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En estos tiempos ultra super recontra digitales, formo parte de varios grupos de WhatsApp intregrados por colegas Abogados, en algunos me han añadido de oficio y en otros, decidí ingresar y, especialmente, permanecer. Nunca me hice problema de lo que cada colega vea por conveniente publicar lo que va desde temas académicos, pasando por opiniones políticas partidarias, hasta cualquier otro tema incluyendo propagandas de comidas, khalas, etc que, entiendo, resultan de su interés o estima lo será del resto de integrantes; pues están simple y llanamente, ejerciendo su libertad de opinión y expresión.

No deja sin embargo de sorprenderme que algún colega –el temible administrador o similar- ante alguna publicación para su gusto o el de algún otro integrante que le arenga, que no cumple sus gustos o estándares permitidos para su criterio, amenace o sin el Debido Proceso, expulse ipso pucho del grupo, dice por “infringir las normas internas” ¿Cuáles?, por azotar su buen y ponderado gusto o cualquier otro pretexto temiblemente arbitrario, erigiéndose en el vil rolcito de comisario de la libertad de expresión. Puaj!!!

Asombra aún más, que esa ignara postura provenga de algún estudiado en leyes, que se supone al menos, conoce perfectamente que ese ejercicio de la libertad de pensamiento se exterioriza a través de la libertad de opinión o expresión, se trata de un derecho fundamental civil (21. 5 y 6 de la CPE) franqueado en favor de toda persona, para expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones por cualquier medio de forma que todos podemos acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla –nuevamente- libremente, sea individual o colectivamente y, sobre todo con el añadido expresamente establecido (art. 13 de la CADH) que ese ejercicio, no está sujeto a censura previa –de ahí lo ridículo de meterse de comisario- y comprende, la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de, TODA índole. Más clarito, agua bendita. 

Incluso, la jurisprudencia de la CORTE IDH ha dejado vinculantemente resuelto que su ejercicio alcanza no solo a las informaciones o ideas que sean favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al estado o a una fracción cualquiera de la población, pues constituyen presupuestos del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales, no existe una genuina sociedad democrática.       

Con base a tal razonamiento, la CORTE IDH ha construido su célebre doctrina –imposible que algún jurista la ignore- del estándar de las dos dimensiones: la persona individualmente tiene el derecho y libertad de difundir su propio pensamiento, pero también colectivamente, todos tenemos ese mismo derecho y libertad de recibir informaciones e ideas, de los otros.

Pues bien, más allá de lo que acontece con esos grupos que a veces son un pésimo ejemplo de aquello que en casa de herrero cuchillo de palo, qué difícil le resulta al poder peor cuando está desbordado aceptar que los periodistas, en legítimo ejercicio de su trabajo, difundan y circulen ni siquiera ideas y pensamientos, sino imágenes, testimonios u otras informaciones sobre el estado del arte de nuestra sociedad, que eventualmente, no sean de su agrado, por mucho que se acerquen a la realidad. Eso explica que entre los “enemigos” de todo gobierno de corte autoritario y peor degradado en dictadura, estén invariablemente los medios de comunicación que no les aplauden como focas como aquellos para estatales –Raúl Peñaranda dixit, en su “Control Remoto”- sean tratados como tales. 

En las últimas semanas, vemos desagradables ejemplos de ello; por ejemplo cuando los grupos armados e impunes de avasalladores la emprendieron contra la prensa, la barra del Ministro de “educación” renunciado; los movimientos sociales del gobierno u otros de sus serviles movimientos, agreden a los mensajeros, tratando de distraer la atención pública el mensaje de fondo o revelando el talante del poder, sensiblemente tornado irremediablemente en autoritario como lacra de los últimos gobiernos nacionales. 

Definitivamente, el boliviano con cualquier nivel de poder –desde el gobernante, hasta el administrador de los grupos de whatsapp auto convertido en comisario- tiene una relación tortuosa con la libertad de pensamiento y expresión. ¿Será por aquello de ORWELL, cuando sentenció que: “La libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír” .               

El pasado 7 de octubre se conmemoraban 20 años del inicio de la Guerra en Afganistán, y a diferencia de las conmemoraciones realizadas el 11 de septiembre para recordar a las víctimas de los ataques a las Torres Gemelas, este aniversario tuvo un sabor mucho más agrio, siendo que los Talibanes tienen el poder en Afganistán y el escenario político no tiene perspectivas de mejorar. 

El 11 de septiembre de 2001 cambió la historia, no solo para EEUU, si no para el mundo, y la situación en Afganistán es solo uno más de los numerosos ejemplos de esto. En Bolivia los efectos pueden parecernos más desapercibidos, pero para bien o para mal, hace 20 años cambió la política mundial, incluyendo a América Latina y al mundo. 

Dentro de los efectos obvios que podemos observar desde nuestro país está la imposición de mayores medidas de seguridad en los aeropuertos, las mayores dificultades impuestas para viajar a EEUU y la condenas al terrorismo, condenas que Bolivia apoya. Dentro de otras consecuencias que se pueden percibir a nivel mundial está el aumento de casos de Islamofobia. En Bolivia, país con una población declarada creyente de la fe islámica menor a las 3000 personas y con prácticamente nulos casos de terrorismo, sobre todo por parte de musulmanes, esto parece un problema menor, pero a su vez contribuye a la creación de estereotipos sobre la comunidad islámica. 

Un claro ejemplo de esto es como a mediados de agosto, cuando el poder de Afganistán cayó en manos del Talibán, en las redes sociales se manifestaban numerosos comentarios islamofobicos, tachando prácticamente a toda la fe de terrorista y a todas las mujeres islámicas de oprimidas, ignorando que muchas, principalmente en los países de occidente, tienen la opción de decidir cómo manifestar su fe. 

Los ataques del 11 de septiembre cambiaron a Estados Unidos, pero sus secuelas cambiaron al mundo, y sobre todo cambiaron las vidas de millones de personas en el Medio Oriente. Pensar en el 11 de septiembre generalmente nos lleva a pensar en las torres gemelas, en el pentágono, en los aviones y en el presidente George Busch parado sobre los escombros dando un discurso motivador. Pero en lo que también deberíamos pararnos a pensar es en el resto: en la declaración de la guerra del terror, en los miles de crímenes de odio contra la comunidad islámica que se suscitaron, en los millones de civiles afectados en el Medio Oriente por las intervenciones estadounidenses y hasta en porque cada vez que vamos a tomar un avión nos piden que nos saquemos las botas y nos revisan cada pequeña cosa que cargamos. 
 

Dos veces he estado frente a gente armada y -como víctima- doy fe de lo que se siente al estar amenazado. Escribo esta columna, a propósito de los insufribles avasallamientos a predios productivos que se están dando en Santa Cruz, una práctica al margen de la ley que ha derivado en enfrentamientos, heridos y secuestros por gente armada, en una clara actividad delincuencial.

Recuerdo que en 2013 los avasallamientos a más de 100 predios en producción motivó al periódico estatal “CAMBIO” a realizar una investigación “in situ”. Admirador y defensor de la actividad agropecuaria cruceña, indignado -además- por la agresión al sector agroproductivo, me ofrecí a acompañar dicha labor periodística, sin ver el peligro que entrañaba.

El 7 de noviembre de 2013 fuimos al encuentro de una columna de avasalladores y hallamos sus vehículos en Limoncito, al Norte de Santa Cruz, a 100 km de la capital; pero, antes de darnos cuenta -Jorge Mamani, fotógrafo de “CAMBIO” y mi persona- nos vimos rodeados por una turba con armas de fuego y machetes, que nos zarandeaban y golpeaban queriendo arrebatarle la cámara fotográfica a él, y a mí, mi celular con el que filmaba; solo por la gracia de Dios y el grito de “¡Estado Plurinacional, Estado Plurinacional!” proferido por la periodista Karem Gandarillas, que se abrió paso mostrando su identificación del Ministerio de Comunicación, nos salvó de ser víctimas de aquel centenar de avasalladores y traficantes de tierras. Confieso que sentí temor, rabia e impotencia, por la agresión. El hecho indignó a las autoridades y se ordenó una profunda investigación.

La segunda vez que me vi amenazado por un arma fue el 4 de abril del 2014, a las 20:45 horas, en la plazuela del Barrio Avaroa, en Santa Cruz de la Sierra, pese a la potente luz de los faroles y 7 personas sentadas en derredor, que no hicieron nada para defendernos; uno de los asaltantes me puso el revólver a la altura de la nariz, mientras el otro inmovilizaba a mi esposa Jannet. Grande fue el susto, primero, y la impotencia después, porque nos robaron prácticamente todo. Sentamos denuncia ante la FELCC, pero no recuperamos nada. El consuelo fue que, gracias a Dios, “la sacamos barata” porque el daño pudo haber sido peor.

Hago este relato solidarizándome con mis amigos productores del agro cruceño agredidos por los avasalladores, así como también, con mis colegas y amigos de la prensa Silvia Gómez, Mauricio Egüez, Jorge Gutiérrez, Sergio Martínez, Nicolás García y Percy Suárez, hechos rehenes, amenazados y torturados por encapuchados el pasado 28 de octubre en Guarayos, solo por cumplir con su labor de investigar sobre los avasallamientos. He visto sus rostros atemorizados y sus lágrimas, he escuchado sus dramáticos relatos y su dolor, por eso esta columna...

No es un tema menor. El Comandante de la FELCC confirmó que había como 70 hombres armados en Las Londras, donde se produjo tan nefasto hecho. Caldeados los ánimos como están, cuidado que la sangre llegue al río...

Volviendo al suceso del 2013 en Limoncito y la investigación realizada, dice Karem Gandarillas: “La gente armada fue detenida gracias al registro de prensa y a periodistas decididos a comunicar la verdad, cuya labor se hizo patente mediante una serie de trabajos de investigación que ayudaron a hacer justicia, tanto en los estratos judiciales, como con la Ley 477, contra el avasallamiento y tráfico de tierras del 20 de diciembre de 2013. El trabajo de prensa es una labor peligrosa, pero ante todo, un apostolado que lleva luz allá donde nadie se atreve a llegar; es, por tanto, uno de los más altos servicios a la Patria y a sus hijos”.

Se ha dicho que el secuestro y la agresión a periodistas, civiles y policías en Las Londras no quedarán impunes (“Gobierno advierte que será implacable contra aquellos que entran a propiedades y secuestran personas”, boliviaaldia.bo, 29.10.2021). Ojalá así sea, como en 2013, cuando se entendió que, de parar los avasallamientos dependía el normal abastecimiento de alimentos…

Acaba de correrse la última versión del Circuito automovilístico Oscar Crespo Ciudad de Sucre, batiendo un nuevo récord que alcanzó a 288 binomios participantes que van desde los competidores de antaño, buggys y todas las restantes categorías, conmemorando nada más ni nada menos que los cincuenta años de la fiesta automovilística chuquisaqueña, sus bodas de oro. Nadie puede preciarse de piloto en Bolivia si no ha corrido el Oscar Crespo y ganarlo, es la mayor satisfacción de cualquier tuerca. Si eres Chuqui, la gloria.

No tengo capacidades para comentar desde lo deportivo, pero a la vista de lo que significa para todo chuquisaqueño de fuste –que me precio de serlo- me resulta imposible no aprovechar las bodas de oro de nuestra fiesta, para intentar siquiera, transmitir lo que significa aquí nuestro Oscar Crespo Ciudad de Sucre.

Hace mucho tiempo que dejó de ser simplemente de una carrera automovilística más de las que se compiten en nuestro país o el exterior. Se trata de una institución chuquisaqueña que acarrea un conjunto de sentimientos, costumbres y por supuesto pasiones. Moviliza a toda una ciudad –imposible medir con alguna precisión la multitud que sale a la ruta y/o la sigue a través de los medios que incluyen drones, TV, RRSS y las radios que han contribuido notablemente por generaciones al éxito que es-, incluyendo el movimiento económico que genera y el enorme interés que suscita desde semanas antes de la carrera.

Quiero aquí resaltar fundamentalmente la cultura que ha producido la fiesta tuerca, entendida esta como aquel: “Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo”. Huyendo de aquellos entendimientos muy respingados que con esos pretextos suelen discriminar otros, sostengo que es innegable obviar que en Sucre, CAPITAL, el Circuito Oscar Crespo Ciudad de Sucre en estos sus gloriosos 50 años, ha generado no sólo un movimiento estrictamente deportivo, económico u otros directamente vinculados, sino también cultural en términos de esos conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, además de una pasión que sólo los chuquisaqueños o quienes aquí residen, la sentimos y/o contagiamos.

Ello explica más allá de toda duda razonable estos 50 años de pasión, que van y me quedo sin duda alguna corto (“Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma” decía el Fray Luis de León), desde ese sentimiento de pasión con que los chuquis seguimos la carrera, ni qué decir de los que se dan el gustito de correr aunque sea una vueltita para aspirar a lograr su brevet como piloto, la emoción que sentimos al ver los bólidos atravesando el centro histórico de la ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad pues no existe ninguna otra ciudad en el orbe con ese gustito –y riesgo, claro está- salvando el Principado de Mónaco en Formula 1; los libros publicados, ediciones especiales de los diarios, cervezas, chocolates y hasta el bello museo que se organizó en homenaje al más célebre de sus hijos, el Gran Oscar Crespo Maurice (+) incluyendo la plazuela que el Gobierno Municipal tuvo a bien inaugurar como homenaje, incluyendo un vehículo de competición y su busto. El rol de los medios locales ha sido fundamental, empezaron con lo más rudimentario y hoy se lucen con drones, TV en directo, RRSS, etc. Ellos también han generado todo un know how por generaciones, festejando décadas sino sus bodas de oro transmitiendo.

Probablemente si no ha vivido ese clima que se respira en la CAPITAL antes, durante y después del Oscar Crespo Ciudad de Sucre, le parezca una exageración, habrá que vivirla y disfrutarla, si les cabe alguna duda. Es que, como escribe Emilio BUESO: "El arte me hace vibrar y también los sentimientos intensos. Al fin y al cabo son la misma cosa."              
 

A la vista del último fallo del Tribunal Constitucional sobre la petición de nulidad de su sentencia 084/2017 aquella por la que inventó el “derecho humano” a la reelección indefinida, resulta inocultable que se están dando a la fuga para ingresar a resolver el fondo de ese asunto. Recordemos que el 2019 un grupo de Abogados constitucionalistas a los que luego se adhirieron cerca de un millar de ciudadanos, alegando en Derecho formulamos una petición de nulidad de esa sentencia por violaciones de los derechos fundamentales de la ciudadanía boliviana. No se trataba de una cuestión usual, aunque hubo ya un anterior antecedente, pero expusimos nuestros argumentos constitucionales y convencionales, esperando recibir una respuesta parecida de aquel Tribunal. 

En aquellos momentos (2019) aun la CORTE IDH no había recibido siquiera la petición de Opinión Consultiva sobre ese tema y, el TCP se guardó por más de un año su respuesta, hasta que –amparo constitucional de por medio para que se pronuncien- hizo aparecer en un acto de magia plurinacional la respuesta, aunque con fecha de año y medio antes (dice, que la habían tenido bien guardadita, esperando no sé qué…). Dijeron que los peticionarios no teníamos derecho a formular esas peticiones, por lo que impugnamos esa curiosa decisión y finalmente, esta semana recién pasada, su Pleno ratificó aquella decisión de su Comisión de Admisión, señalando: (i) que esa nulidad no está prevista por el Código Procesal Constitucional; (ii) que los peticionarios no tenemos legitimación activa dentro de acciones de inconstitucionalidad abstracta; (iii) interpretan regresiva y desfavorablemente que tal legitimación persistiría en ejecución del proceso constitucional concluido, siendo por tanto los únicos facultados para intervenir – en acciones de inconstitucionalidad- el Presidente del estado; asambleístas nacionales o departamentales y el defensor del pueblo-; concluyendo que los agravios denunciados como la vulneración de la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, derecho a ser oídos mediante recurso efectivo y otros, no fueran evidentes.

Pues bien, tanto la resolución de la Comisión de Admisión y la confirmada ahora por su Pleno, “omiten” un aspecto determinante: jamás los peticionarios presentamos una nueva acción de inconstitucionalidad o algo similar que permita reparar en la legitimación activa reservada a aquellos altos cargos. Conforme sale elementalmente de la simple lectura de nuestro memorial y sus adhesiones, se trata de una petición amparada en ese derecho fundamental franqueado en favor de TODA PERSONA por –entre otras- las garantías previstas por los arts. 115. I de la CPE; 8.I y 25 de la Convención Americana de DDHH; 8 de la Declaración Universal de DDHH y 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en ejercicio al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano. Norma última que es de ius cogens, es decir, inderogable, imperativa y no admite entendimiento contrario por los estados, según todos esos IIII.       

Ese excesivo formalismo o rigorismo del TCP –absolutamente contrario hasta a su propia jurisprudencia que pontificó en otros casos sobre el pro actione, prevalencia del derecho material sobre lo formal, pro homine, favorabilidad, no regresividad, etc- se explica por un dato absolutamente determinante que su Presidente hasta dijo no saber oficialmente: después de la petición, su primer rechazo y mientras se resolvía esta impugnación, la CORTE IDH emitió en Junio su Opinión Consultiva 28/21 por la que resolvió definitivamente que no existe el derecho humano a la reelección indefinida; que su prohibición resulta compatible con el corpus iuris de los DDHH y que la habilitación de la reelección presidencial indefinida resulta contraria a los principios de la democracia representativa. 

Como esa Opinión Consultiva es vinculante para el estado boliviano y sus agentes –entre ellos, los Magistrados del TCP- les era imposible evitar cumplirla y, hubiera sido otro enorme papelón del calibre de la SCP 084 decir lo contrario, por lo que ante la petición de nulidad de aquel esperpento, optaron por huir de resolver el fondo y se fueron por la tangente: que los peticionarios no somos seres humanos para estar presentándoles peticiones (algo muy diferente a una nueva acción de inconstitucionalidad); como dijo un colega del oriente: le andan ocultando la nalga a la jeringa. 

Están entonces nuevamente abdicando de su rol de guardianes de la Constitución, huyendo a como dé lugar para dar la talla, perdiendo la fabulosa oportunidad pese a su evidente ilegitimidad de origen por su derrota en las elecciones judiciales, de dotarse en alguna medida de legitimidad de ejercicio, resolviendo en Derecho una controversia que ha generado gravísimos efectos lesivos para la sociedad boliviana y hasta la burla en los círculos serios del Derecho Constitucional. El padre del psicoanálisis Carl Gustav JUNG enseñó: “Las personas podrían aprender de sus errores, si no estuvieran tan ocupadas negándolos”.    
 

Santa Cruz no es la panacea, sin embargo, para mucha gente es la tierra de las oportunidades, donde -como dice el Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ing. Luis Barbery Paz- el “sueño boliviano” se ha hecho realidad para decenas de miles y miles de compatriotas que migraron buscando mejor suerte. Siempre habrá quienes lo nieguen, pero a la luz de la estadística, el progreso en la región cruceña es real y para evitar las subjetividades, están los números que dan cuenta de los resultados, fruto del exitoso modelo de desarrollo cruceño.

La incidencia de la pobreza en Santa Cruz es la más baja del país: mientras en Bolivia de cada 100 personas 39 son pobres, en Santa Cruz lo son 23; en otros departamentos el nivel de incidencia de la pobreza incluso llega al 65% y 57%.

La migración de personas y empresas del interior del país a Santa Cruz, como “polo de atracción”, no se detiene. En términos demográficos, el Censo del 2012 mostró que la región cruceña casi igualó a La Paz con cerca de 2,7 millones de habitantes, pero según las proyecciones del INE desde hace algunos años ya superó a la población paceña y, para el año 2025, estará con 500.000 personas por encima.

Este crecimiento tiene su correlato en el espíritu emprendedor cruceño que apuntala su economía haciendo que: el PIB regional crezca hasta superar los 12.000 millones de dólares en 2019; aporte ese año con cerca del 30% al PIB nacional; con más del 40% al PIB agropecuario del país y que la dinámica del PIB regional jale a la economía boliviana al crecer más que ésta; por eso Santa Cruz es la locomotora del país, de ahí que si a Santa Cruz le va bien, le irá bien a Bolivia ya que el eje económico se ha trasladado al oriente.

Gracias al modelo de desarrollo cruceño, basado en la actividad privada agropecuaria, agroindustrial y la agroexportación, Bolivia es autosuficiente en casi todos los rubros alimenticios, excepto el trigo: 74% de los alimentos los genera la región; Santa Cruz significa 30% de las exportaciones totales; 70% de las no tradicionales y 78% de las agroexportaciones. La exportación de soya y derivados aportó con casi 15.000 millones de dólares por 39 millones de toneladas vendidas desde que se la produjera experimentalmente en los años ´80, para subir con fuerza en los ´90 produciendo a escala con, la mira en los mercados de la Comunidad Andina, coadyuvando a ello el único evento biotecnológico autorizado en 2005 (soya RR), para mejorar su productividad.

Pero, a la hora de hablar de resultados del modelo de desarrollo cruceño es bueno ver también a la gente: en 2020 la pobreza en Bolivia era del 39% y la extrema de casi 14%, en Santa Cruz del 23% y 7%, respectivamente. La electrificación que tenía una cobertura del 46% en 2006 ha pasado al 98%; el acceso al agua potable es hoy del 96%; sus carreteras suman 6.300 km, gracias al inédito modelo redistributivo de las regalías que implementó el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz con 50% de las mismas para obras en provincias productoras de hidrocarburos, 40% para las no productoras y 10% para los pueblos indígenas.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) cruceño, como indicador de la situación del individuo respecto a la esperanza de una vida larga y saludable con acceso al conocimiento y un nivel de vida digno, ha ido en ascenso, por encima del IDH de Bolivia (0,682 versus 0,675 el año 2012). El Índice de Gini (desigualdad de ingresos) regional mejoró de 0,59 en el 2000 al 0,40 en 2019, superando al de Bolivia, aunque bueno sería avanzar más en ello.

¡Cuántas veces se mira el éxito cruceño y se lo niega, envidia, minimiza o ridiculiza, ignorando el esfuerzo, el sacrificio, incluso el fracaso, antes de llegar al triunfo! Santa Cruz es tierra de oportunidades -es verdad- pero también, de duras y estoicas batallas a librar.

(Basado en el libro “Modelo de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito”, IBCE / SEGH-SC, 2021. Se lo puede descargar de: www.ibce.org.bo)
 

No solo la jefa de la bancada de Comunidad Ciudadana, Diputada Andrea Barrientos, señaló tener más en común con el MAS que con CREEMOS, el mismísimo Carlos Mesa, representante máximo de CC, hoy excandidato a la presidencia, reconoció en varias oportunidades -desde escritos hasta conferencias- los Logros del MAS y de Luis Arce en la gestión pública, incluso comparo a Evo Morales con Simón Bolívar (el Libertador). Por ejemplo; el 2015 Carlos Mesa escribió el siguiente texto:

“El ministro Arce demostró un manejo adecuado de la macroeconomía en todos sus ámbitos, manejo acompañado por la exhibición de unas cifras simplemente impresionantes. Tamaño del PIB nacional, crecimiento anual de ese PIB, inflación controlada, reservas internacionales, superávit fiscal, son contundentes”. (Carlos Mesa G. Economía, La Prueba De Consistencia. Fuente: Diario Página Siete. 2015)

Otro escrito de Carlos Mesa reconoce que la vida de los bolivianos y la competitividad del país cambió en la gestión del MAS, escribe Carlos Mesa:

"La inversión intensa y sostenida en infraestructura, con antecedentes relevantes durante el período democrático, cobró un ritmo y una velocidad que permiten pensar que el país por fin recupera competitividad y transforma las vidas de compatriotas que por siglos vivieron cerca de una mala carretera de tierra, sin luz y sin agua. Bolivia, finalmente, puede completar su camino de modernización". (¿Modernización tardía? Fuente: Pagina Siete. 2015)

En sus dos artículos referidos a la “Pobreza, Logros y Desafíos” Carlos Mesa escribe:

“…Uno de los logros relevantes de este gobierno es, sin duda, el significativo avance en la lucha contra la pobreza. La pobreza en general ha disminuido de más de 60% en 2003 a 45% en 2013, y la pobreza extrema de 40% en 2003 a 21% en 2013. El avance más significativo en sólo ocho años del que tengamos memoria” (Lucha Contra La Pobreza: Logros Y Desafíos. Blog De Carlos Mesa 2013)

Postura que ratifica en noviembre de 2017, cuando indica:

“La pobreza disminuyó de casi el 60% al 39%, una cifra notable, 21 puntos menos, mientras que la pobreza extrema pasó de 36,7% a 16,8%, una reducción de más de la mitad. Se trata de un rango que no tiene precedentes en nuestra historia y que no podemos menos que reconocer”. (Carlos Mesa Pobreza, Logros Y Desafíos Fuente: Diario Página 7. 2017)

Además, Carlos Mesa reconoce el sólido Modelo Económico de Luis Arce Catacora y que gran parte del éxito de Evo Morales se debe al mismo cuando Señala:

“Uno de los ejes fundamentales de todo el andamiaje de este proceso político ha estado en el ministerio de Economía y Finanzas” “Los pros y contras de lo hecho hasta ahora estuvieron siempre bajo el brillante celofán de unas cifras macroeconómicas que no permiten discusión”. “(…) la grasa acumulada en casi una década permitiría a Bolivia pasar el trance de la caída de precios con tranquilidad” (Carlos Mesa G: Economía, La Prueba De Consistencia. Fuente: Página 7 2015).

Nadie que no sea admirador de la capacidad de gestión de una persona, escribe así, peor si se compara a Evo Morales con el mismísimo Libertador Simón Bolívar como hace Carlos Mesa en 2010:

“El Presidente Morales es en ese y otros muchos sentidos un caso excepcional. Lo es porque como nunca antes desde Simón Bolívar a hoy, una figura política cobró una trascendencia mediática de tal magnitud, es además la figura boliviana de mayor proyección internacional que hayamos tenido nunca.” (Carlos Mesa G: Morales, Las Razones De La Entraña. Fuente: Blog Personal De Carlos Mesa 2010)

Estos escritos, entre muchos del 2010 al 2017, demuestran una constante en el pensamiento de Carlos Mesa respecto al MAS y a Luis Arce.

Para concluir:

1. Después de semejantes elogios al MAS, a Evo Morales y a Luis Arce, es imposible entender por qué CC juzga a una diputada y no a Carlos Mesa Gisbert como máximo representante de la fuerza política en mención, es decir, se castiga a una joven diputada con la renuncia a su cargo en tanto se socapa al máximo jefe de CC, la vida también sirve para enseñarnos a sentir vergüenza¡¡¡
2. Que la propia oposición reconozca la gestión de Evo Morales, del MAS y de Luis Arce es la prueba viviente de que su crítica política no pasa de la retórica y el discurso político, pues en varios escenarios, no solo Carlos Mesa, sino, otros líderes de oposición reconocieron los méritos del proceso de cambio.
3. La diputada Andrea Barrientos no cometió ningún acto irregular, tampoco tomo una postura ajena a su partido, es más, si comparamos el comentario de Andrea Barrientos con los Textos de Carlos Mesa sobre el MAS, este último parece militante del MAS, por ende, Comunidad Ciudadana cometió una injusticia con Barrientos,.con que moral se puede criticar a la justicia nacional si al interior de su fuerza política se socapa a unos y se sanciona a otros, después de todo, Andrea Barrientos solo dijo tener “más coincidencias con el MAS que con creemos”, en tanto Carlos mesa comparo a Evo con el mismísimo Libertador.
4. Es imposible que la diputada Andrea Barrientos (lo mismo Carlos Mesa en sus escritos) haya mentido al momento de reconocer la una sus coincidencias con el MAS, no obstante toda la oposición, hasta Carlos Mesa, la cuestionó de forma despiadada, hecho que debe llamar nuestra atención por que se esta castigando la sinceridad, quienes quieren políticas y políticos sinceros con el pueblo debían respaldar a Andrea Barrientos por la valentia con que manifestó su postura... La decencia tambien se práctica contra las hipocresías... 

Había opinado hace semanas que, tratándose de la reforma al sistema de administración de justicia boliviano, existe acuerdo unánime sobre su urgente necesidad, aunque el cómo y el cuándo estaban aún sobre la mesa, dando por descontado que el para qué nos quedaba clarísimo. Me equivoqué.      

Al menos, a juzgar por los últimos parches introducidos –Ley No. 1390- y otras en trámite legislativo como la relativa a la legitimación de las ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva; sostengo que si ellas forman parte de la reforma –en lo normativo, pues una reforma abarca muchísimos otros aspectos- parece que el nudo gordiano de cualesquier reforma al sistema judicial de un país que se dice, democrático, o no está claro para quienes toman esas decisiones o más bien, está clarísimo pero, no condice con lo que la ciudadanía espera y merece de su sistema de justicia.

Y es que en este tema, es decir, el para qué de una reforma de justicia de gran calado, no existen muchos misterios. Para mi gusto – conste en obrados que me he declarado garantista con sentencia condenatoria ejecutoriada, sin remedio- o se hace una reforma para protegerle al ciudadano del poder del estado –frecuentemente, bastante desproporcionado, si es que no autoritario- o, para darle mayores poderes al estado siempre administrado por algún gobierno, con lo que las garantías individuales de los ciudadanos, quedan pulverizadas, por muchos discursos demagógicos que se hagan para dorarle la pildorita que le harán tragar.          

Si los sistemas de administración de justicia en los países genuinamente democráticos han sido establecidos para tutelar los derechos de todas las personas frente al poder y, siendo que la historia nos muestra cotidianamente, peor en Bolivia o Latinoamérica, que la principal fuente de vulneraciones de derechos proviene precisamente del estado, es elemental, obvio y hasta natural que si se trata de reformar ese sistema porque ha fracasado demostrablemente en esa su razón de existir, una reforma consistente en darle mayor poder al que vulnera aquellos derechos y garantías, está irremediablemente condenada al fracaso, es gatopardiana: cambiarlo cosméticamente casi todo, para que todo siga igual o peor.    

Una buena prueba de esa perversa lógica es lo que ha ocurrido con nuestro sistema penal. Estábamos muy pero muy mal con el inquisitivo, saltamos en garrocha hacia el acusatorio oral afín al garantismo y, luego todos los gobiernos que sucedieron le metieron mano al sistema y, lo dejaron peor de lo mal que habíamos empezado: más retardación, más presos sin condena, mayores niveles de hacinamiento carcelario y resultante violación de DDHH, sin contar con la desprotección a las víctimas o el terror que el ciudadano siente de los operadores del sistema, aunque excepciones, aplican. 

En Bolivia, la única forma que el estado ha encontrado –incluyendo todos los últimos gobiernos- para rebajar en algo aquellos vergonzosos índices, han sido las sistemáticas leyes de indulto y amnistía (más de media docena ya) por las que ya también se vulneran los derechos de las víctimas de los delitos pues nadie les oye para aplicar esas muy discutibles medidas desesperadas –GIEI dixit-, es decir, se desviste un santo para vestir a otro y nada más.

Así el estado del arte, si vamos a hacer una genuina reforma del sistema de justicia que tenga alguna mínima esperanza de ser exitosa, urge darle mayores garantías al ciudadano frente al poder –sea gubernamental o de cualquier otra índole- y no lo contrario. De seguir así, estaremos perpetuando aquella perversa lógica plasmada en la vulnerabilidad ciudadana frente al poderoso, que es además, frecuentemente abusivo. Ojalá, que nuevamente no nos ocurra aquello de Iván GARCIA: “La música de las supuestas reformas (…) sonaban muy bien entonces. Pero años después, la letra de la melodía, en la práctica, nunca llegó a rimar”.   

Habiendo tomado conocimiento del Instructivo C.O.B. – CEN Nº 019/2021, por el que el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) establece un Cronograma de Cumbres para la “Reconstrucción Económica y Productiva del Estado Plurinacional de Bolivia”, con una estrategia de participación activa de las organizaciones obreras, campesinas y sociales en los nueve Departamentos del país, me dirijo a ustedes con todo respeto, como un simple ciudadano y un trabajador más que sueña con una Bolivia sin pobreza, con buena salud, mejor educación, empleos dignos y oportunidades para todos.

Luego de casi 35 años trabajando en el país y por el país, me animo a lanzar la presente carta pública con el mejor ánimo de contribuir con ideas en un importante y  al mismo tiempo delicado sector, como es el comercio exterior, con planteamientos que deberían ser respaldados por todos los bolivianos, tomando en cuenta la enorme importancia que tienen las exportaciones e importaciones para la economía boliviana.

Considerando que no solo la estabilidad de la moneda, sino de la economía misma, depende en gran parte de lo que pase con el tipo de cambio, recomiendo que en las siguientes Cumbres se puedan abordar estas cinco medidas en función de una rápida reactivación económica y productiva; un alto crecimiento con mayor bienestar social; generación de empleos e ingresos para las familias; y, más impuestos y divisas para el Estado:

1. Promoción selectiva de exportaciones: Enfocarse en sectores productivos de rápida reacción como el agropecuario/agroindustrial y forestal/maderero, resulta altamente prioritario para captar la mayor cantidad de dólares y así fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB).
2. Sustitución competitiva de importaciones: Profundizar el D.S. 4424, que el IBCE aplaudió públicamente calificándolo de acertado, tomando en cuenta que fue concebido con la finalidad de evitar la salida de dólares, fortalecer las RIN del BCB y, al mismo tiempo, recuperar el mercado interno en favor de la producción nacional.
3. Lucha frontal anti-contrabando: Es sumamente urgente incorporar a la sociedad civil al combate del contrabando que tanto daño hace a la economía del Estado, por la pérdida de tributos; a los productores y comerciantes legalmente establecidos, por la pérdida de mercados; a los trabajadores, por la pérdida de empleos en el sector formal; y a la población, por la pérdida de su salud a partir de alimentos y medicinas que entran sin control sanitario; la sociedad civil debe apoyar a la Aduana, al Ejército Nacional y a la Policía Boliviana, que están siendo atacados por los contrabandistas en varios distritos.
4. Promoción del consumo de la producción nacional: Es necesario llevar a cabo una campaña de largo aliento de concientización ciudadana, en función de apoyar lo “Hecho en Bolivia”, haciendo entender que cuando la gente compra un producto nacional, está pagando no solo el esfuerzo de los productores en la ciudad y el campo, sino también, y principalmente, los sueldos y salarios de los trabajadores bolivianos.
5. Firma de un Gran Pacto Social Productivo: Un acuerdo de buena voluntad Gobierno-Empresarios-Trabajadores resulta urgente para: establecer objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo; hablar todos un mismo idioma; dar certidumbre al operador económico nacional y extranjero; y, a partir de ello, que haya más inversión privada nacional y extranjera, que derive en empleos dignos y sostenibles para los ciudadanos.

Si los bolivianos aprendemos a mirarnos como hermanos dejando de lado lo que nos divide y actuamos en unidad -puestos los ojos en el bien mayor que no puede ser otro que abatir la pobreza- muy fácilmente podríamos salir de la crisis, con la posibilidad de crecer y generar tal cantidad de empleos, como nunca antes en la historia. ¡Forjemos la Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana, que añoramos! Se los digo con el corazón en la mano. Un abrazo y bendiciones.
 

La Opinión Consultiva de la CORTE IDH ha sido contundente: no existe ningún “derecho humano” a la reelección indefinida. El informe del GIEI también: hubieron graves violaciones de DDHH en los gobiernos de Morales y Añez; nuestra Judicatura no es independiente, la Fiscalía no es objetiva y el sistema de justicia padece estructuralmente de tal debilidad que requiere de urgente reforma que debe ser consensuada entre todos; además, nos recuerda que la vida debe ser protegida en favor de todos, evitando la revictimización, el racismo y la discriminación. Antes, la OEA y la UE ya habían ratificado que hubo fraude electoral en respuesta al de la USAL y, el viernes la petición por la masacre de La Calancha ante la COMISION IDH, superó su 2º filtro y avanza hacia el informe final que acusaría al estado por responsabilidad internacional: ¿Encuentran algún denominador común en todos esos hechos recientes? 

Por supuesto: todos provienen y no son producto de la institucionalidad interna boliviana (Justicia, Ministerio Público, Órgano Electoral, Defensoría del Pueblo u otros), sino de organismos internacionales que nos guste o no, a la vista de nuestras inocultables debilidades internas han tenido que intervenir sea a petición del propio estado o sus víctimas. 

En esos temas de alto voltaje político, nuestras instituciones bolivianas fracasaron, no son confiables o, lo que es peor, han perdido casi completamente su razón de existir, principalmente por estar prácticamente al borde del sado masoquismo, sometidas al poder político – partidario, de turno (sea del color que se trate).

No sólo es que hayan prostituido sus funciones primordiales que, generalizando, podría afirmar radica en que siendo idealmente terceros imparciales entre partes interesadas, deben tutelar los derechos de la ciudadanía, sin consideraciones o peor, odiosas distinciones, que afean esa su esencialidad. Ocurre, cuando el Ministerio Público se convierte en el patio trasero de cualquier partido político omitiendo defender a la sociedad que se debe al extremo de encubrir al victimario; el Tribunal Constitucional inventa un “derecho humano” que no existe ni siquiera en chistes de Condorito; la Defensoría “del pueblo” defiende los derechos del poderoso, el electoral participa entusiastamente del fraude electoral que debe evitar o la Policía protege al gobierno y no a las personas en situación de vulnerabilidad. Algunas excepciones aplican. Estamos en una espiral peligrosísima de anomía institucional resultante de aquella manifiesta y sistemática brecha entre la concepción normativa de las instituciones que hace a su razón de ser y su arbitrario proceder en la realidad, que degradan la gobernabilidad de cualquier estado. 

La mayor víctima de aquel desolador panorama es el ciudadano: queda inerme frente a esos poderes fácticos que han convertido la sociedad en una jungla donde prevalece no solo la voluntad sino el capricho del abusivo, generando una profunda desconfianza hacia el estado y su institucionalidad; regresamos prácticamente al estado salvaje. Impera la ley del más fuerte, en lugar del estado sujeto al imperio del derecho.                         

Precisamente ante esa deplorable situación y pese a los demagógicos discursitos de soberanía o descolonización, que la justicia internacional surge ante tamaño déficit institucional estatal, de manera subsidiaria. No es que repudie esa situación, es más, me declaro devoto del Sistema Interamericano de DDHH pero, no puedo obviar que aquellos organismos regionales o universales tienen que intervenir ante nuestra manifiesta incapacidad interna para resolver nuestros conflictos, tutelar derechos y hacerle justicia al caso concreto, sin importar a quien perjudique o favorezca.  

Esos sistemas de protección internacional, sean universales o regionales, son subsidiarios y surgen precisamente como efecto y respuesta a esa nuestra incapacidad y debilidad interna. No fueran necesarios si es que los bolivianos a través de nuestras instituciones integradas por operadores no sólo idóneos sino principalmente independientes de todos los poderes fácticos, produciríamos resultados confiables y por tanto, respetables por todos, más allá que nos gusten o no. 

Aunque a la vista de las circunstancias aplaudimos y felicitamos lo ocurrido, no debiéramos obviar que también marcan el fracaso de nuestra institucionalidad interna, rehén de múltiples intereses que impiden cumplir su razón esencial de existir. ¿Podremos cambiar esa triste realidad? ¿La clase política y la sociedad darán la talla? ¿Seguiremos mereciendo una tutela o protectorado internacional por esas nuestras inocultables debilidades? O, como escribe VARGAS LLOSA, seguiremos: “Capaces de poner en peligro las instituciones democráticas o el futuro de su país, por miserables vanidades y por una visión mezquina, cortoplacista de la política”