“En el país tenemos más de 32.000 privados de libertad, el 70% de los mismos con detención preventiva, lo que nos muestra de manera inequívoca que los niveles de hacinamiento vulneran la dignidad humana. El sistema penal boliviano extingue la acción penal a los tres años de iniciado el proceso penal; sin embargo, hay casos que duran más de 27 años, algunos han llegado a la CIDH”, explicó el exministro de Justicia, Iván Lima.
