Entre ayer, miércoles, y hoy, jueves, funcionarios de la Fiscalía fueron hasta el penal de Miraflores para tomar la declaración informativa de la expresidenta Jeanine Añez – encarcelada preventivamente por el ‘caso golpe’- por las cuatro proposiciones acusatorias que hay en su contra.

No obstante, Añez se abstuvo de declarar y se acogió a su derecho al silencio en los cuatro procesos que se le sigue y que podrían desembocar en un juicio de responsabilidades en su contra.

“La señora Añez ha asumido la decisión nuevamente de acogerse al derecho de guardar silencio”, confirmó el fiscal superior, Gonzalo Aparicio, en conferencia de prensa.

Aparicio, en ese sentido, señaló que las audiencias de declaración informativa, desarrolladas entre ayer y hoy, fueron presididas por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa y aseveró que las investigaciones por las cuatro proposiciones acusatorias se encuentran en una fase de acumulación de antecedentes.

“Estamos dentro de los plazos previstos”, aseveró.

El pasado mes de marzo, el Ministro de Justicia presentó a la Fiscalía cuatro proposiciones acusatorias para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez.

Las cuatro acusaciones fueron admitidas por el Ministerio Público y, en ese sentido, el secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe Mamani explicó que el Ministerio Público tiene 30 días “para desarrollar actos investigativos correspondientes para luego emitir el requerimiento conclusivo y remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme establece la Ley N° 044”.

La primera proposición acusatoria es por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no fue autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. El segundo caso tiene que ver con el Decreto Supremo 4200 que habría vulnerado la libertad de expresión durante la pandemia del Covid – 19.

La tercera proposición acusatoria es por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa para registro mercantil por 15 años. La cuarta es por haber emitido órdenes inconstitucionales y anticonvencionales para que policías, militares y personal de la dirección de Migración no permitan el paso de compatriotas de Chile a Bolivia durante la pandemia por el Covid-19.