Seguridad

El exjefe policial fue involucrado en una presunta internación ilegal de vehículos robados de Chile, tras un reporte de un medio chileno, que también implicó a otro exjefe que ahora está con detención preventiva en Palmasola.

La Aduana Nacional se querelló en contra de de los nueve exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de sustracción de prenda aduanera, peculado y uso indebido de influencias. Asimismo, indicó que se seguirá un proceso administrativo en su contra con el objetivo de recuperar el dinero.

El caso surgió después de que un reportaje del noticiero Meganoticias, del canal chileno Mega, revelara el caso de la venta de vehículos robados en Chile y comercializados en Bolivia.

La determinación fue asumida por el Juzgado Tercero Anticorrupción en audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía estableció la existencia de indicios de la participación del uniformado en el caso

Este proceso fue cumplido tras la instrucción que dio el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien horas antes anunció que se cambiará al 100% del personal de Diprove Santa Cruz.

El Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, en la norteña región de Tarapacá, decidió sustituir la pena de presidio efectivo tras una solicitud de los abogados defensores.

La decisión del Ministro surge después de que un reportaje del noticiero Meganoticias, del canal chileno Mega, revelara el caso de la venta de vehículos robados en Chile y comercializados en Bolivia.

El caso empezó a investigarse después de que un reportaje del noticiero Meganoticias, del canal chileno Mega, revelara el caso de la venta de vehículos robados en Chile y comercializados en Bolivia.

De acuerdo a las investigaciones, las agresiones se habrían iniciado cuando la menor tenía 10 años de edad, cuando asistía a la iglesia del sacerdote Ángel F. para pasar clases de religión. Se presume que el hombre aprovechaba los momentos a solas que tenía con la menor para proceder a realizarle toques impúdicos.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, Patricia Rojas usaba una credencial falsificada de la Vicepresidencia para presentarse como servidora pública y pedía a autoridades municipales sumas de dinero a cambio de la implementación de proyectos supuestamente financiados por esa dependencia de Estado.