El caso sobre la vagoneta que usa Morales tomó relevancia semanas atrás, cuando el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, denunció que el dirigente cocalero se transporta en un vehículo que pertenece a una familia con antecedentes de narcotráfico.
La Ley promulgada fue aprobada en una sesión realizada a inicios de junio y declarada nula e ilegal por el propio TCP debido a que la misma fue convocada por Rodríguez y no por el vicepresidente del Estado David Choquehuanca.
“Ni antes ni después de anotar la alerta (migratoria). Es en ese sentido que estos ciudadanos siguen en el país. Al menos, regularmente, no han hecho uso de los puntos fronterizos”, dijo el director regional de Migración en Santa Cruz, Luis Oliva.
“La primera vez que Bolivia ha sido invitada a participar del G20. Estamos contentos de haber sido escuchados en nuestras propuestas, en lo que pensamos sobre lo que está ocurriendo en nuestra región y con los países en desarrollo. Yo califico de muy provechosa esta reunión”, dijo el presidente del Estado boliviano, Luis Arce.
La Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) lleva adelante un paro indefinido que se cumple de forma parcial. Exigen declarar una pausa en las exportaciones.
“Hoy en Brasil, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20, sostuvimos una grata y fructífera reunión con el hermano presidente Xi Jinping”, informó el mandatario del Estado Plurinacional, en sus redes sociales.
A la fecha, 16 empresas cuentan con autorización para la importación de diésel oil y otras dos para gasolina especial, de acuerdo a resoluciones administrativas de autorización emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El evismo pide al TSE no acatar el fallo que reconoce a Grover García como Presidente del MAS en reemplazo de Evo Morales. “El Órgano Electoral no puede ponerse de rodillas ni someterse. Es un organismo independiente, esperemos lo haga respetar y deje a un lado esta sentencia”, afirmó. el abogado Wilfredo Chávez.
Ramiro Cucho fue recluido en la cárcel de Patacamaya y Humberto Claros en el penal de San Pedro de La Paz. Fueron imputados por terrorismo; alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado; atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado; atentado contra la seguridad de los medios de transporte; y fabricación, comercio o tenencia de substancias explosivas.
