Nacional

El viernes se desarrolló la primera declaración presencial del caso Golpe de Estado II, abierto en la vía ordinaria en cointra de Añez por acciones cometidas en su condición de exsenadora. Es acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución para acceder a la primera magistratura del Estado.

Durante la semana los dirigentes de la Federación Departamental de Transporte 1ro de Mayo manifestaron su preocupación en torno a la creación de nuevas rutas del PumaKatari, una vez que los 66 buses, repuestos en lugar de los quemados en noviembre de 2019, ya son desaduanizados en la Aduana Nacional de Patacamaya y pronto llegarán a la ciudad de La Paz.

La demanda por el Silala, que se encuentra en la fase de alegatos orales en la CIJ de La Haya, no fue objeto de debate de la reunión de Gabinete Ampliado celebrada en el Campo Ferial Chuquiago Marka, en la ciudad sede de gobierno.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, saludó la posición de los galenos de no suspender el servicio de salud en lo que dure esta medid.

Esas determinaciones fueron instruidas por el presidente Luis Arce tras ocho horas de debate, análisis y reflexiones junto con el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca; ministros; viceministros; directores de unidades descentralizadas y gerentes de empresas estratégicas.

El Tribunal que lleva adelante el caso tomó la decisión después de que este viernes concluyera la etapa de alegatos por parte de los imputados. Añez declaró desde el penal de Miraflores y los dos exjefes del Alto Mando Militar Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Flavio Gustavo Arce San Martín, desde la cárcel de San Pedro.

“En las próximas semanas vamos a ver y nos vamos a sentar en la frontera con Bolivia, que está dispuesta a trasladar y dejar el gas para la región de Puno y la macrorregión sur”, indicó el mandatario peruano desde Puno, durante su presentación en el Consejo de Ministros Descentralizado.

Los expertos bolivianos afirmaron que en caso de de eliminar las canalizaciones el flujo del Silala reduciría en un 11%; en cambio, si además de eliminar los canales se decidiera restaurar los bofedales el porcentaje aumentaría al 33%.

La fraternidad Señor de Mayo del Transporte Pesado presentó una denuncia penal contra el presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Joaquín Quispe, porque presuntamente incumplió una resolución de Amparo Constitucional, que establece que los transportistas deben organizar este año dicha festividad.

n su pliego petitorio, la COB pidió al Gobierno un incremento del 10 por ciento al salario mínimo nacional y 7 por ciento al haber básico.