Lima justifica pedido de amnistía e indulto: “En Bolivia hay 32 mil privados de libertad, 70% con detención preventiva”
“En el país tenemos más de 32.000 privados de libertad, el 70% de los mismos con detención preventiva, lo que nos muestra de manera inequívoca que los niveles de hacinamiento vulneran la dignidad humana. El sistema penal boliviano extingue la acción penal a los tres años de iniciado el proceso penal; sin embargo, hay casos que duran más de 27 años, algunos han llegado a la CIDH”, explicó el exministro de Justicia, Iván Lima.

El exministro de Justicia, Iván Lima, justificó este lunes su pedido de viabilizar la amnistía e indulto en el país y aclaró que este beneficio no puede aplicarse, bajo ninguna circunstancia, en delitos que involucren “graves violaciones” a los Derechos Humanos.
La semana pasada, entrevistado por Fides, Lima aseveró que con el objetivo de buscar la reconciliación y la paz en el país en su año del Bicentenario, se debe analizar el otorgar la amnistía o indulto a una parte de los detenidos y dio a entender que entre los beneficiados podrían estar la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Pumari.
“Cuando se celebran fechas importantes, se plantean figuras tan importantes como el indulto o la amnistía y algo que podría llamar la atención del país es que pensemos en esas figuras. Si uno quiere reconciliar, quiere un pacto, lo más adecuado es que no haya personas que estén con detención preventiva o condenadas en un momento en el cual se busca paz, establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el presidente”, aseveró la exautoridad.
En ese sentido, a través de sus redes sociales, Lima precisó que en Bolivia, conforme al artículo 172 numeral 14 de la Constitución Política del Estado, el otorgar amnistía e indulto es atribución del Presidente del Estadi; sin embargo, la medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa y enfatizó que “de acuerdo al informe GIEI de la CIDH, no es posible dictar esta medida en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
“En el país tenemos más de 32.000 privados de libertad, el 70% de los mismos con detención preventiva, lo que nos muestra de manera inequívoca que los niveles de hacinamiento vulneran la dignidad humana. El sistema penal boliviano extingue la acción penal a los tres años de iniciado el proceso penal; sin embargo, hay casos que duran más de 27 años, algunos han llegado a la CIDH”, explicó.
Y agregó que “esperemos que pronto el sistema interamericano corrija las graves distorsiones al debido proceso que se dan en nuestro país”.