La directora Municipal de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales informó este lunes que tras la audiencia de medidas cautelares la justicia determinó otorgar detención domiciliaria con derecho a trabajar al secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV), Juan Pablo Palma, dentro del proceso que se le sigue por la mazamorra ocurrida en Bajo Llojeta.

La semana pasada, se dispuso la aprehensión de la autoridad edil, quien sigue internado en el Hospital Obrero por su delicado estado de salud.

“Acaba de terminar la audiencia, hemos estado desde las 15:00, se han realizado las exposiciones tanto del Ministerio Público y hoy se presentó una abogada en representación de algunas víctimas y también nuestra defensa, sin embargo, el juez luego de haber valorado todas las exposiciones ha determinado detención domiciliaria para el ingeniero Juan Pablo Palma con derecho a salidas laborales”, detalló Morales.

Además, se dispuso una fianza económica de 35 mil bolivianos, arraigo y debe presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días.

“Hemos presentado la apelación correspondiente, no estamos de acuerdo con esa determinación en base a todo lo que se fundamentó y lo que se ha expuesto, además tomando en cuenta que el Ministerio Público únicamente ha establecido un riesgo procesal de obstaculización, que obviamente el ingeniero Palma no estaría incurriendo en ese riesgo”, dijo la directora.

Explicó que esperarán el resultado de la apelación. Mientras, Palma está “con un diagnóstico por parte de cardiología, todavía se encuentra delicado de salud, nos indicaron que mañana va a tener una nueva valoración y seguramente ahí determinarán si continúa internado o le darán de alta”.

El deslizamiento en Bajo Llojeta ocurrió el 23 de noviembre por la noche, según la Alcaldía de La Paz, por movimientos de tierra realizados por la empresa Kantutani. Producto del hecho, 40 viviendas quedaron anegadas de lodo y falleció una niña.

Por el caso, ya fue aprehendido el alcalde de Achocalla, Mario Condori, y también es investigado, en calidad de sindicado, el alcalde de La Paz, Iván Arias.