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Un buen amigo -de esos que manda Dios, justo cuando lo necesitas- me envió un video que me hizo reflexionar. Fue un bálsamo en medio de la vorágine de memes, insultos, acusaciones, amenazas, maldiciones y chistes groseros que de forma vertiginosa han aumentado en las redes sociales por diferentes motivos.

El video contaba la historia de “Easy Eddie”, un astuto abogado que a principios del siglo pasado defendía y libraba de la cárcel al principal enemigo de la sociedad estadounidense -Al Capone- por lo que era muy bien pagado, tenía el mejor auto, se daba una vida de lujos, su futuro estaba asegurado, pero no era feliz…

En cierto momento se preguntó si lo único que podía heredar a su hijo, era dinero. Se contestó a sí mismo de que sería mejor dejarle como legado un buen nombre, algo de lo que su hijo se sintiera orgulloso.

Como el ser defensor de un hampón no era el mejor ejemplo, decidió testificar contra Al Capone sabiendo que eso implicaría pagar un alto precio. Lo hizo por el bien mayor -librar a la sociedad de la mafia- bajo la inspiración de heredar un buen ejemplo a su hijo. Así fue. Al Capone y sus secuaces fueron apresados. “Easy Eddie” murió acribillado.

La historia continúa con un episodio de la Segunda Guerra Mundial, cuando un joven militar estadounidense -estando solo- sale con su avión a enfrentar a 9 bombarderos japoneses que amenazaban a un acorazado americano; con gran coraje descarga su artillería y derriba 2 aviones, se queda sin balas y -desesperado por salvar miles de vidas- embiste su avión contra ellos, derriba a 3 más, y hace que los 4 restantes decidan huir de aquella maniobra suicida. Semejante acto heroico le valió el más alto galardón del Congreso de los EEUU a Butch O´Hare, el hijo de “Easy Eddie”. Fiel al legado recibido, demostró estar dispuesto a dar su vida para salvar a mucha gente, honrando así la memoria de su papá.

¿Qué de nuestro legado? Nos preocupamos por dar a nuestros hijos dinero, autos, propiedades, pero…¿proyectamos algo de lo que puedan sentirse orgullosos cuando ya no estemos? ¿Qué de un buen ejemplo? ¿Refleja nuestra vida, altruismo o egoísmo? ¿Integridad o corrupción? ¿Benignidad o malicia? ¿Humildad o soberbia? ¿Misericordia o ira? ¿Bondad o maldad? ¿Amor u odio?

Un legado vale más que un gran tesoro, pero demanda un sacrificio de vida...

Bien por quienes se esfuerzan por un mejor futuro para sus hijos. ¡Benditos quienes dejan un legado de amor por Dios pero también por su prójimo, por su sociedad y por su Patria!

Si le preguntamos al ciudadano: ¿Cuáles son los problemas que más le indignan en el estado plurinacional? considero que entre los principales que aparecerán en sus respuestas, será el avanzado grado de impunidad que campea, principalmente en favor de quienes detentan el poder partidario y son, sencillamente, corruptos.

Aunque dado el también muy avanzado grado de corrupción que prácticamente cotidianamente se descubre –y conste que no representa a su totalidad- el régimen suele presentar a algunos de sus fusibles como supuesta prueba de su “lucha” contra ese flagelo. Habría que ser demasiado tontuelo para no advertir que ese combate, opera sólo tratándose de eso, fusibles, de mediana o poca monta destinados a ser sacrificados para los medios, cuando se hicieron encontrar con las manos en la masa, mientras que los altos cargos, bien gracias no más.

¿O pasó algo por ejemplo con quien dio la orden de reprimir a los universitarios de El Alto en el canicazo? O tratándose del diputado apadrinando a su MASistrado? Y tratándose del Ministro Quiborax y su combo? ¿Y el “Mariscal” de La Calancha? Ni les sacaron la lengua, peor investigarlos en serio y ni pensar juzgarlos siquiera: absoluta impunidad.

El tema es que no sólo se trata de esa insultante impunidad, sino de algo mucho más serio que pone en duda la real vigencia de un estado sujeto al derecho. Si lo concebimos siguiendo una clásica noción de las NNUU, como el: “principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, no será muy complicado concluir que el pomposo estado plurinacional, no es un estado sujeto a ese imperio –el de derecho- pues para empezar, el sistema de justicia no es independiente principalmente del poder partidario, sino más bien está infestado de operadores del oficialismo disfrazados de jueces y magistrados.

Leyes son aprobadas por los levanta manos cumpliendo las órdenes de su jefazo y aun así, tampoco se aplican por igual sino están sometidas a la cláusula “depende” (del partido del pecador) y, las instituciones que en el papel están obligadas a ser garantes de los DDHH, son más bien las más denunciadas por violarlos.

Por supuesto que la otra cara de la impunidad es la corrupción y, frecuentemente, ésta es la causa fundamental de aquella, principalmente de la que se genera en la esfera pública, que es la que afecta nuestros recursos públicos, empeorando la pobreza y marginalidad.

Pero además, la impunidad genera un círculo vicioso caracterizado (CONTRERAS BUSTAMANTE) por lo menos por estos efectos perniciosos: quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo, no duda en repetir su acción; quienes observan un delito no sancionado, tienden a imitar ese hecho, lo que implica su repetición y reproducción; las víctimas de los ilícitos que observan que sus agravios no son sancionados por la autoridad, recurren a hacerse justicia por propia mano e incluso, las comunidades que se benefician de los recursos económicos derivados de la ilegalidad y corrupción, ya no sólo defienden y ocultan a los delincuentes, sino que llegan a considerar como legítimos los métodos de obtención de riqueza. Cualquier coincidencia con la republiqueta del Chapare por ejemplo, no es coincidencia.

Parte de lo anterior, explica el avanzado grado de descomposición en que se encuentra, sensiblemente, nuestra sociedad y por supuesto, el estado sujeto al imperio del derecho, cuyo administrador, le mete no más. No existe semana en la que no se ventile algún nuevo caso de corrupción, que dependiendo de la “cláusula depende”, podría ser investigado y juzgado por un sistema de justicia en el que prácticamente nadie confía en serio, dado su impúdico sometimiento al régimen: “La impunidad es el primer síntoma de la conversión de un Estado en una corruptocracia”. Harold MARMOLEJO ROJAS

Por once años consecutivos -del 2004 al 2014- Bolivia experimentó sucesivos superávits comerciales; el país tuvo un ingreso bruto de 110.000 millones de dólares por exportaciones con un aporte neto de 14.000 millones de dólares a las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central, subiéndolas hasta un tope de 15.563 millones (10.11.2014). Pero, las cosas han cambiado y da para preocuparse.

La conclusión del macrociclo de precios altos para las materias primas; la baja de la dinámica mundial por la guerra comercial China-EEUU; la recesión económica en varios países; las devaluaciones en derredor; la caída de las compras de gas por Brasil y Argentina; y nuestra débil competitividad, hacen que las exportaciones decaigan, en valor y en volumen: lo primero preocupa pues afecta a las RIN que se acercan ya a la mitad de su pico histórico; lo segundo, porque golpeará negativamente al empleo formal en el país.

¿Sabía Ud. que entre el 2015 y junio del 2019 el déficit comercial sumó casi 5.000 millones de dólares? ¿Y que al primer semestre del 2019 el desbalance fue de 720 millones de dólares, frente a 154 millones en igual lapso del 2018? ¡Y no hemos acabado el año aún! Si no lo sabía, sabiéndolo ahora seguramente empezará a entender por qué es tan urgente abrir nuevos mercados para exportar más -mejor si con valor agregado- como el caso de la carne bovina para la China, que podría aportar unos 150 millones de dólares al país el próximo año.

Si el “rostro social” de las exportaciones son los empleos que éstas generan, y si la estabilidad de la economía y de nuestra moneda dependen de la cantidad de dólares en el Banco Central, estará de acuerdo que hay que hacer el máximo esfuerzo por revertir una tendencia deficitaria en el sector externo, pues nadie quiere volver a situaciones del pasado con inestabilidad, inflación, especulación con el dólar y desempleo ¿verdad?

Sin embargo, quienes se oponen a exportar más -por ignorancia, intereses ideológicos, políticos o de otra índole- a sabiendas o no, nos están exponiendo a aquello. ¿Alguien en su sano juicio quiere una situación así para Bolivia? Definitivamente, yo no. Al contrario, yo quiero un mejor futuro para mis hijos.

Estoy convencido que -haciendo bien las cosas- un desarrollo económicamente viable (inversión, divisas, empleos), ambientalmente sostenible (aprovechando racionalmente la naturaleza) y socialmente responsable (combate de la pobreza) es posible, sin incendiar los bosques y sin incendiar las redes...

Una condición bastante elemental para los políticos es obtener el poder, pero lo que a veces no se llega a diferenciar son las dosis de poder que se pueden administrar. Me refiero a las dosis de este, como cualquier producto que se consume, saben ustedes que si se consume en exceso se corre siempre el riesgo de que eso repercuta en la salud misma de manera directa.

En el caso del poder en exceso eso puede llegar a repercutir en un escenario volátil de ingobernabilidad creciente, digo esto porque el contexto de la realidad social que se vive es determinante, en el sentido de que la percepción del pueblo sea favorable a los fines de que se tenga un poder mayúsculo cuando probablemente la gente no crea que se cuente con tal dosis de poder y que eso también tenga la amenaza de un contexto económico desfavorable. Adicionalmente, nos consta y con creces que la sensación de la economía es determinante para gobernar nuestro país.

Mi tesis es que el siguiente periodo de gobierno necesita que el campo político se oxigene y mucho, pero al parecer no vamos por ese camino por dos cuestiones que tienen que ver con el tramo de este periodo electoral.

Vivíamos hasta hace un mes un debate electoral que tenía que ver con que el MAS necesitaba ganar en primera vuelta electoral, de hecho las opiniones e intervenciones desde el oficialismo iban por ese lado, y por el lado opositor lo mismo, dando la pelea con los resultados de las encuestas de intención de voto en que por una vez no había la diferencia de 10puntos para que el MAS vuelva a gobernar.

Sin embargo, estamos hoy en otra etapa del debate, en el que los resultados de las encuestas dan la victoria al MAS en primera vuelta, hasta ahí todo podría ser bastante razonable, pero como nunca faltan afanes con aires de grandeza, comenzó a instalarse en el discurso del oficialismo la idea de ir por la conquista del control de los dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Si volvemos a la idea de que necesitamos oxigenar el campo político, lo que menos puedes hacer es justamente controlarlo todo, se necesita generar un sentido de corresponsabilidad por las decisiones que el siguiente gobierno administre, porque muchos pactos políticos son vitales, por ejemplo por la justicia, por la salud, o por el sistema político.

Pero además de la necesidad de tener pactos, es inevitable e importante que el siguiente escenario político de gobierno dé muestras de que puede pasar el examen de gobernar en un escenario hasta ahora no muy conocido cuando no se tiene el control del poder polìtico tan desmesurado.

Así las cosas, un escenario óptimo sería el de un campo político oxigenado y un campo económico más realista en términos de mejor ubicación respecto a que la clave es que aquello que debemos buscar no es el crecimiento a toda costa, sino que a veces así como en la política el elemento de generar sentido de corresponsabilidad política con un manejo económico responsable y aterrizado en el orden de posibilidades que tenemos, puede llevarnos a un mejor escenario que asegure nuevas condiciones de gobernabilidad en el país.

Aunque se están gastando teclados sobre el tema, imposible omitir abordarlo. L@s bolivianos estamos emputadísimos con el desastre ambiental de nuestra Chiquitanía: más de 500 mil hectáreas destruidas, familias, flora y fauna devastadas. La reacción del régimen –soberbia y tardía por donde se la vea- agrava nuestro sentimiento, sumado a la sensación de indefensión y por supuesto, indignación ante lo ocurrido (espero, escribir en pasado, sea lo adecuado).

Múltiples han sido nuestras reacciones, la solidaridad entre ellas, el fabuloso heroísmo de los bomberos –muchos voluntarios- la esperanza que aunque sea tarde, el supertanker pueda ayudar eficazmente para apagar los incendios y, surge una creciente corriente para exigir el establecimiento de responsabilidades políticas y penales.

El ecocidio es la destrucción extensa o pérdida de los ecosistemas, usualmente deliberada y masiva, sea por medios humanos u otras causas, resultando la existencia de habitantes, flora y fauna de ese territorio, severamente amenazada. Aunque estuvo por ser incluido dentro de los delitos de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, no se logró, señalando equivaldría criminalizar al conjunto de la raza humana…

En Bolivia, nuestra legislación penal describe con base a la Ley No. 1333 del Medio Ambiente (marzo de 1992) y otras vinculadas a los delitos ambientales, señalando entre otras previsiones que cuando un servidor público sea autor, encubridor cómplice de esas faltas y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta. ¿Podrá atribuirse responsabilidad penal a los jerarcas del régimen por el desastre ocurrido? Se remiten a su D.S. No. 3973 del 9 de julio de 2019, por el que se autorizaron “quemas controladas” en la zona, promulgado en plena campaña del binomio trucho, señalando que hay que chaquear no más porque de lo contrario no comen: “¿De qué van a vivir? preguntó.

¿Será suficiente para establecer responsabilidades penales? (Suponiendo que en el actual estado habría algún juez o fiscal –independiente y objetivo- para hacerlo…) no estoy al momento en condiciones para negarlo ni afirmarlo aun considerando que el CP enseña que la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena; que tratándose de delitos por resultado se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su causación e incluso que fuera cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; pero si sostengo que sus responsabilidades políticas son ya, evidentes y debieran ejecutarse en las elecciones que vienen.

La CORTE IDH en su Opinión Consultiva No. 23/17 precisamente sobre Ambiente y DDHH obliga a los estados prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio, evitando causar daños transfronterizos; deben también regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir daño significativo al ambiente (DS No. 3973) y actuar conforme al principio de precaución, para proteger el derecho a la vida e integridad personal, frente a posibles daños graves o irreversibles al mismo, aun en ausencia de certeza científica. ¿El régimen lo hizo o prefirió soberbiamente seguir metiéndole no más su campaña en favor de su binomio trucho? Para el efecto, DICKENS nos aconseja: “No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla”.

Cuántas veces hemos escuchado “soñar no cuesta nada” -lo que a muchos desmotiva- pero ¡cuánta satisfacción produce que un gran anhelo se haga realidad!

Muy raramente un sueño se concreta sin que medie un trabajo duro; la realización de un sueño implica no solo la prospectiva sino también acción, para pasar de la esperanza a la realidad deseada. Éste es el caso de Puerto Jennefer.

Ubicado en Santa Cruz, Bolivia, entre las zonas de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, estratégicamente instalado sobre el Canal Tamengo, afluente de la Hidrovía Paraguay-Paraná, pasará a la historia como una iniciativa que en poco tiempo hizo realidad un sueño, gracias a la visión y determinación de sus directivos y ejecutivos.

Puerto Jennefer inició actividades en 2011 como puerto fluvial y terminal granelera para la exportación; en octubre del 2018 obtuvo la certificación como Puerto Internacional de parte de la Dirección General de Intereses Marítimos, Lacustres, Fluviales y Marina Mercante, convirtiéndose en una terminal multimodal con capacidad de mover contenedores, carga-proyecto, graneles sólidos y líquidos y carga general. El 24 de abril del 2019 logró una concesión por 15 años para prestar servicios como Depósito Aduanero y el pasado 12 de agosto recibió la “Orden de Proceder” para -como Zona Primaria Aduanera- hacer operaciones tanto de exportación como importación, abriendo nuevas posibilidades para el comercio exterior boliviano.

“Un sueño hecho realidad”, dijo el Gerente General de Puerto Jennefer, Bismark Rosales, a la culminación de las múltiples adecuaciones necesarias y las cuantiosas inversiones realizadas, al efecto. “A nombre del Directorio, ejecutivos y funcionarios de Puerto Jennefer, agradezco a la Presidencia, Gerentes y Equipo Técnico de nuestra Aduana por el trabajo conjunto realizado para llegar a este día” dijo emocionado en la Conferencia de Prensa donde se hizo el anuncio (16.8.2019).

¿Cuál la trascendencia para el país? El nombre de Bolivia está ahora en el mapa del mundo marítimo internacional; las compañías navieras saben que hay tres Puertos en el Canal Tamengo que nos vinculan con la Hidrovía Paraguay-Paraná, destacando Puerto Jennefer como el primer puerto internacional con presencia permanente de la Aduana y otras entidades del Estado, previendo mover un millón de toneladas en la gestión 2019.

“Un sueño hecho realidad” -de verdad- y, yo diría que para todos los bolivianos, porque tiene que ver con nuestra salida soberana al mar, al Océano Atlántico...

No se equivoca si piensa en una tienda del comercio cuando lee el título de la columna, partiendo de la idea de que dentro de los determinantes para que las personas voten por alguien el tema ideológico izquierda-derecha ya dejó de ser uno hace tiempo, o que las personas no votan necesariamente a partir de la clase social a la que pertenecen; cobra relevancia entonces la noción de que nosotros los electores asistimos a las elecciones como cuando vamos a un mercado a comprar algo.

Si luego pensamos en la política como un gran mercado, imaginémonos que vamos a este para adquirir alguna mercancía que es la que necesitamos. Pensemos que cada partido tiene una tienda en la que ofertan diferentes tipos de productos. Lo que me pregunto es si lo que ofrecen las tiendas de los partidos tiene relación con aquello que queremos comprar.

Una aproximación para ver los productos que buscamos se puede encontrar en los estudios en los que se pregunta a las personas cuáles son los principales problemas que identificamos. Entre estos se hallan temas de seguridad ciudadana, corrupción, salud, y educación, por ejemplo.

Ahora con la billetera en mano que se traduce en la papeleta electoral para apoyar a alguien, veamos si los partidos tienen la tienda surtida de estos productos que son los que los bolivianos estamos buscando.

Observemos primero lo que los candidatos nos dicen. Como cuando nos acercamos a una tienda y el encargado nos ofrece una andanada verbal sobre lo corrupto que es el de la otra tienda. Es decir, no tienen producto en concreto para vendernos pero sí pueden hablar, y mucho, de lo malos que son los de la competencia.

Luego, si les preguntamos sobre productos de seguridad ciudadana, nos muestran su catálogo de equipos modernos como unas cámaras pequeñas que entran en la camisa de los policías para que estos sean monitorizados todo el tiempo o que tendrán cero tolerancia con los actos de injusticia de los operadores de la cadena de justicia (policía, jueces, fiscales). Pero no hay un producto que sirva para garantizar la mejora de calidad de vida de estos operadores y de paso que eso repercuta en que seguir esa carrera de operador de la cadena de justicia sea un acto meritorio y respetado por la sociedad.

En salud y educación, las tiendas nos ofrecen productos similares con algunas prestaciones que uno pone más que otro. Aquí el made in parece ser lo más importante, pero en todo caso al final de cuentas el sello principal no es cambiar radicalmente de producto, sino ver uno que tengan alguna característica distintiva más inclinada a lo moderno, por moda, que por tratar un tema de fondo.

En todo caso, estamos frente a una puesta en escena teatral en la que los candidatos han decidido invertir más en su vestuario y en el gesto acusador de su contrincante, que en declamar intervenciones que capten nuestra atención sobre un futuro ideal y con alternativa a la distopía que vivimos.

Conforme ordena el art 109. II de la CPE, nuestros derechos y sus garantías, sólo podrán regularse por la ley. Es la garantía de la reserva legal, que constituye una de las mayores y mejores limitaciones franqueadas en favor del ciudadano, frente al poder. Como nuestros derechos no son absolutos, la única manera de regularlos, es a través de una norma legal, se supone, en función a la distribución competencial redactada por nuestros legisladores –nacionales, departamentales o locales, legítimamente electos-. Que frecuentemente varios de ellos solo tengan la habilidad de levantar la mano, es otra cosa…

Pues bien, ocurre que en la Capital, a raíz de una investigación periodística del CORREO DEL SUR en función al trabajo de fiscalización de un Concejal Municipal Abogado, se ha desatado no uno sino dos escándalos (el otro lo puso en evidencia el ICACH) que prueban, al menos en esos ámbitos, que Sucre es una ciudad sin ley, sin seguridad jurídica y lo que es peor aún, que los ciudadanos somos esquilmados por el estado, ilegalmente.

Resulta que desde hace varios años, la Unidad Operativa de Tránsito cobra a los conductores –entre 30 a 70 Bs- por concepto de multas por el “indebido” parqueo en el centro, pero: a) la decisión de prohibición, en la hermosa plaza 25 de mayo, fue asumida hace 4 años por el gobernador –trucho, además- del Departamento, vulnerando el art. 302.18 de la CPE que le asigna esa competencia, al gobierno municipal; e incluso, b) existen serias dudas –legales- que otra ordenanza municipal más antigua aún esté –legalmente- vigente, sobre las restricciones de paqueo de las cuadras circundantes, aproximadamente 50, con lo que el cobro de las multas emergentes, su destino y otros pormenores, revelan una enorme inseguridad jurídica, incumplimiento y/o abuso de competencias y otros dislates que sólo confirman el desprecio con que el poder, nos trata a los ciudadanos.

Si lo anterior no fuera suficiente, desde hace aproximadamente 2 meses , el I. Colegio de Abogados de Chuquisaca en defensa de la legalidad y de sus colegas (sean sus afiliados o no, por si acaso) ha denunciado ante el Ejecutivo y ante el Concejo Municipal (que está en proceso de informes y/o interpelación) que su Dirección de Ingresos, persigue ilegalmente a los abogados en ejercicio libre de la profesión (Bufetes) e incluso se ha dado el tupé de rechazar sus memoriales –atentando contra la libertad de trabajo- y hasta clausurar de facto sus oficinas, exigiendo el pago de una patente municipal “amparada” en una vetusta Ordenanza Municipal No. 077 del año 2000, cuyo art. 1 -es de tal claridad, para cualquier neófito incluso- determina que ese proyecto de tasas y patentes, sólo correspondía a la gestión 2000 e incluso estaba condicionada a su aprobación por el Legislativo (según la normativa de aquella época).

No obstante, 19 años después –sí, leyó bien- el ejecutivo municipal está persiguiendo -discriminando además a los abogados contra quienes tiene órdenes expresas de acosar a 50 cada día, por cada funcionario- exigiendo el pago de una patente que desde hace 18 años ya no tiene ningún respaldo legal e incluso, vulnerando el debido proceso, clausura ipso facto sus bufetes y en otros casos, otorga 10 días so amenaza de clausura, para pagar esa patente sin ninguna normativa vigente de respaldo, al extremo que en una petición de informe legal admitió que están tramitando una nueva norma (lo cual fuera ocioso, si la actual, tuviera algún valor, legal). Lo peor de todo, es que si bien, la abogacía es la víctima favorita de los afanes esquilmatorios ediles, todo ciudadano o empresa que paga esa patente so amenaza o efecto de clausura de su establecimiento, está siendo víctima de esa arbitrariedad porque sencillamente no existe hoy una norma legal vigente que, cumpliendo la reserva legal, respalde aquel cobro. Fieles a la doctrina de su jefazo, le están metiendo no más, ilegal e inconstitucionalmente, con tal de recaudar fondos. El “defensor” del Pueblo, bien gracias, contempla de palco. Así las cosas, la CAPITAL se asemeja a una jungla en la que el poderoso hace lo que la da la gana y los ciudadanos somos sus víctimas. “La autoridad ejerce un poder legítimo; el autoritarismo lo ejerce arbitraria e ilegalmente”. Juan J. LINZ

Es cierto que el papel aguanta todo -pero también- que un sueño puede hacerse realidad siempre que se imprima la acción correspondiente en la dirección correcta. Digo esto porque en su reciente discurso con motivo de los 194 Años de Independencia de Bolivia (Trinidad, Beni, 6.08.2019), el Presidente Morales dijo que el PIB nominal del país podría superar los 60.000 millones de dólares el 2025. ¿Será posible?

Aclarando que dicha cifra es en dólares corrientes y que según el INE el PIB boliviano llegó a 40.581 millones de dólares en 2018…¿cuán factible sería que el PIB nominal crezca casi 50% en 7 años, sabiendo que éste subió 324% en los últimos 13 años?

Conversando con mis amigos economistas surgió el tema de la tasa necesaria de crecimiento anual que debería ser de 6,7% en promedio, algo imposible a primera vista, pero tratándose de una tasa de crecimiento nominal, al deflactar el PIB ésta disminuiría al 4% situándose por debajo de la tasa media de cerca del 5% entre 2006 y 2018.

Como antecedente, cabe señalar que el PIB de Bolivia -con una menor economía que hoy- creció 5 veces por encima del 7% en términos reales entre los años ´50 y ´70. Alguien dirá que la tasa de expansión del PIB va cayendo desde 6,8% en 2013 a 5,5% (2014); 4,9% (2015); 4,3% (2016); 4,2% (2017) y 4,22% (2018), entonces la cuestión será, como crecer más para lograr semejante meta. ¡Ningún secreto! Habrá que ser pragmáticos.

Dado que el macrociclo de precios altos concluyó en 2014 y que no estamos más en momentos de auge -apostar por el sector agropecuario/agroindustrial/agroexportador, ampliar el área de cultivo en Beni y Santa Cruz (“lo podemos y lo debemos hacer”); ir a fondo con la producción de bioetanol/biodiesel; reactivar el sector forestal/maderero; impulsar la industria (hierro, litio, potasio, petroquímica); poner atención en la economía de servicios (energía eléctrica; construcción; hub aéreo en Viru Viru; Puerto Busch); apuntalar el turismo e implementar políticas de promoción selectiva de exportaciones y sustitución competitiva de importaciones- resultará clave para llegar a 60.000 millones.

El título de esta Columna lo puso el Presidente del IBCE, Pedro Colanzi Serrate, quien al comentar el tema dijo: “El cielo es el límite para crecer cuando las políticas son buenas: seguridad jurídica, biotecnología, biocombustibles, libre exportación, flexibilidad laboral, control del contrabando, apertura de mercados, puertos internacionales, hub aéreo, plantaciones forestales, en fin…”.

Distinguida Sra. Jueza: aprovechando que tiene “llegada” (como dirían algunos de mis colegas, los mafias) a los impresentables vocales del “Tribunal” Supremo Electoral, aprovecho para franquearle esta cartita, pues la conocí en los reiterados spots con los que nos bombardean sistemáticamente, pretendiendo hacernos creer que las elecciones serán limpias y no la podredumbre que los ciudadanos estamos olfateando.

Ocurre que como dice usted, fuera la árbitra encargada del fair play electoral, estando entonces facultada para impartir justicia en la materia y, a la vista del nefasto rol que los “jueces” de ese “tribunal” están perpetrando con motivo de las próximas elecciones del 20 de octubre, como ciudadano que desearía su voto sea respetado y no grotescamente prostituido como ocurrió con el resultado del referéndum del 21F por otros “jueces” que le metieron nomás en contra del soberano que aprobó primero el art. 168 de la CPE que solo permite una relección y luego aquel resultado vinculante, le transmito pues mi profunda preocupación puesto que aquellos sujetos que debieran dar ejemplo de su imparcialidad respecto de los distintos frentes en liza, dignidad propia y respeto a todos nosotros, están ahora recorriendo el iter criminis del fraude electoral, a favor del binomio trucho al que le rinden pleitesía, sin la menor vergüenza siquiera.

Lo peor de todo es que ellos, al menos en el papel que lo aguanta todo, son los garantes del soberano, es decir de todos nosotros. Parecen ignorar o no les importa, que si bien la democracia es mucho más que el mero ejercicio del sufragio, el irrespeto de la decisión ciudadana plasmada en su voto, constituye uno de los principales elementos que denotan la degradación de una democracia –con luces y sombras- en tiranía, pues vacía de contenido aquel ejercicio, convirtiéndolo en otra burda estrategia envolvente, de aquellas que tanto se ufana el bachiller. Ya otro dictador decía al respecto: “Lo que importa es quien cuenta los votos” (Stalin).

Por ello es que no creo que se le vaya estar pasando desapercibido, entre otros dislates, que ahora estén en “competencia” quienes perdieron el referéndum que ellos mismos urdieron, para tratar a como dé lugar de meterse por la chimenea en esa carrera electoral por cuarta vez; peor cuando ya su actual tercer período vulnera su CPE, que sus cumpas del TSE supongo, han debido per-jurar así sea con el puño izquierdo en alto, incluyendo ese que tiene fotos pintando paredes en plena campaña a favor de su jefazo, aunque no tuvo el valor civil de asumirlo y, sigue como si nada disfrazado de “juez”.

Tampoco se le ha debido pasar a sus expertísimos ojos –sino recurra al VAR, urgente– que el binomio trucho le está metiendo nomás su campaña…con nuestra plata, que es la que manda a esquilmar a los ciudadanos mediante impuestos, etc. ¿Será que sus cumpas del TSE no se enteraron que los servidores públicos han sido convertidos en servidores del régimen? ¡Que acaban de obligarles a ir a proclamarle, so amenaza de ser relocalizados! Que el binomio trucho usa el avión del Estado que aun habiendo sido comprado sin licitación en casi 40 millones de los verdes del imperio, para hacer su campaña y en las barbas de los del TSE. Que el helicóptero es usado como taxi personal del jeque plurinacional y de su partido. ¿Será que esos sus íntimos no se dieron cuenta? ¿O es que son tan pero tan impostores que prefieren hacerse a los giles? ¿Piensan que los ciudadanos somos así?

Qué nos dice de la sistemática vulneración de las normas electorales por aquel binomio trucho y Cía.: ¿Será que nadie en el TSE se da por aludido? ¿Les encantará vivir en tal grado de impostura como “jueces” bomberos? 

Ya pues, doña Pankarita Ñanduti, enséñeles urgente del arte del arbitraje. Abriéndose camino entre ellos, ¡sáqueles la tarjeta roja! No deje que continúe aquello de Barrera Tyszka: “Más que árbitros independientes al servicio de los ciudadanos, son mercenarios de la élite que gobierna el país”.