Las máximas autoridades del Órgano Judicial enviaron una carta al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la que exigen que en un plazo no mayor a las 72 horas se les garantice seguridad tanto personal e institucional para el desempeño de sus funciones.
La misiva fue enviada por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM) y contempla cinco puntos:
- La implementación inmediata de un sistema integral y permanente de seguridad y protección para todas las Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros del Estado Plurinacional de Bolivia.
- La asignación de escolta personal permanente y con destino único al Órgano Judicial, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante amenazas o atentados
- La extensión obligatoria de dichas medidas de protección a los núcleos familiares directos de todas las altas autoridades judiciales del país.
- La coordinación inmediata con el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana organismos especializados de seguridad del Estado para garantizar la ejecución efectiva y continua de estas medidas en todo el territorio nacional.
- La emisión de una disposición expresa del Órgano Ejecutivo que reconozca el nivel de riesgo institucional al que se encuentran sometidas las autoridades judiciales y establezca mecanismos permanentes de protección.
En la misiva, los presidentes de las tres instituciones señalan que “debemos manifestar con absoluta firmeza que cualquier omisión, demora, indiferencia o falta de acción por parte del Órgano Ejecutivo frente a esta exigencia institucional será interpretada como un incumplimiento grave del deber constitucional de garantizar el funcionamiento independiente, seguro y pleno de uno de los Órganos fundamentales del Estado”.
“Bolivia no debe tolerar que la administración de justicia continúe ejerciéndose bajo amenazas, vulnerabilidad o exposición permanente a hechos criminales que comprometan la vida e integridad de sus autoridades”, añade el texto.
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La exigencia de medidas seguridad se da después del asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien fue acribillado por sicarios el jueves 30 de abril.