Política

El alcalde saliente de La Paz, Luis Revilla, respondió a las declaraciones de quien será su sucesor, Iván Arias, mismo que aseguró que el 80% del presupuesto municipal se destina a salarios, que la Alcaldía paceña tenía más de 9 mil funcionarios – el doble que la anterior gestión de Juan del Granado- y que, además, solo el alcalde Revilla tenía 400 funcionarios “a su disposición”.

Al respecto, el Ministro de Obras Públicas anunció que se presentará denuncias ante el Viceministerio de Descolonización para que se pueda identificar a las personas que discriminan a la nueva Directora de AASANA.

El representante de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, dijo que el trámite del juicio penal internacional estaría respaldado con el informe final que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La imputación también es en contra del  exdirector de Desarrollo Rural, Hiper García, ambos por los delitos de concusión, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propios.

Ayer, Arias había afirmado que realizó una alianza “silenciosa” y de “bajo perfil” con Santos Quispe para que éste llegue a la Gobernación.

“La señora Añez ha asumido la decisión nuevamente de acogerse al derecho de guardar silencio”, confirmó el fiscal superior, Gonzalo Aparicio.

“En este caso hay que actuar con la mayor celeridad posible, el pueblo está cansado de recibir denuncias y no conseguir sentencias, ese el compromiso porque vemos este caso como emblemático. Hay que empezar a dar respuestas de eficiencia desde la justicia y está en manos de los jueces y fiscales dar celeridad a este caso”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima.

El exministro de la Presidencia señaló que lo primero que se debe hacer desde el MAS es reconocer su derrota en seis de las nueve gobernaciones del país y afirmó que todo el proceso electoral fue “limpio y participativo”.

El TSE también destacó el avance rápido del cómputo, realizado por los tribunales electorales departamentales, proceso que cierra de manera paulatina en los cuatro departamentos antes del plazo previsto.

El Ministro de Gobierno respondió así a las aseveraciones que había hecho el abogado defensor de Characayo, quien dijo que su cliente fue víctima de una trampa y que nunca recibió el dinero del presunto soborno.