El proceso judicial se extendió por más de cuatro horas. La defensa de Morales no logró recusar al juez ni presentó los certificados médicos avalados por especialistas que demuestren que su defendido presenta problemas de salud que justifiquen su ausencia en la audiencia.
“La agrupación ciudadana Soberanía y Libertad (Sol.bo) realizará este sábado 18 de enero un encuentro de análisis político a nivel nacional, con el objetivo de sumarse a la Alianza de Unidad rumbo a las elecciones generales de la presente gestión”, anunció la agrupación ciudadana.
La aclaración surge después de que las salas plenas del TSE y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmaran un acuerdo con el objetivo de garantizar la realización de las Elecciones Generales 2025.
A la audiencia solo llegó uno de los abogados de Morales, Jorge Pérez, quien afirmó que es un proceso ilegal que, en su opinión, demuestra que su cliente es un “perseguido político”.
Este reglamento permitirá que los nueve tribunales electorales departamentales, junto con la Unidad Nacional de Geografía Electoral, realicen una nueva delimitación de las 70 circunscripciones uninominales y establecer la codificación de los asientos electorales a partir de los datos de población del Censo 2024.
“El Órgano Electoral ha pedido a las direcciones nacionales que puedan hacer un análisis técnico y jurídico para determinar una fecha definitiva, única e inamovible para la realización de las elecciones”, explicó el vocal Francisco Vargas.
La audiencia cautelar de Morales debía ser el pasado martes 14 de enero; sin embargo, el expresidente alegó tener problemas de salud para justificar su inasistencia.
Pedro Llanque, dirigente evista, señaló que la determinación se debe a que el Gobierno tiene “unas intenciones oscuras” de querer sembrar pruebas y detener a los que están en la vigilia.
l Gobierno nacional aplica tolerancia cero a la corrupción, por lo que se destituyó a Alan Lisperguer del cargo de Ministro de Medio Ambiente para que asuma su defensa por la denuncia de enriquecimiento ilícito que hay en su contra. Así lo afirmó este jueves la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
