Los marchistas campesinos- indígenas que llegaron a La Paz tras 28 días de caminata desde Pando y Beni rechazaron dialogar con los ministros de Estado y exigen reunirse no solo con el jefe de Estado, Rodrigo Paz, sino también con los presidentes del Senado y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente.
En contacto con la prensa, los representantes de los marchistas señalaron que recibieron la invitación de parte de la Jefa de Gabinete para dialogar con ministros y viceministros, pero rechazaron la invitación.
En ese sentido, señalaron que solo dialogarán con Paz y los presidentes de ambas cámaras del legislativo para encontrar solución, sobre todo, a su principal demanda que es la abrogación de la Ley 1720, , de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad.
“Ya nosotros hemos tenido en el trayecto de la marcha, nos hemos juntado con estos señores y nunca dieron solución, no solucionaron nuestro pliego petitorio”, señalaron los representantes de la marcha.
Afirmaron, asimismo, que cuando llegaron a Caranavi decidieron no volver a reunirse con ningún ministro. “Queremos sentarnos con el Presidente y que él sea quien atienda nuestras demandas”, ratificaron.
No obstante, en las últimas horas el presidente del Estado, Rodrigo Paz, descartó la abrogación de la norma, aunque se abrió a “abrirla, revisarla y perfeccionarla”.
“La Ley 1720, esta ley sobre la tierra, yo creo que hay que revisarla. No en el sentido de que hay que abrogarla, sino que hay que abrirla y perfeccionarla”, afirmó el Jefe de Estado.
En ese marco, Paz anunció la realización de un gran encuentro nacional a finales de mayo para debatir sobre la problemática de la tierra “con la verdad entre las regiones”.
Marchistas campesinos e indígenas provenientes de Pando entregaron este lunes un pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno y dieron un plazo de 24 horas para obtener respuestas. Además, exigieron una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros.
Según Erbol, el documento pide la abrogación de la Ley 1720, además de demandas sobre territorios indígenas, incluyendo dotación, titulación y compensación en el Beni, así como el respeto a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos en nuevas normativas.
Entre otros puntos, piden la suspensión y archivo de la denominada ley antibloqueo, así como la paralización del tratamiento del proyecto de ley 060 vinculado a mercados de carbono, y la aprobación de una ley de bosques y sistemas de vida.
Los marchistas también exigen soluciones al abastecimiento de combustible a nivel nacional, la dotación de ítems en salud y educación para comunidades rurales, y mejoras en la conexión vial para sectores movilizados.
El pliego incluye además la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas, en cumplimiento de la Ley 906, y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.