nacionales e internacionales que rigen el ejercicio de la Abogacía.

Seguramente por enseñarle que Abogado proviene del latín “advocatus” y a su vez del verbo "advocare" que significa "el llamado", lo que le permitía comprender seguramente con algún esfuerzo, que la función del Abogado implica una función social al servicio de la sociedad, del derecho y la justicia. De ahí que, tratándose de la rama con la que se metió, la penal, resulta imprescindible para que un proceso penal siquiera avance, que el acusado, así sea del crimen más abominable, cuente con un Abogado defensor que, por si acaso, no defiende el hecho o crimen en sí mismo, sino garantiza que su defendido tenga el Debido Proceso. Eso, es un interés del derecho y la justicia, puesto que al estado le interesa –es su obligación, además- garantizar que el juicio sea justo, de forma que si se obtiene finalmente una condena, esta será irreprochable y nadie podrá razonablemente discutirla. Si atendiendo su amenaza ningún jurista tomaría esa función, todos los procesos terminarían extinguiéndose, pudiendo quedar muchos casos en impunidad.

También le enseñaría que la Ley de la Abogacía (No. 387) entre varios, contiene un principio denominado de Libertad de Defensa, por el que franquea a todos los Abogados, libertad para preparar y desarrollar la defensa por los medios permitidos por ley: defender a un acusado de violación o narcotráfico, no le hace a ningún profesional, ni cómplice ni nada por el estilo, de lo que esté acusado su defendido. ¿Porque habría de castigarle o censurarle entonces?

Y por si acaso, la Constitución y prácticamente todos los instrumentos internacionales en la materia que integran nuestro bloque de constitucionalidad, garantizan el derecho de defensa en favor de toda persona (no importa el delito que esté acusado) conceptuándola como amplia, irrestricta e inviolable: es una especie de termómetro del estado de derecho y hasta de una genuina democracia, en la que todas las personas ejercen sus derechos, lo que está claro ignora supinamente, pues pretende castigar a quienes son un medio para ese fin, cuando más bien, ello hasta constituye una obligación estatal. Siendo él agente del estado, asombra que lo ignore supinamente.

Incluso, debiera ilustrarse el temible ministro, pegándole una miradita siquiera a los Principios Básicos sobre la función de los Abogados (aprobados por las NNUU en 1990, incluyendo Bolivia) que precisamente por la naturaleza de nuestra función, garantizan que toda persona está facultada a recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que proteja, demuestre sus derechos y defienda en todas las fases del procedimiento penal, siendo obligación de los gobiernos establecer procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas, sin ningún tipo de distinción.

Seguramente saldría de su oscurantismo, si aprendería que esas salvaguardas universales sobre nuestra función, contienen un capítulo expresamente dedicado a las “Garantías para el ejercicio de la profesión” que impone a los gobiernos garantizar que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (…) c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión e incluso, proclaman que: “Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones”. Definitivamente, la ignorancia es bien pero bien, atrevida.

“El problema principal son los burros, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa un burro, ese es el problema que es irresoluble”. Tremenda aseveración, dicha -no por un “vende ambaibas” o un ignorante- ni por alguien de baja condición. Lo dijo, nada más ni nada menos que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en su discurso sobre la paz social y la democracia en América Latina, organizada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, añadiendo que “el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando “gobierna un burro”, porque eso genera “incapacidad” para gobernar (…) incapacidad productiva, incapacidades en el funcionamiento de las instituciones y genera incapacidad en la gestión de gobierno” (“Para Almagro, el principal problema son los burros”, EL DEBER, 19.02.2020).

En primer lugar, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de los burros, aquellos animalitos que son parte de la creación de Dios; esos jumentos que sirven al hombre para transportarse donde no hay vehículos; aquellos pollinos que llevan carga principalmente en el campo; esas bestias que ayudan en su faena agrícola a los productores. Nada tengo contra tales cuadrúpedos porque parecen haber nacido para ello, y cumplir con tales menesteres está bien. Así las cosas, nada tengo contra tan noble animal.

Ahora, si los burros son buenitos ¿por qué razón, motivo o circunstancia se les dice así a las personas queriéndolas ofender? Porque, si de insultar se trata, cuando alguien no hace bien las cosas, se le grita a voz en cuello: ¡Burro! ¡Eres un burro! ¡No seas burro! ¿Verdad? ¿Acaso en los colegios no se les ponía “orejas de burro” a los alumnos menos aventajados?

Para la Real Academia Española, el término “burro” no solo atañe al animal sino también a una persona bruta e incivil -esto es- necia, incapaz, torpe, falta de civilidad o cultura, sin urbanidad ni conocimiento para un juicio crítico. Seguro Almagro quiso decir esto último, antes que desear ofender a los pobres burros cuyo trabajo simple y duro merece nuestra consideración, aunque de los asnos se diga que son testarudos y obstinados, aunque los hay también mansos, como aquel pollino sobre el cual entró triunfante Jesús a Jerusalén, hace 1987 años.

El 20 de marzo de 2020 habrá elecciones en la OEA donde Almagro busca ser reelegido. Si algunos gobernantes deciden no votar por él a raíz de tal declaración, no faltará quien diga que lo dicho por Almagro no fue -sino- una burrada…

Varios videos circulan por Internet sobre la honradez de los japoneses, mostrando que en Tokyo: parqueos sin cuidantes, donde el usuario paga en un buzón; supermercados donde se toma los productos, se los pasa por la caja registradora y se cancela, sin vigilantes; y, lo más simpático: cajas en la calle con frutas y hortalizas con su precio, sin ningún vendedor, de las que la gente toma lo que quiere y deposita el importe…al final del día el dueño recoge el dinero, las cajas vacías y todos contentos. ¿Increíble, no?

¿Cómo estamos en Bolivia? Llegamos al parqueo y lo primero que nos hacen es clavarnos un alto cobro, muchas veces sin factura; es más, hasta las calles están “loteadas” y ¡ay de ti, si rehúsas decir que no te cuiden el auto! (te saldrá más cara la pulida para borrar la “rayita” que te dejaron de recuerdo).

En los supermercados -¡ni qué decir!- la tendencia al hurto es muy alta, con una gran reincidencia como más de una vez me contó mi hijo Christian, que trabaja en el rubro.

Ahora…¿qué cree que pasaría si dejara Ud. afuera de su puerta una caja con las frutas y hortalizas que produjo, indicando el precio a pagar? ¡No quedaría nada! Pero, no porque “se vendió”, sino porque: lo primero que desaparecería sería el dinero que algún japonés osó dejar por la compra que hizo; luego desaparecerían poco a poco las frutas y hortalizas; finalmente…¡hasta con las cajas cargarían! (el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo)

Para afirmar que lo relatado no es un cuento chino, recurriré a una experiencia familiar en Japón, donde viven mi cuñada Karem y su esposo Satoshi. Volviendo ella de su trabajo en Tokyo, mira en la estación del tren una billetera tirada en el suelo, y como ve que la gente pasa sin recogerla, hace lo mismo; al día siguiente pasa por el mismo lugar y ¿qué creen? La billetera sigue allí, bien gordita... ¿Qué habría hecho Ud.?

Conversando con un amigo -ex Embajador en Japón- me dijo que la honradez es un alto valor de la cultura japonesa y me explicó que cuando se ve una billetera en el suelo, lo correcto es levantarla en alto e ir así hasta la estación de Policía, la que -al recibirla- dirá: “Disculpe”. ¿Qué tal? Para corroborarlo, investigué la devolución de objetos y dinero a la Policía Metropolitana de Tokyo. ¡Sorpresa! La cantidad de dinero perdido devuelto a la Policía en ese país, supera los 30 millones de dólares/año (“Honestidad en Japón: dinero devuelto alcanzó cifra récord”, International Press, 4.03.2019). ¿Cómo para pensar, no?

Triunfada la feliz insurrección ciudadana de las pititas y expulsada la tiranía, comenzó el largo camino no exento de vallas, hacia la recuperación de la democracia y el estado sujeto al imperio del Derecho. En ese contexto, un elemento determinante tiene que ver con establecer un genuino sistema de pesos y contrapesos, que soporte un efectivo cumplimiento de roles institucionales, anulados durante la noche de los 14 años azules: instituciones habían, pero sólo en fachada.

Si bien existen avances con el Tribunal Nacional Electoral o el Ejecutivo, sostengo que la mayor asignatura pendiente está aún en la administración de justicia. No sólo no ha podido renovarse por lo menos en sus altos cargos, todos designados por el MAS recurriendo a estrategias envolventes como las “elecciones” judiciales u otras mañas, sino incluso, en su interior se ha desencadenado un desesperado proceso de designaciones express, congeladas por meses o más en el Órgano Judicial, por el que muchos juristas del horror al servicio del MAS, aparecieron reciclados con nuevos cargos o ratificados (salvando excepciones): el nivel de institucionalización en ese Órgano es patético, caracterizado por la preminencia de servidores transitorios (80% según el Informe del Estado de la Justicia en Bolivia 2018).

Tal pretexto que entraña inocultable discriminación, son ipso facto despedidos apenas les dé la gana a los jerarcas del Consejo de la Magistratura, sin el Debido Proceso o nada por el estilo, con lo que la independencia judicial y sus garantías reforzadas, siguen siendo chistes de mal gusto.

Tratándose del Ministerio Público, la situación es en gran medida similar, pues si bien el actual Fiscal General fue formalmente elegido según procedimientos constitucionales, fuera imposible omitir que fue producto también de la mayoría legislativa del MAS. Tratándose de los Fiscales operativos (los Departamentales y de Materia, principalmente), la situación es sencillamente grotesca si se recuerda que el MP es ante todo, garante de legalidad, pues de esas 9 autoridades departamentales, ninguna ha sido elegida como ordena su propia Ley Orgánica, por lo que no están institucionalizadas desde más de 7 años atrás y de los restantes, sólo algo menos del 10% lo está actualmente.

Ninguna de las administraciones fiscales en poder del MAS (Guerrero y Lanchipa) han hecho algo efectivo -salvo algún lunar, sólo para la platea- para institucionalizar el MP estableciendo como les ordena su propia Ley una genuina carrera fiscal, a la que sus servidores ingresen, permanezcan o cesen, sólo por méritos profesionales y no partidarios.

Considerando que la Fiscalía es garante de legalidad, debiera dar ejemplo de ello, pero resulta hasta burlesco que su propia Ley Orgánica de Ministerio Público No. 254 de 11 de julio de 2012 (sí, leyó bien, de 8 años atrás) le obliga al FGE: a) designar Fiscales Departamentales, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y de méritos a través de concurso público (art. 33.II), habiéndole permitido por única vez hasta que organice el escalafón y carrera fiscal, designar a dedo a los primeros FFDD, lo que ocurrió hace 7 años: desde aquél momento, todos los nombramientos posteriores que deben alcanzar por lo menos a 50 FFDD, son ilegales y se han hecho vulnerando su Ley Orgánica; y, b) tratándose de los Fiscales de Materia, la misma Ley (art. 39.2) establece taxativamente como requisito previo a su designación, haber vencido el Curso de Formación inicial en la Escuela de Fiscales, lo que en la gran, pero gran, mayoría de los varios cientos de nombramientos, jamás ocurrió. Le metieron no más.

En flagrante incumplimiento de sus elementales deberes institucionales, la Fiscalía ha mantenido un sistema perverso que funciona así: designan funcionarios a dedo, principalmente por cuestiones partidarias y cuando el designado no les hace caso, se le despide inmediatamente (con el encubrimiento y cobardía del resto de operadores del partido, sea a nivel judicial o constitucional).

Así las cosas, la administración de justicia que en un sistema genuinamente democrático debe ser independiente de todos los poderes fácticos (entre ellos, el partidario) porque su razón de existir es ponerles límites, se mantiene en garras del anterior oficialismo (salvando las excepciones que existen). Mientras no haya una profunda reforma del sistema de justicia, lo que empieza por establecer una genuina carrera de ingreso, permanencia, evaluación y salida institucional, seguirá perpetuándose la tristemente célebre fama de muy poco confiable y hasta temible de la justicia boliviana. El viejo CARRARA decía: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la Justicia sale disparada por la ventana”.

Jeanine Añez, era hasta hace 2 meses una desconocida, pero la pésima administración de la crisis del anterior gobierno, sumada a su arrogancia y la improvisación llevada al extremo derivaron en la peor crisis democrática de la historia de Bolivia, posibilitando una mezcla de casualidad y de mucho marketing político que crearon un personaje dotándole una serie de características y atributos impostados. Una nueva estrella había nacido, tal como si se tratara de la fórmula para la creación de una pop star. Jeanine deslumbraba y seducia a muchos que encontraban en ella lo contrario al alterego de Evo, por ello la popularidad de Jeanine había crecido como la espuma, ya que en el plano simbólico representaba el “anti-evo”.

El Politainment mediático edulcoró y magnificó el “ser emocional” de nuestra nueva pop star, dispuesta a hablar de sus sentimientos, mostrarse vulnerable y crear un vínculo afectivo con su auditorio, marcando un antes y un después respecto al prototipo cavernícola-machista, que aún piensa, que mostrar sus emociones es un signo de debilidad.

Estamos ante un tiempo de clara sentimentalización de la política, por ello un importante segmento de los bolivianos le han dado un periodo de gracia y apoyo al “gobierno transitorio” que no va tanto en favor de Añez, cómo de aceptar cualquier alternativa -aunque esta sea ilegal e ilegítima- para evitar el retorno de Evo, este apoyo hubiera sido el mismo independientemente de la persona circunstancialmente designada. Hay propuestas varias -en muchos casos ingenuas- como la del Ing. Villegas que piensan que todos los políticos deberían ceder a sus ambiciones personales y corporativas, para promover una candidatura única y así evitar la dispersión de votos llegando al extremo de sugerir, que deberían distribuirse el país geográficamente todos los partidos opositores al MAS (cartelización de la democracia), presentando candidaturas pactadas territorialmente y así bajar de listas a candidatos uninominales para concentrar el voto. Pero esto no resuelve ningún problema, ya que las diferencias y contradicciones del espectro político de centro-derecha son profundas e insalvables, un gobierno Frankenstein podría colapsar más temprano que tarde por la multiplicidad de intereses corporativos que representan y por la profunda incompatibilidad de visiones y estilos, haciéndole un grave daño a la economía boliviana. Claro ejemplo de ello, es el fracaso de la cumbre por la unidad organizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, palestra que se convirtió en un triste espectáculo político, así como evidenció el realismo mágico de una candidatura única de centro-derecha.

El pueblo en su infinita sabiduría siempre ha concentrado el voto entre los que tienen mejores opciones, sino recordemos la elección de octubre pasado, en la que los grandes gurús del MAS jamás contemplaron el nivel de concentración de voto en favor de Carlos Mesa, invirtiendo equivocadamente su tiempo y recursos al intentar hacer crecer a Oscar Ortiz, quien por ironía de la vida, ahora gobierna el país a través de Añez como representante de su partido.

Lo que pasa es que después del momento de euforia se va desvaneciendo la “moda pitita”, el velo de la idealización de una transición perfecta, de a poco se va desgarrando, pero lo que siempre duele, es darse ese baño de realidad que rompe con la ilusión creada por la asonada que derrocó a Evo, para darnos cuenta que los “nuevos políticos” resultaron simples mortales mezquinos, irascibles, ambiciosos, manipuladores, mentirosos y egoístas. Se trata de tremendo desafío ¿Cómo construir democracia, sin demócratas? ¿Realmente Tuto, Añez, Mesa y Camacho representan al mismo bando? O fueron solo parte de un sueño que cohesiono la “moda pitita” y que un amplio segmento de la población quiso creer. Pero lo que realmente importa saber es sí: ¿Todos los bolivianos estamos en el mismo bando?, ¿Cambas, chapacos, collas, cochalas, orucos, chuquis, potocos, etc., somos grupos homogéneos que queremos lo mismo?

Lo cierto es que hay una multiplicidad de sensibilidades como formas de interpretar la realidad, o de auto-identificación inclusive desde el “antimasismo”. Pensar en juntarlos por la fuerza, o por valoraciones del deber ser, podría resultar un coctel explosivo de alta volatilidad. Es importante sincerarnos, mirar la realidad, no mentirnos y dejar de censurar al que piensa diferente, ya que solo desde la genuina reconciliación podremos salir de esta gran fractura social, que amenaza la convivencia social más allá de cualquier gobierno que asuma el poder.

Parte de este sinceramiento pasa por reconocer, que el “oportunismo” del actual gobierno es una característica del boliviano, la famosa “Viveza Criolla” que está arraigada en nuestra cultura política, y por ello no debemos escandalizarnos, porque los bolivianos pensamos y actuamos en consecuencia. En esta ocasión aprovechando la oportunidad, abrimos un seteris paribus a título de “gobierno transitorio”, donde todo pareciera posible a nombre de la “pacificación del país” (persecución, venganza, judicialización), hemos ingresado a una delicada espiral de abusos y excesos del actual gobierno autoritario, que además son justificados por la sociedad. Los cierto es que la ciudadanía es la única que puede reaccionar para sancionar el uso y abuso de los bienes y del poder Estado.

Al presentarse Añez precariza su mandato, por encontrarse en un delicado periodo adicional extra-constitucional autorizado por un frágil y cuestionado Tribunal Constitucional, que además fue motivado por la necesidad de preservar la estabilidad del manejo del Estado, para precautelar el desarrollo de elecciones transparentes que a día de hoy están en tela de juicio, porque ni el mismo TCP sabía que la convocatoria a elecciones era para Jeanine Añez. Vale la pena recordar que Rodríguez Veltzé el 2005, se limitó a convocar elecciones y a garantizar una transición pacífica y democrática. Por esto la denuncia de Roxana Lizárraga pareciera cobrar fuerza, al señalar que “daría la sensación que efectivamente el actual gobierno ha perdido sus objetivos, y que se convirtieron en aquello que decían venir a combatir”. Tuto por su parte, sentenció que “al ser un gobierno de transición, sectores y regiones no exigían solución a sus problemas, pero ahora un gobierno en campaña busca prorrogarse en el poder, con el riesgo de entrar bajo el asedio de diversos grupos de presión, sin mayoría en el congreso, sin espalda política, ni margen económico para atender el diluvio de las demandas que se vienen”.

Hay un conflicto recurrente que versa sobre la frialdad con la que el Estado persigue sus objetivos versus un sentimentalismo ciudadano permanentemente indignado, que equilibran la razón burocrática y el corazón civil, entre las acciones del poder y la frustración del ciudadano, que valora desde la corrección política el deber ser de las acciones de sus gobernantes. Rompiendo así el sueño de una esfera pública cómo espacio de encuentro sosegado, pacífico y de unión entre los bolivianos, que constituyó la principal promesa de la pititacracia traicionada.