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Washington, D.C. / Ginebra – En ocasión de las reuniones y medidas que vienen promoviendo Estados del continente americano para responder a la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU adoptan la siguiente declaración conjunta.

Las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración llaman a los Estados junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de personas venezolanas han salido de su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, el ACNUR registraba 299,016 solicitantes de asilo y 585,996 personas procedentes de Venezuela optaron por otras alternativas de regularización al 1 de agosto de 2018. La CIDH y las y los expertos del Sistema de la ONU valoran que, ante esta situación, los países del continente americano hayan respondido ofreciendo distintas alternativas migratorias en aras a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas, o bien reconociéndolas como refugiados bajo la definición de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la definición ampliada contenida en la Declaración de Cartagena de 1984.

No obstante, la CIDH, el CMW, el CRC, el ACNUDH y las y los expertos del Sistema de la ONU también expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; casos de deportaciones arbitrarias y expulsiones colectivas; hasta brotes de discriminación y violencia xenófoba contra la población venezolana en algunas localidades receptoras de dicha población.

Al respecto, los firmantes de esta declaración conjunta observan que diversos Estados americanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) vienen promoviendo distintas reuniones y espacios para desarrollar respuestas ante la llegada masiva de personas migrantes y refugiadas venezolanas a países del continente americano, entre ellas la Reunión del Consejo Andino de Autoridades Migratorias de Colombia, Ecuador y Perú el 29 de agosto de 2018; la Reunión Técnica Regional sobre la movilidad humana de ciudadanos venezolanos en las Américas realizada en Quito, Ecuador, los días 3 y 4 de septiembre de 2018; y la Sesión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para el 5 de septiembre de 2018 con el objetivo de considerar la situación de los migrantes venezolanos en los países de la región. Los firmantes de la presente declaración conjunta reconocen como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, adoptada en Quito el 4 de septiembre de 2018.

Las organizaciones firmantes de la presente declaración conjunta, tomando en consideración la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas de la CIDH y la Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos del ACNUR, recomiendan a los Estados del continente americano la adopción de una respuesta internacional y regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida que incorpore las siguientes medidas:

1. A efectos de prevenir que más personas venezolanas se vean forzadas a migrar, promover acciones para que el Estado de Venezuela garantice el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana que la requiere, la cual debe darse de conformidad con los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.
2. Garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para que puedan buscar protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes. Así como garantizar el principio de unidad familiar.
3. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites.
4. Garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público, en los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Se deben establecer procedimientos justos y eficaces, con enfoques diferenciales que tengan en cuenta la edad, el género y las características culturales, que garanticen el derecho de los solicitantes de asilo a recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas o permitirles trabajar durante su solicitud.
5. Considerar la adopción de respuestas colectivas de protección a las personas venezolanas, entre las que se encuentran la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada.
6. Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas.
7. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que requieran protección internacional y necesidades especiales de protección, en particular mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y afrodescendientes.
8. Proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se debe coordinar esfuerzos con organismos internacionales como ACNUR, OIM, UNICEF, ONU Mujeres, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), así como otras organizaciones internacionales y regionales relevantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Se deben garantizar las condiciones para que estos organismos puedan brindar asistencia humanitaria a las personas venezolanas.
9. Garantizar el apoyo internacional y la responsabilidad compartida en el rescate, recepción y alojamiento de personas venezolanas. En este sentido, los Estados deben establecer mecanismos para fortalecer y coordinar operaciones de búsqueda y rescate, investigación y protocolos forenses, tratamiento digno de los restos de fallecidos, identificación y localización de familias mediante el intercambio seguro de información ante mortem, post mortem y ADN.
10. Garantizar el derecho a la nacionalidad. Para lo anterior resulta fundamental garantizar y facilitar el registro de todos los nacimientos de manera oportuna o tardía, y asegurar el acceso a la nacionalidad. Asimismo, se debe garantizar la existencia de procedimientos para la determinación de la condición de apatridia y garantizar el otorgamiento de la documentación que pruebe la nacionalidad.
11. Implementar una estrategia coordinada basada en responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos. Fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países y localidades receptoras de migrantes, así como asegurar y facilitar el paso libre de la asistencia humanitaria y permitir a las personas que prestan esta asistencia un acceso rápido y sin obstáculos.
12. No criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria.
13. A efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas venezolanas, los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia.
14. Garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles. Resulta fundamental investigar todos los casos de muertes y desapariciones, así como restos de personas migrantes en fosas comunes, con la cooperación de las autoridades de todos los Estados involucrados. Se debe garantizar la reparación integral por cualquier daño causado.
15. Dar una respuesta coordinada e integrada para la prevención, atención y reparación integral de las víctimas de trata de personas, así como investigar, procesar y sancionar este delito.
16. Adoptar medidas dirigidas a para promover la integración social y la resiliencia de personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social.
17. Autorizar y dar facilidades necesarias para que organismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos puedan realizar visitas a los Estados del continente americano.

En el marco de sus mandatos de promoción y protección de los derechos humanos, las organizaciones y expertos firmantes de la presente declaración conjunta reafirman su disposición de brindar asistencia técnica y contribuir en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades de los Estados del continente americano. 

En un estado de completa enajenación política, el régimen ha dado sobradas pruebas que estaría dispuesto prácticamente a todo, con tal de atornillarse al trono y, tratar en la medida que le sea posible, de retardar rendir cuentas de su orgía de poder por sus 12 años de su “doctrina Morales” de meterle no más (contra todo, incluyendo su propia CPE y leyes, además del sentido común).

La última, es su Ley de Organizaciones Políticas que prueba aquella de LINCOLN: “La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores”, pues más allá de sus lindos versos, se trata otra estrategia envolvente mañosamente sacada del sombrero de mago, para desesperadamente maquillar la ilegítima (por donde se la vea) candidatura de su jefazo y de taquito, complicar las otras.

Así las cosas, existe una legítima preocupación ciudadana acerca sí, el fantasma de la “Venezualización o Nicaragualización” de Bolivia o fuera peor, “Cubanización”, ha dejado de ser tal, para convertirse en una funesta probabilidad, pues todos esos regímenes dictatoriales hasta por sus poros y sus caudillos no han reparado incluso, en masacrar a sus ciudadanos, con tal de mantenerse en el poder, sin importar los costos.

¿Habrá una salida razonable que permita anticiparnos a ese desastre? Sostengo que, internamente, desde el régimen, no habrá, pues reitero está completamente enajenado, dada su vena totalitaria y populista. Cabría confiar en el poder de movilización de nosotros, los ciudadanos pues ya se le ha dado buenas muestras, recuerden por ejemplo lo sucedido con el Código del Sistema Penal y otras previas, que hicieron recular al régimen, aunque existe la posibilidad –ojala no ocurra- de la violencia: ¿Cuántas víctimas ya lleva en su siniestra cuenta el uso arbitrario y desproporcionado del poder gubernamental? Prácticamente todas impunes –por el momento- gracias a sus juristas del horror…

Entonces, conforme he venido sosteniendo en este espacio de opinión, como devoto de la democracia y del sistema internacional de DDHH, insisto en que la salida pacífica y civilizada, tendría que venir desde la comunidad internacional, vía OEA y su Sistema Interamericano. Estoy de acuerdo con quienes –a la vista de los desastres venezolanos y nicaragüenses- no se hacen muchas ilusiones, pero…creo que precisamente esa constatación debiera servir para evitar repetir aquellas debilidades del sistema, tratándose del caso boliviano.

Urge que la oposición despliegue sus contactos internacionales para que, sea desde la Secretaría General de la OEA o sus organismos previstos en el Capítulo X de su Carta o de un estado o grupo amigo de estados amigos, como por ejemplo el Grupo de Lima, creado para tratar la crisis venezolana y podría anticipar una similar aquí; se formule un pedido de Opinión Consultiva ante la Corte IDH, con base al art. 64 de la Convención Americana de DDHH, sobre los alcances de su art. 23 en relación al esperpento jurídico de la SCP No. 084, confeccionada a la medida del régimen, por sus juristas del horror.

Esa opinión –por el pacta sunt servanda- es obligatoria para todos los estados que le han reconocida esa competencia a la Corte IDH y, Bolivia lo hizo taxativamente (Art. 3 de la Ley No. 1430) y el estado plurinacional, ha dejado expresamente vencer el plazo para denunciar y/o renegociar ese instrumento, según se reservó en su CPE (DF 9ª). ¿Qué tampoco el régimen acataría esa OC? Fuera su tiro de gracia, pues en próximos meses se emitirá la sentencia por el tema marítimo con Chile desde la Corte Internacional de Justicia en La Haya y, ambos Tribunales – la CIDH y la CIJ- operan según el pacta sunt servanda –lo tratado obliga-: no podríamos reclamarle a Chile cumplir con una eventual sentencia –estimo, con matices, favorable a nuestra causa- y negarse con alguna estrategia envolvente, a cumplir esa OC; el régimen quedaría en su laberinto y, urge que la oposición y los ciudadanos podamos introducirlo, pues está cada vez más inerme ante el poder ciudadano y de la comunidad internacional. “Allí donde la vida levanta muros, la inteligencia abre una salida”. Marcel PROUST

P.D: Habiendo asumido la Presidencia del I. Colegio de Abogados de Chuquisaca, declaro que como de costumbre, mis opiniones siguen siendo estrictamente personales.

Que el estado administrado por el régimen, además de batir el record por atornillarse ilegalmente en su trono, ha batido también otro por violar los Derechos Humanos de los ciudadanos, no es una novedad para nadie medianamente sensato. Incluso, está teniendo la desfachatez de alegar el “derecho humano” de su jefazo para intentar perpetuarse impúdicamente en su silla, por encima de los mortales y nuestra decisión soberana del 21F: BOLIVIA dijo NO.

Al respecto, aprovecho la cotidianeidad para traer a colación que uno de aquellos DDHH más violados por los juristas del horror que sirven al régimen, es el de igualdad. Este derecho, proclamado por absolutamente todos los IIII de la materia y por la CPE (aunque suene a exotismo) cuando ordena que todos los seres humanos tenemos personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes, sin distinción alguna y, hasta prohíbe y sanciona todo tipo de discriminación e incluso, la administración ha obligado para colgar coquetos letreritos con la prosa: todos somos iguales ante la ley.

Pero, como GOETHE había escrito alguna vez, la ley puede ser muy dura, pero la realidad es peor. Ocurre que, el régimen ha generado so pretexto de revolución (léase robolución) tal descomposición institucional al pretender poner a todos a su servicio, incluyendo a quienes debieran frenar sus delirios totalitarios, de forma que hoy, aquel pomposo Derecho Humano de igualdad que debiera traducirse en evitar un trato diferenciado a quienes están sujetos a similar condición, es arteramente vulnerado por quienes –en el papel, que lo soporta todo- deben garantizarlo, incluso como esencia misma de su existencia funcional.

A la prueba me remito: a inicios de la semana anterior, un policía falleció en un enfrentamiento con cocaleros –no de la republiqueta del Chapare, por supuesto- sino de los Yungas, en medio de la erradicación de la materia prima de la blanca. Inmediatamente la Policía del régimen, “resolvió” el caso y, los fiscales –del régimen también, no de la sociedad- imputaron al dirigente del ramo, dicen por “autoría intelectual” del crimen y, no faltó un juez, que por supuesto faltaba más, lo detuvo ipso facto.

Tres días después, ocurrió en similares circunstancias, lo inverso. La Policía causó la muerte de dos cocaleros, el Comandante de los verde olivo inmediatamente indicó tratarse de un caso de “legítima defensa” (¿le habrán explicado en qué consiste y cómo opera ese instituto?) y… la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada efectivo que se sepa, menos imputar o siquiera sacarle la lengua, al alto cargo, por supuesto gubernamental, que siguiendo la “teoría del caso” anterior, tendría que ser pues también el “autor intelectual” de aquellas muertes.

¿O es que acaso nos creen tan brutos? que no advertimos, por lo menos, que un operativo policial de esa naturaleza se realiza con base a una orden del Ministro del ramo; del Comandante del organismo que lo realiza tanto a nivel nacional como departamental y del que finalmente cumple la orden y la ejecuta. ¿No serían, siguiendo el razonamiento usado para imputar al Jefe cocalero de los Yungas, aquellos funcionarios los “autores intelectuales”? ¿Será que en el descompuesto pluri existen muertos de 1ª y 2ª? ¿La ley se aplica a todos por igual o depende si eres aliado del régimen o no?. Es que: “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad” BOLIVAR.

Escribo esta opinión cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional apura el tratamiento de la Ley de Ley de Organizaciones Políticas que contiene, entre otras, la realización de elecciones primarias de los binomios presidenciales para el 2019. Incluso, es probable que cuando se la empiece a difundir, la norma ya habrá sido inmediatamente sancionada y promulgada.

Ocurre que pese a los cacareos oficialistas, es evidente que su esperpento jurídico consistente en la SCP No. 084 para meterle no más la inconstitucional candidatura de su jefazo, no ha logrado justificación alguna en términos siquiera racionales peor legales, sino más bien ha puesto en evidencia otra vez el talante dictatorial del régimen. Peor aún, ha desencadenado una multitudinaria reacción ciudadana para el respeto del 21F y del sistema democrático, dejando inerme al ilegal y eterno candidato. Es que las dictaduras no pueden justificarse por ninguna vía.

Pero, como las urgencias del régimen para intentar alargar su impunidad y evitar su ya cantada estrepitosa caída –vean el destape de su aliada Kirchner, por ejemplo- no pueden detenerse a esta altura de su agonía, su mayoría en la Asamblea Legislativa está recorriendo el iter criminis hacia una nueva estrategia envolvente orquestada por el Bachiller que la preside: la Ley de Organizaciones Políticas, por la que de taquito, pretende pasarse por el orto la decisión soberana del NO a la ilegal nueva candidatura, esta vez bajo la modalidad de unas forzadas primarias que resultarían vinculantes para intentar imponerla, pese a todo.

A tal extremo ha degenerado la institucionalidad, que la Asamblea Legislativa ha perdido completamente su razón de existir, bastando recordar que cualquiera sea su nombre –Congreso, Parlamento o ahora ALP- nació varios siglos atrás en Inglaterra, cuando el Rey requería del consentimiento de sus súbditos representados por los parlamentarios, para gobernar. La función parlamentaria además de la legislativa, radica en fiscalizar (no en el encubrimiento o la complicidad) y ahora, está absolutamente secuestrada por el ejecutivo al que sirve y no controla. Por ello, los asambleístas se niegan a sí mismos, simplemente levantando su mano cumpliendo las órdenes de su amo.

Fiel a mi ingenuidad constitucional, hasta la CPE ensangrentada de La Calancha -el papel lo aguanta todo- les franquea entre sus principales funciones, aquella de: “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”. Empero, en el pluri, sus parlamentarios han prostituido su rol, para convertirse en filibusteros.

El filibusterismo consiste en cualquier forma de obstruccionismo parlamentario o de interpretación interesada de los reglamentos y usos parlamentarios, que resulte favorable a un bando. Tratándose de la flamante norma, por mucho que se la adorne de algunos retoques cosméticos, nadie con un mínimo de sentido común, omite reparar que su único propósito es birlar la decisión del soberano en el 21F.

La ley, que debiera ser la máxima expresión del bien común, en ejercicio de la actual función parlamentaria, se ha vuelto usualmente en una vil trampa –estrategia envolvente, en las finas palabras del Bachiller- para incumplir no sólo la CPE que prohíbe la relección ad eternum, sino también para desconocer arteramente la voluntad soberana: “El populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde adentro”. Vargas Llosa

La apuesta por el pago de un segundo aguinaldo en Bolivia este año, es fuerte. Según el D.S. 1802 (20.11.13) que bautizó el doble aguinaldo como "Esfuerzo por Bolivia", bastará que el crecimiento del PIB (julio/2017-junio/2018) supere la cifra mágica del 4,5% y…¡ya! Todo apunta a que podría ser así.

Esta dádiva estatal se pagó durante el auge cuando el país crecía al 6,8% (2013), al 5,5% (2014) y al 4,9% (2015), no así en el 2016 y el 2017 -cuando bajó al 4,3% y 4,2% respectivamente- dada la negativa incidencia del deficitario comercio exterior. ¿Por qué se volvería a pagar este año, entonces? Porque los datos de crecimiento del PIB en el segundo semestre del 2017 y en el primer trimestre del 2018 son auspiciosos, producto de la comparación interanual contra un mal año y, además, por la recuperación del sector externo con la subida de las exportaciones de gas.

“Los números no mienten”, pero a la hora de tomar decisiones tan serias valdría la pena hacer una valoración sobre cuán beneficiosa podría resultar tal medida para el trabajador, cuando el gatillador del pago es nada más ni nada menos que un simple promedio, sabiendo que éste puede resultar mentiroso, mire el ejemplo...

Juan tiene 3 autos, Pedro posee 2 y Martín tiene 1. Son 6 autos en total, pero en promedio, cada uno de ellos tiene 2 autos…¿verdad o mentira? Igual ocurre con la tasa de crecimiento del PIB, pero con un agravante: Suponga que Martín debía su auto y como no lo podía pagar, lo vende a Juan -que además se compró 3 más, porque le fue bien- mientras Pedro mantiene sus 2 autos. ¿Quién está mejor ahora? Juan, pues tiene 7 autos que con los 2 de Pedro suman 9 y, aunque éste no mejoró y Martín perdió su auto, la matemática dice que los tres tienen 3 vehículos en promedio cada uno, ¿es verdad esto? ¡Ud. tiene la palabra!

Si bien el conjunto subió un 50%, en realidad: Juan creció 133%; Pedro no creció (0%) y el pobre Martín anda hoy a pie o en micro. Así pasa entre las regiones (Tarija decreció 3,7% el 2017), entre sectores (la agropecuaria creció 6,6% y la minería cayó 2,25% a marzo del 2018) e intra-sectores (la producción lechera bajó de 320.000 a 280.00 lts/día este año).

Lo cierto es que, pocos crecen mucho; muchos crecen poco; algunos no crecen y ¡cómo sufren las familias cuando a las empresas les va mal! Cuidado que el sueño del doble aguinaldo en el 2018 se convierta en pesadilla el 2019, porque un Decreto podrá obligar a pagarlo pero -nunca- a reponer los empleos formales perdidos por ello…

En las últimas décadas, el periodismo ha ido cuestionándose a sí mismo y ha ido recibiendo cuestionamientos de parte de quienes le son ajenos. ¿Qué es el periodismo? Dígase de entrada que es, esencialmente, información. Esta actividad informativa puede estar anclada a distintos géneros como la noticia, la crónica, la entrevista y el editorial, entre los más relevantes.

Los cuestionamientos acerca de su esencia y de lo que debería representar para la sociedad parten de elementos políticos, primero, y tecnológicos, después. Analicemos en qué consisten estos cuestionamientos que ponen al periodismo en un vilo que ya es intolerable.

Había en el siglo pasado una pléyade de comunicadores (latinoamericanos los más, aunque había por ahí uno estadounidense y otro francés) que proponía que el periodismo debía ser una actividad de diálogo o un juego de intercambio de palabras de empatía; un “diálogo dialogal”, decía uno de éstos. Estas personas eran o demasiado utópicas o realmente ingenuas, porque nunca comprendieron que el periodismo es, a despecho de los soñadores, una actividad política (en el alto y digno sentido de la palabra). Planteaban además que la prensa (o la comunicación, como la llamaban) debía ser un instrumento para la liberación de los pueblos y la democratización. (El oficio periodístico debe propugnar por la democracia, pero nunca ser un medio para su realización, que es distinto, ya que al ser esto último adopta una tendencia que lo corrompe). Un boliviano había entre estos comunicadores, que aseveraba que el periodismo debía ser descentralizado para que lo practicasen las personas humildes y que debía despojarse de su cualidad persuasiva a la que se había inclinado desde los tiempos de Aristóteles, a pesar de que entonces ni existía.

Si se ensayase tal clase de periodismo (que en realidad no sería ni periodismo), sería todo menos funcional, en primer lugar porque un periodista es un profesional cuya labor no puede ser ejecutada por personas que no están preparadas para ello. En segundo lugar, porque el periodismo es una actividad vertical en esencia, lo cual no sataniza ni su fin ni su condición.

Se hicieron congresos y conferencias para maldecir a los medios masivos y para blasfemar el nombre de los presidentes de tales corporaciones; se creía que se debía llegar a una descentralización total de la comunicación. Pero ¿podría hacer un iletrado periodismo? Quizás sí fundar una radio y hablar en ella, o fundar un periódico y escribir en él, pero no hacer verdaderamente prensa.

Pensar en una posibilidad tal es descabellado desde todo punto de vista y degrada el oficio de los periodistas que estudian para desempeñar su labor, «la más bella» para un Nobel latinoamericano.

Ahora analicemos cómo la tecnología también ha llegado a relativizar el oficio. Desde la irrupción de los medios sociales, la información cualquiera ha llegado a tenerse, en algunos casos, como periodística, sin tomar en cuenta los parámetros que la hacen realmente tal. Los medios sociales son todavía un factor brumoso para los sociólogos y los investigadores de las ciencias sociales; se están escribiendo muchos textos acerca de ellos. Pero, lo que es seguro, es que de ninguna manera podrán llegar a ser medios de verdadero periodismo.

Como dice la periodista argentina Silvia Fesquet, antes se tenía un panorama mucho más despejado de lo que representaba la actividad periodística en la sociedad porque se dibujaba esta estructura con total claridad: la verticalidad de un periodismo en un pueblo pasivo que recibía las noticias y la información. Se tenían, entonces, una delimitación precisa de lo que eran el periodista y su trabajo y, por tanto, un terreno mucho más estable en el que trabajar. La pasividad de un pueblo lector no es mala, más al contrario, es buena porque ese pueblo está consciente de que su labor consiste en asimilar la información para trabajar en pro de una causa o de un Estado desde las distintas plataformas existentes o desde el oficio de cada uno de sus individuos.

Cada vez que llega el 6 de Agosto recordamos en el país el Día de la Independencia, cuando Bolivia nació como República en 1825. Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces y, si Dios quiere, en breve estaremos festejando el Bicentenario, ya que apenas faltan siete años para el 2025.

Siendo que 193 años de existencia no es poco, bien valdría la pena hacer un alto y preguntarse de manera sincera, objetiva y serena: ¿Cuánto hemos avanzado como país en este tiempo? ¿Somos verdaderamente soberanos cuando gran parte de nuestro desempeño económico depende de unos pocos productos y gran parte de nuestro crecimiento se afianza en la economía informal y el endeudamiento interno y externo?

Que últimamente se han dado importantes logros, es verdad, sobre todo en lo que hace a la inclusión social, sin embargo, para evitar todo apasionamiento, subjetividad y vanas discusiones en cuanto a todo lo avanzado ¿por qué no compararnos con otros países que, como Corea del Sur -por citar apenas un solo ejemplo- en un tiempo increíblemente corto pasó de ser una nación totalmente postergada, incluso más pobre que Bolivia allá por los años ´50, a encumbrarse como un país desarrollado y líder mundial en el campo del conocimiento?

Valdría la pena también que este 6 de Agosto analicemos, con mucho cuidado, cuánto hemos avanzado como sociedad. ¿Somos un país más integrado o nos siguen separando las taras mentales de creernos unos más que otros por el color de la piel, la extracción social, el saber o el tener más? ¿Podríamos decir que con el avance económico que ha experimentado Bolivia tenemos hoy una sociedad más justa y solidaria? ¿Cuenta el ciudadano de a pie con un mejor servicio de salud y educación, mayores ingresos y una mejor calidad de vida?

Si las respuestas no son satisfactorias habría que reflexionar más profundamente entonces en estas Fiestas Patrias: ¿Cómo está Bolivia a los ojos de Dios? ¿A quién rinde tributo nuestro corazón? ¿En quién está nuestra esperanza? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Nos amamos unos a otros como Jesús nos amó? ¿O será que -obnubilados por el conocimiento adquirido, el poder alcanzado, la posición lograda o el prestigio conseguido- nos olvidamos de Dios? ¿O que, en su ignorancia, pobreza, enfermedad y desesperación, muchos ponen sus ojos en el hombre y no en Dios? ¡Mucho por evaluar, en este 6 de Agosto de 2018!

Coincidiendo con mis disfrutes académicos, aproveché mi estadía en la sede para asistir al foro: “Una Fiscalía Autónoma para una Justicia Independiente” organizado por las Fundaciones para el Debido Proceso; Construir, Tribuna Constitucional y otras, con motivo de la próxima elección del nuevo Fiscal General de Bolivia, toda vez que el actual, culmina su, para mi gusto, nefasta gestión, caracterizada por su falta de objetividad, a causa de su obediencia partidaria, fundamentalmente.

¿Será que el régimen se apresta a repetir (nos) la dosis? ¿La administración de justicia penal boliviana soportará un nuevo ciclo con un nuevo gatillador fiscal? ¿Cuántos estragos más aguantarán el sistema y el Ministerio Fiscal? Son algunas de las interrogantes que surgen a propósito de esta nueva elección, en la que huelo, le será imposible al régimen, que por muy debilitado que está, aún controla espacios que le permiten designar a su gusto a sus operadores, así sea disfrazados de magistrados, jueces o…fiscales. Así las cosas, me parece poco probable deje pasar esta ocasión para tener otro servidor, no público, sino del partido y, por tanto, para sus intereses y no los de la sociedad.

Considérese que como salió en el evento, no importa quien finalmente sea el nuevo FGE, sino el conjunto de elementos que rodean el funcionamiento de la Fiscalía y podrían asegurar cumpla sus fines constitucionales u otra vez, fracase. Dado lo que aún queda del sistema acusatorio, la Fiscalía es la institución clave a controlar por su principio de jerarquía y unidad, que hace sea mucho más dirigible: tiene la llave para abrir las causas penales, escoger contra quienes y porqué e incluso, cerrarlas. Tremendo poder, que cuando cae en garras partidarias irresponsables e inescrupulosas (como acaece actualmente), genera graves daños al estado de derecho y al debido proceso y, por supuesto, a los derechos ciudadanos.

Afortunadamente, no existe posibilidad constitucional de relección (art. 228 de la CPE) e incluso, sus conmilitones acaban de bajarle el pulgar, al margen que ya venció el plazo para renunciar y habilitarse, así como a sus delfines, que siguen en sus cargos.

De ahí que sea importante considerar, a la vista de los daños causados, que la elección que se viene constituye una decisión de alto interés público. Siguiendo los parámetros interamericanos, la autonomía del Ministerio Público y de su cabeza, resulta clave para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, el debido proceso a los imputados (sin importar sean o no del partido de gobierno) y, cumplir el deber estatal de investigar, perseguir y sancionar los delitos y violaciones de DDHH (incluyendo las causadas por el gobierno). Adviértase que precisamente en esos rubros, la actual gestión fiscal ha fracasado ostensiblemente, pues ha sido el principal ejecutor del derecho penal del enemigo en Bolivia, garantizando impunidad para sus compañeros del partido y, la aplicación irrazonable y desproporcionada del ius puniendi, contra quienes su jefazo y Cia, les bajan el pulgar (el último, Carlos D. Mesa).

Por ello, la autonomía o independencia fiscal es absolutamente determinante para el cumplimiento, siquiera, regular de su misión. Autonomía respecto de todos los órganos estatales y otras fuentes de poder; aunque como en Bolivia el régimen sojuzga a todos, no queda mucho espacio de libertad, empero, de mantenerse las estrategias envolventes, el daño podría ser irreversible. ¿Los asambleístas estarán esta vez, a la altura de las circunstancias y del desafío? Amanecerá y veremos…para que no siga ocurriendo como describe KEMP SUAREZ: “Algunos fiscales y jueces hacen ahora el papel que antes hacían los esbirros y sicarios del Ministerio de Gobierno”.

Con motivo del procedimiento tramitado por el Tribunal, Supremo, de Justicia por la proposición acusatoria del caso Quiborax contra el ex Presidente Carlos D. Mesa, el Ministro de su Sala Penal Lic. Aguayo acaba de señalar –asombrosamente- que, no consideraron los tres memoriales formulados por su defensa técnica y material: “…por razones obvias de procedimiento” ¡!!?? Y, por si el anterior dislate no fuera ya suficientemente grotesco, su Presidente reiteró pretendiendo defender lo indefendible, que tan grave omisión (peor viniendo de “los supremos”) obedece a que simplemente se trataba de un: “…aspecto de antejuicio, casi de carácter administrativo…”. A confesión de parte, relevo de pruebas repetimos los abogados.

Así las arbitrariedades, está claro que los supremos que por supuesto debieran dar (nos) lecciones cotidianas de Derecho en todas sus actuaciones como jueces (se espera actúen como terceros imparciales…) e incluso en sus intervenciones públicas, le metieron no más, en contra de un conjunto de, elementales, garantías previstas no sólo por su Constitución, sino por la Convención Americana de DDHH y hasta el propio procedimiento.

Para empezar, sería iluso considerar que como el trámite por el momento, solo está en fase de antejuicio, algún ser humano (y conste que Mesa, lo es) no tenga derecho a ser oído (derecho de audiencia, juicio previo, etc) así sea por la Sala que tramita esa autorización, aunque sea para decirle formalmente: “estese a lo resuelto”; en el caso, tengo entendido que como no podría ser de otra manera, planteó argumentos defensivos que, debían ser considerados por los supremos, puesto que se trata de eso, de un ejercicio defensivo contra la acción en su contra, que otra vez, todos los seres humanos tenemos derecho a desplegarlos, más aun como aquí ocurre, el ex presidente está siendo objeto de un procedimiento que pone en riesgo (para escribir lo menos) sus derechos.

Existe también otra garantía que aparece en la CPE y se llama tutela judicial efectiva y oportuna. Efectiva ya que debe producir los efectos para los que ha sido prevista y oportuna, dentro de los lapsos razonables. En el caso, la “tutela” de los supremos al no analizar y menos responder fundadamente sus argumentos, no reúne ninguna de esas sus obligaciones, que no son adornos o cuestiones semánticas, sino derechos del investigado y…obligaciones a cumplir rigurosamente por parte de los jueces; si es que realmente lo son (esto es, terceros imparciales).

En similar sentido, la CADH desarrolla el derecho a la protección judicial, franqueado en favor también de toda persona: tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la CADH, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, siendo obligación de los Estados Partes (Bolivia a través de sus agentes, los supremos) garantizar que la autoridad competente decida sobre los derechos de toda persona que interponga ese pedido. No lo contrario, como acaeció.

¿Será que los supremos ignoran esas normas, elementales? Lo dudo, pero está claro que se les juntó la gula con las ganas de comer, le metieron no más para hacer buena letra por su designación (pues perdieron en la elección). Lo peor es que como los jueces se legitiman en la medida que respetan los derechos de las personas, han comenzado su gestión rifando esa su escasa legitimidad, cumpliendo aquella magistral de GARGARELLA: “El derecho acostumbra hacer lo que no debe, maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar”.

Algún momento tendrán que retornar la ley y la moral a nuestra realidad. Salvar el espíritu democrático que aún queda en la nación, he aquí la mayor tarea que tenemos como hombres y como mujeres, más allá de las particularidades que en la vida ordinaria y privada se nos puedan presentar.

Éste es un mensaje dirigido más a la juventud que a los hombres maduros, porque en aquélla se ciñe —así ha sido siempre en la historia— una toga de esperanza.

Aquel ideal democrático por el que nuestros mayores vertieron su sangre y su sudor —y hablo a nivel continental— hoy está eclipsado. Hemos pasado por dictaduras, guerras civiles, manifestaciones brutales, asonadas y revueltas militares, pero nunca como ahora la libertad se ha visto tan ensombrecida por las pasiones humanas que se agitan en el torbellino público de todos los días.

Los peores enemigos de nuestra libertad ciudadana no están, como ayer, en los tanques que silenciaban las calles ni en las milicias populares y partidistas que torturaban a sus adversarios; están en cosas inmateriales, pero por lo mismo más potentes en sus alcances: el pensamiento y la ambición.

En éste nuestro continente americano, donde hay de todo —como en todo lugar y todo tiempo—, se levantan voces que afirman la continuidad de lo que hemos aprendido de las revoluciones americana y francesa, por una parte, y gritos, tan vehementes como aquellas voces, que insisten en una cosa que está más allá del comunismo o del socialismo: el egoísmo. Porque debemos saber distinguir: una cosa es apuntar a la dictadura del proletariado o a un gobierno de campesinos y populares y otra muy diferente el deseo desmesurado del poder por el poder en sí mismo.

Hoy América Latina no es libre, pero sí es libertaria. Está sometida, pero no rendida.

El fenómeno es regional y no local, como cuando las dictaduras del siglo pasado. Entonces se debe luchar teniendo en cuenta las fluctuaciones de la política de los demás países vecinos, solo así podremos convencernos de que lo que pasa en nuestro Estado es fiel reflejo de lo que pasa en otros.

Y cuando suceda el cambio, será de índole paradigmática, en otras palabras, cuando el país cambie, habrá cambiado el paradigma o el proyecto de Estado y no solamente el gobierno, como en cambio pretenden los opositores que no ven más allá de la superficialidad coyuntural. Para esto, es preciso que condensemos el mayor acopio de fuerzas espirituales, de acción, movimiento e inteligencia. La fuerza física quizá no sirva de mucho, porque como decía Tamayo: «En los momentos más severos de la historia, las batallas y las vitorias definitivas las ha dado y obtenido siempre el espíritu servido de la inteligencia y de la voluntad».

Es cuestión de tiempo, pero también de esfuerzo. Las tiranías injustas han de caer, de eso no quepa duda alguna, pero mucho dependerá de la conciencia que tengamos en que eso debe ocurrir. No apuntemos a una ley de tiranicidio, eso socavaría aún más lo que queda de democracia, apuntemos más bien a la fuerza de la inteligencia como instrumento de la materialización de la voluntad humana, la mayor fuerza que existe en el mundo.

Porque un tirano o un rey injusto pueden tomar nuestra casa, a nuestros hijos, nuestras tierras, incluso nuestro propio cuerpo, pero nunca podrá tomar para sí mismo nuestro espíritu ni nuestra inteligencia, cosas que están en un plano inmaterial y —por tanto— divino.

Porque el mundo material es de la bestia, en cambio el espiritual es de la virtud (personal y pública), y este mundo es inmortal.

Y cuando se haya ganado en todo el continente la democracia plena nuevamente, no recordemos con odio a quienes nos la despojaron algún día; más bien ciñamos un manto que cubra todo el oprobio vivido en tantos años. El sudario del olvido.