El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, deslindó responsabilidad al Ejecutivo respecto al futuro de la cuestionada Ley 1720, de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad, y afirmó que su abrogación es decisión y responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Ayer, tras 28 días de caminata, una marcha campesina- indígena llegó a La Paz con la principal demanda de que se abrogue la Ley 1720.
“No está en manos del Gobierno abrogar una ley. Eso corresponde a la Asamblea; además, la propia norma surgió como una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. No obstante, somos plenamente conscientes de que el tema de la tierra debe discutirse amplia y profundamente en Bolivia”, afirmó el Ministro, según reporte del portal Visión 360.
No obstante, en las últimas horas el presidente del Estado, Rodrigo Paz, descartó la abrogación de la norma, aunque se abrió a “abrirla, revisar y perfeccionarla”.
“La Ley 1720, esta ley sobre la tierra, yo creo que hay que revisarla. No en el sentido de que hay que abrogarla, sino que hay que abrirla y perfeccionarla”, afirmó el Jefe de Estado.
En ese marco, Paz anunció la realización de un gran encuentro nacional a finales de mayo para debatir sobre la problemática de la tierra “con la verdad entre las regiones”.
Marchistas campesinos e indígenas provenientes de Pando entregaron este lunes un pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno y dieron un plazo de 24 horas para obtener respuestas. Además, exigieron una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros.
Según Erbol, el documento pide la abrogación de la Ley 1720, además de demandas sobre territorios indígenas, incluyendo dotación, titulación y compensación en el Beni, así como el respeto a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos en nuevas normativas.
Entre otros puntos, piden la suspensión y archivo de la denominada ley antibloqueo, así como la paralización del tratamiento del proyecto de ley 060 vinculado a mercados de carbono, y la aprobación de una ley de bosques y sistemas de vida.
Los marchistas también exigen soluciones al abastecimiento de combustible a nivel nacional, la dotación de ítems en salud y educación para comunidades rurales, y mejoras en la conexión vial para sectores movilizados.
El pliego incluye además la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas, en cumplimiento de la Ley 906, y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.