Blog de Germán Gutierrez Gantier

Mientras los aspirantes a la candidatura presidencial de las diferentes fuerzas políticas avanzan en la búsqueda de aliados y adhesiones, distintos sectores se preparan para salir a las calles en contra del Gobierno al que le exigen la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 que prescribe "I. Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos. II. Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.

La norma aludida se explica por si sola, es abusivamente confiscatoria, afecta a la propiedad privada, a la libertad de trabajo legal, establece procedimientos contrarios a la legítima defensa y a la presunción de inocencia, y subrepticiamente pretende derogar lo prescrito sobre el tema en el Código Penal.

En paralelo la falta de carburantes es pan de cada día por la sencilla razón de que no hay dólares y no hay dólares porque no producimos casi nada y si algunos sectores lo hacen son obstaculizados en su valiosa labor con estos dislates.

En este escenario, los actores políticos se concentran en un proceso electoral lleno de incertidumbres en tanto que varios sectores sociales han decidido salir a las calles con reivindicaciones propias.

Los candidatos y los sectores sociales confrontados al gobierno están divorciados, los primeros han optado por encerrarse en sus pequeños espacios declarándose ajenos a la lucha callejera y los segundos parecen no estar interesados en las veleidades electorales de los aspirantes.

Esta desconexión, le permite al gobierno utilizar el conflicto social para medir sus fuerzas interna y externamente y poner a prueba a sus posibles candidatos que deben ganar sus espacios dando muestras de lealtad con uno u otro sector en la lucha callejera.

La calle, es el lugar donde la acumulación de fuerzas será clave para definir qué candidato logrará un mayor apoyo electoral y quienes quedarán disminuidos y cuando nó aislados. Los aspirantes que no comprendan esta lógica la tienen difícil.

Todos ellos deberían incluir en sus reflexiones que la ciudadanía está sometida a pautas comunicacionales electorales que tratan de inducirla a suponer que la democracia esta incólume, sin embargo, en su cotidiano vivir y contrariamente a

esta incitación, está presente una otra agenda que se esfuerza por recuperar la democracia con la dificultad de que no cuenta con una dirección política que la conduzca a la conquista de la titularidad del poder político.

Las fuerzas políticas están impelidas de construir una conducción política que supere los márgenes escasos de lo electoral, no basta ser candidato, no basta firmar algunos acuerdos, tienen la obligación de formular una estrategia que confluya con la lucha callejera de los sectores sociales.

Será insuficiente que los candidatos efectúen visitas protocolares, realicen apasionadas declaraciones o firmen compromisos, no, no basta, como nunca se requieren soluciones coherentes a los temas en conflicto, los aspirantes tienen que comportarse como si ya fuesen gobierno.

Es importante que denuncien por qué el poder político se niega a dar brazo a torcer, que en el fondo de su decisión está la necesidad de domesticar a los sectores rebeldes por la vía del miedo con la advertencia implícita que luego se extenderá a todo aquel que se ponga al frente.

Los sectores movilizados son el correlato de los movimientos sociales oficialistas sustentadores del autoritarismo, es preciso apuntar que su lucha no es únicamente por sus puntuales intereses, sino que es una forma de defender la democracia frente a las manifestaciones autoritarias.

No debe ignorarse que una fracción del autoritarismo tratará de confundir a la población con anuncios de una movilización conspirativa en su afán de seguir perforando a la democracia con peticiones contrarias a la constitución, las leyes, las opiniones de los organismos internacionales y la voluntad popular expresada en las urnas. Los conspiradores nada tienen que ver con los sectores democráticos movilizados, tienen objetivos absolutamente diferentes, los unos son agua, los otros son aceite.

No puede haber empate, el que triunfe determinará la consolidación de la dictadura o la reconquista de la democracia desde abajo.

El carácter que tenga el proceso electoral está en juego, su viabilidad se definirá en las calles, que es donde deberían estar los candidatos, ya después tendrán la posibilidad de bailar, sonreír, besar wawas y demás demostraciones propias de la farándula electoral, por ahora, la calle los espera.

El padrinazgo tiene una larga data, se encuentra en diversos campos desde el religioso, la función pública, la mafia, el deporte, el narcotráfico, etc. en esencia es una protección que una persona presta a otra. Es una institución presente en todas las actividades del ser humano.

En el pasado el padrino era la persona cuya autoridad moral era el fundamento del establecimiento de esta relación, con el transcurrir del tiempo empezó a tener motivaciones de orden material, vale decir obtener algún beneficio tangible no siempre vinculado con una custodia moral.

Todos tenemos un padrino de bautizo, de bachillerato, de matrimonio, de casi todo, la lista es larguísima. Unos asumen el padrinazgo con una encomiable responsabilidad, otros porque tienen algún interés subyacente enmascarado en una aparente bondad.

La política no podía ser la excepción, también existen los padrinos, nadie llega donde esta si no ha sido apadrinado por alguien. Es una relación alejada del parentesco espiritual, su justificativo es más prosaico, es el puro interés de la obtención de algún beneficio mundano.

El padrinazgo político es una especie de gancho con el de arriba para llegar a ser parte en el ejercicio del poder, el conocimiento, la experiencia, el esfuerzo, la dedicación, la convicción quedaron atrás, es para los sonsos. Una vez asignados los papeles de padrino y ahijado, el de abajo busca al de arriba para ser beneficiado, el de arriba recurre al de abajo para ser apoyado en sus pretensiones, así se establece una fuerte relación de interdependencia en la que se deben producir demostraciones que pongan de manifiesto ese vinculo.

El padrino político, para ser tal, tiene que transmitir el mensaje de que su desinteresada función es por amor a la patria o movido por alguna causa noble, así evita suspicacias molestosas.

El momento ideal del padrinazgo político es el proceso electoral, todos se mueven febrilmente para lograr el aval de sus candidaturas en diferentes espacios, buscan recursos que los sustenten, forman grupos de apoyo o firman sendos acuerdos con aquellos ya constituídos, con lo que se ponen en la vitrina de la competencia.

Como no hay partidos políticos estructurados que sean la base de su accionar, alguien tiene que ayudar, sea con declaraciones favorables, con dinero o generando simpatías o antipatias en la ciudadania. El vehiculo ideal para dicha tarea son los sondeos de opinión o las encuestas, es ahi donde se define quien será candidato, afectando la voluntad del ciudadano que es bombardeado con datos que terminan vulnerando su libre elección, máxime cuando no hay causas sino mesías.

El sondeo o la encuesta de ser un valioso instrumento de indagación para la toma de decisiones se ha convertido en un medio, en algunos casos, para manipular la voluntad ciudadana, los responsables de elaborarlos y ejecutarlos incorporan preguntas que les interesan a sus financiadores no lo que realmente busca el ciudadano, configurando de esta forma escenarios con tendencias predefinidas.

El candidato en lugar de debatir causas efectúa esfuerzos por ser parte de las encuestas, su misión se tribializa al extremo, debe someterse a las lineas impuestas que aparentan una supuesta neutralidad política.

Las encuestas recientes, en los hechos, cumplen con varios objetivos preestablecidos, primero fija en la mente de la población que el proceso electoral no tiene dificultades por lo tanto se llevará a cabo en términos de normalidad; segundo, al no haber afectación de la democracia, la lucha política es únicamente electoral y hace olvidar la crisis generalizada por la que atravesamos; tercero, posiciona a mesías al margen de las causas; cuarto, favorecen a posibles candidatos, que, parece, están en el deseo del financiador de las encuestas y no en la realidad; quinto, el financiador se visibiliza como un benefactor sin mostrar la razón de su desprendimiento.

No es creíble, que aquel que pone recursos económicos en la política lo haga desinteresadamente, por supuesto que quiere ser factor decisorio e influir luego en los posibles ganadores, por eso en las encuestas aparecen los que él decide, para no equivocarse apunta a varios candidatos en las preferencias ciudadanas. Son padrinazgos no pedidos sino impuestos y gane quien gane tendrá que pagar una abultada cuenta con pedidos vinculados al interés del bondadoso aportante.

Marcelo Quiroga Santa Cruz, afirmaba que la dependencia económica genera inevitablemente una dependencia política. Cuánta razón tenía.

El padrino tradicional ha dejado de ser una figura moral para convertirse en un personaje que quiere hacer negocios, para ello invierte, visibiliza a los que él cree conveniente y obliga a los excluidos a someterse a su voluntad con la promesa de ponerlos en la encuesta.

Habrá que esperar que los candidatos operen con ética, sin ataduras impertinentes y que cualquier favor que reciban lo evalúen, pregúntense por dónde viene la mano y operen en sus campañas sin subterfugios de ninguna naturaleza.

No olviden que “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”

El manejo del Estado en pleno Siglo XXI es una tarea mucho más compleja que en el pasado, lo que conlleva una exigencia de adecuar las instituciones a las necesidades crecientes que se plantea en la actualidad.

Las recetas tradicionales del manejo de los estados  pierden terreno ante la realidad variable, activa y diversa, pese a los esfuerzos de ciertos sectores, grupos o partidos políticos que no asumen la vitalidad de los profundos cambios que se viven en el mundo entero.

El Estado de hoy como nunca debería ser administrado con la asistencia de la tecnología y de burócratas cada vez más eficaces y eficientes en el manejo de los recursos públicos en relación directa con las necesidades crecientes de la sociedad.

Suponer que un grupo privilegiado de personas del entorno de los personajes fuertes de un gobierno es suficiente se equivocan o que concentrando el poder en manos de un elegido por los dioses del Olimpo sobra y basta, peor. La asignación y ejecución de políticas públicas requiere de un manejo multidisciplinario inexcusable.

En una opción diferente y de contra ruta  parecen estar algunos países de América Latina, tal es el caso de Venezuela,  con su inocultable crisis social, económica y política, la que quieren justificarla, en particular,  su presidente,  con apariciones mediáticas y de masas en las que pronuncia interminables como incomprensibles discursos de los que solo se puede concluir que la culpa de la situación  es del otro y no de su ineptitud.

Se ha llegado a extremos insostenibles con la toma de  medidas que expresan   una   monumental estupidez  antes que una voluntad para resolver los acuciantes problemas cotidianos que atraviesas los venezolanos. Por ejemplo se ha determinado que los funcionarios públicos solo tendrán una semana laboral de dos días pues no trabajarán  los miércoles, jueves y viernes con el propósito de ahorrar energía eléctrica mientras se recupera el embalse de Guri que genera el 70 % de la electricidad, porque, según el oficialismo, ha sido afectada por la intensa sequía  y el sabotaje de algunos sectores de la oposición.

Es inimaginable pensar en una alianza política entre el fenómeno de El Niño y la oposición venezolana, pues si esta última fuese tan poderosa como para controlar este fenómeno o someterlo a sus designios, Nicolás Maduro no hubiese sido nunca presidente.

Entonces surge la  pregunta  ¿la crisis actual es producto de una oposición organizada, seria, con proyecto de estado y poder o de la ineptitud, la corrupción y sobre todo la ausencia de un manejo responsable  de  su riqueza hidrocarburífera?

Todo apunta a la ineptitud y al manejo  irresponsable  del gobierno del Presidente Maduro pues el buen momento económico de su pasado inmediato se lo farrearon   sin escrúpulo alguno,  utilizaron hábilmente la   idea del cambio y de una crítica sin cuartel   al neoliberalismo y consolidarse en el poder  por décadas para   finalmente mostrarse muy parecidos a sus enemigos ideológicos en su insensibilidad de luchar contra la pobreza, la corrupción, el abuso de poder y el autoritarismo.

La herencia que  dejan pringa irremediablemente a la izquierda y a lo popular al grado de que los  proscribirá injustamente de la memoria popular y  del seno de ese pueblo por mucho tiempo, su reconstrucción será lenta, difícil y llena de vicisitudes

La búsqueda y toma del poder por la vía democrática conlleva el ejercicio de funciones por parte de los elegidos con el fin de cumplir ciertos fines, que  se supone deben ir en beneficio de la sociedad.

A partir de ese momento se establece una relación de orden ético legal  entre el elector y elegido,  que  obliga a la autoridad a cumplir con lo prometido o cuando menos a desplegar su actividad  pública en función al interés general, sobre todo a partir de la utilización de recursos estatales que deben ser manejados con reglas de juego preestablecidas y no de manera discrecional.

La política debe estar siempre sometida a la legislación y no al revés, con esto se expresa que hay reglas de juego que cumplir en el ejercicio del mandato democrático para evitar que en el futuro se establezcan responsabilidades a la autoridad que vulnero o incumplió con la legislación vigente.

También existen ciertos códigos de comportamiento  en la función pública que si bien no están escritos pero  deben ser cumplidos por las autoridades electas, por ejemplo un gobernador, un alcalde, un ministro debe desarrollar sus funciones en sus oficinas o debe procurar ejecutar su presupuesto institucional en porcentajes lo más elevados posibles.

No existe ley alguna que fije un porcentaje de ejecución de un presupuesto pero en la medida que esta sea elevada se entiende que se han cumplido con los objetivos fijados y la ciudadanía ha sido atendida en sus requerimientos así sean mínimos.

Lo que si legalmente debe hacer una autoridad es transparentar sus actos e informar a la ciudadanía de cómo están siendo gastados ésos recursos públicos de tal manera que la ciudadanía ejerza un adecuado control y seguimiento sobre el gasto público y los grados de eficiencia y eficacia de una determinada administración.

En Sucre, la Capital del Estado, se ha conocido públicamente,  que la ejecución presupuestaria del primer trimestre del  2016 en inversión pública de la Alcaldía ha llegado al 1 %, quedando para los próximos nueve meses el desafío casi imposible de  ejecutar el 99 %.

La situación es gravísima y por lo tanto preocupante. Pero ¿cómo se ha llegado a tal extremo? da la impresión que en Sucre no hay Alcalde, que existen  cerca de tres mil burócratas que reciben un sueldo como servidores públicos municipales por no hacer nada, que el Concejo Municipal no cumple con el mandato constitucional de fiscalizar,  que el control social y la Federación de Juntas Vecinales socapan al Alcalde y al Concejo, en suma nadie cumple con la ley en el Gobierno Municipal de Sucre con daños irreparables a la ciudad.

Seguramente hay argumentos para ello, desde el manido que funcionarios de la anterior gestión complotan contra la actual administración, que el equipo del Alcalde es el culpable, que el Alcalde y el Concejo están tomando decisiones que serán comunicadas oportunamente y cosas por el estilo, lo cierto es que el nivel de irresponsabilidad de estas autoridades ha llegado a un límite en el cual la ciudadanía debe de tomar decisiones e impedir que los ineptos dañen de la manera como lo están haciendo a la ciudad de Sucre.

De seguir así la gestión municipal el camino más decoroso para el Alcalde será la renuncia digna antes que quienes lo eligieron revoquen su mandato lo que implicaría una nueva y grave derrota política para el MAS en Sucre, ciudad en la que el ganó  por primera vez en las elecciones municipales anteriores pero que puede ser la última.

Sucre, 4 de abril de 2016

Con la reconquista de la democracia en 1982 soplaron   vientos de cambio que permitieron que la selección y elección de los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia se produzca de acuerdo a los parámetros señalados en la Constitución Política del Estado, activándose las facultades  del Congreso de la República.

Inaugurada la democracia pactada imperó el cuoteo entre los partidos del sistema en la designación de las máximas autoridades judiciales, por lo que los magistrados que en la dictadura  le debían el favor al dictador, en el sistema recién instalado el depositario del agradecimiento era el partido político o más bien algunos dirigentes  del partido que al favorecer a sus allegados  les permitía obtener contraprestaciones  expresadas en fallos judiciales amañados.

Esta práctica obligó a buscar nuevas formas de selección y elección de magistrados hasta que se vislumbró la fórmula de la meritocracia que trataba de reemplazar el favor político por el mérito de los aspirantes. 

Las reformas constitucionales de 1994 fueron saludables  se crearon y constitucionalizaron  instituciones como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo que le dio a la democracia  una imagen diferente y esperanzadora.

El Instituto de la Judicatura de la ciudad de Sucre jugó, en un primer momento, un papel de significación en la implementación desde abajo de la meritocracia en el Poder Judicial, con la formación de jueces que egresados de esa institución prestaban  sus servicios al margen del favor partidario.

Con el nuevo texto constitucional la ingeniería constitucional  definió un sistema novedoso a la vez que disparatado de elección de magistrados. Recurrió al voto popular, sus promotores afirmaban con orgullo que era una forma novedosa,  democrática y única, evitaba el cuoteo y la intermediación partidaria.

En efecto fue tan novedosa no por imaginativa sino por irresponsable, desfiguró el valor del voto configurando un electoralismo  que vinculaba a los candidatos a movimientos sociales que imponían  sus condicionamientos al elegido, desde la asignación de puestos de trabajo hasta la emisión de fallos  en relación directa a los intereses de sus mandatarios. 

De ahí que el nuevo mecanismo   de selección y elección de magistrados en lugar de mejorar y superar las taras del pasado terminó por desmoronar las endebles estructuras del órgano judicial.

Conformado  el Órgano Judicial actual  se reinstalaron   vergonzantes acciones extorsivas a los litigantes,  abusivas  influencias de clanes o roscas vinculadas al poder,  consorcios de abogados, jueces y fiscales que destrozaron toda credibilidad  de la justicia, entronizando una desvergonzada  cleptocracia que institucionalizó la impunidad

Aquellos yerros y prácticas delincuenciales del pasado se han amplificado en la actualidad, no solo dentro del  órgano judicial, sino, esto es grave, en todo el estado y en la propia sociedad civil, con una  ciudadanía cada vez más tolerante y acrítica, sea por miedo,  comodidad, ignorancia o cansancio.

Pretender abordar el tema de la justicia  únicamente  en cumbres cupulares es insuficiente. Todo indica que la Constitución Política del Estado es una coladera de la que emergen incoherencias insostenibles  que no serán resueltas entre los actores del desastre

Sucre, 30 de marzo de 2016

A principios del  mes enero de este año, el ex Presidente de Bolivia Carlos Mesa Gisbert afirmó públicamente que “Evo (Morales) le debe a Goni (Sánchez de Lozada) más de lo que se atreve a reconocer.” lo que provocó  enérgicas  reacciones de importantes dirigentes del MAS, la mayoría de ellas denostando a Carlos Mesa al grado de objetar su condición de vocero internacional en la causa marítima.

No parece muy difícil colegir que estas declaraciones fueron una interpretación histórica de los hechos desde la óptica particular  del ex presidente  y no  una denuncia o  enjuiciamiento al comportamiento político de Evo Morales.

Gonzalo Sánchez de Lozada  fue un importante promotor y ejecutor del modelo neoliberal en Bolivia a partir del  D.S. 21060, Presidente de Bolivia en el auge y el debilitamiento del mismo. Su renuncia  en octubre del 2003 era el último repicar de las campanas que anunciaban la caída del Estado Nacional y aparecía en el horizonte lo que después se concretaría constitucionalmente el 2009 como el  Estado Plurinacional. Un modelo alternativo y diferente al primero.  

La instauración del  modelo neoliberal en Bolivia, al igual que en Latinoamérica, tiene un paralelismo perverso  con la recuperación de la democracia  que influyó y afectó   su construcción y consolidación. 

El sistema de partidos políticos en democracia  fue pulverizado el 2003 tras una larga agonía, el partido político es objetado como el idóneo intermediador entre la sociedad civil y la sociedad política. La reacción de los partidos  del Estado Nacional es ociosa a la vez que prepotente, se centra en inventar fórmulas como la de MIR Nueva Mayoría, los amigos de Goni, o los despreciables independientes, que son por excelencia la  negación de la existencia del  partido. y finalmente  la aparición de las agrupaciones ciudadanas que son la mejor vía para dividir y subdividir al partido hasta aniquilarlo. 

Mientras se instalan los “yupi boys” en las altas esferas de gobierno, sin relación alguna con las estructuras partidarias y peor aún con el resto de la sociedad, el partido se aleja progresivamente de sus bases sociales de sustentación. 

El MNR abandona el área rural y deja al campesinado sin el partido al que perteneció orgullosamente desde la Revolución de 1952, la cúpula dirigencial centra sus esfuerzos por convertirse en un partido clase mediero urbano.

El espacio abandonado es rápidamente copado por las ONGs recomendadas  por el propio Banco Mundial para implementar planes y programas sociales que el Estado había descuidado. La adscripción férrea de Sánchez de Lozada al neoliberalismo hace que el MNR deje el área rural y dirija sus esfuerzos a las ciudades en busca de articular a la gelatinosa clase media en torno al ideario antipartido, favorece, en primera instancia, a estas organizaciones no gubernamentales.

Naturalmente  muchas de estas ONGs se convierten en la base operativa de penetración política del área rural con programas asistenciales, sobre todo en aquellos territorios golpeados por la extrema pobreza que se había extendido dramáticamente por toda Bolivia.

Como en política no hay espacio vacío alguien debe coparlo apareció el que había tenido un proceso modesto de acumulación de fuerzas. 

Para Evo   el panorama fue el ideal, contó con la ineptitud de los partidos políticos del sistema, había sumado un valiosa  experiencia como dirigente de las 6 Federaciones del Trópico cochabambino, probó las mieles del poder como diputado nacional y contaba  con la ayuda innegable de las ONGs,  para   extenderse a otros espacios  con propuestas simples  que objetan la democracia pactada y el sistema prevaleciente.

De ahí que si el MNR no abandonaba el área rural el copamiento de Evo cuando menos hubiera sido difícil y en un tiempo mayor. Dicho de otro modo Goni y el MNR le sirvieron la mesa y Evo supo aprovechar.

Ahora presiento que la nueva mesa está siendo servida  de a poco  a una derecha troglodita y conservadora,  por los desaciertos del MAS. 

Entonces lo dicho por Carlos Mesa merecía más reflexión que adjetivación.

Sucre, 22 de marzo de 2016

No es poca cosa el haber estado en el poder por 10 años y, si todo va bien,  llegar a los 14.

Por ello mismo se debe abrir la brecha de la crítica y autocrítica democráticas para analizar el comportamiento y la significación  de lo plurinacional, de lo indígena originario campesino, del vivir bien, etc. en suma de un modelo de sociedad, de estado y de manejo del poder. Como al frente sacar, si es posible, una radiografía de la raquítica oposición política. 

La veta se mostraba abundante y rica en datos, empero los últimos acontecimientos, unos de fondo y otros  pervertidos por el amarillismo, centran el debate en el comportamiento de la democracia y su instrumentación desde el poder.

Si algo se puede apreciar en Bolivia es que el proceso se ha electoralizado, los ciudadanos son convocados a votar por todo y por nada, se estima que en los últimos años se han gastado casi mil millones de bolivianos en estos eventos. A la par, el manejo del poder ha sido más autoritario y centrado en la preocupación del futuro político de dos ciudadanos para lo que se movilizaron ingentes recursos públicos.

El referéndum del 21 de febrero  fue encarado con graves errores estratégicos del partido de gobierno en su afán de repetir votaciones pasadas, fundadas en el prestigio y fuerza de Evo Morales.

El comedimiento ilegal del Tribunal Supremo Electoral de incorporar una pregunta dirigida a los actuales mandatarios  convirtió el referéndum en plebiscito de tal manera que el MAS expuso a su principal figura  a la crítica pública sin  que en la otra vereda  haya a quien atacar o confrontar, de esa manera se borró  de la discusión pública  la reforma del artículo 168 constitucional y todos centraron su artillería propagandística en la reelección presidencial y vicepresidencial al extremo que ambas personalidades hicieron campaña por ellos mismos como si ya fuesen candidatos.

Esto los condujo a cometer otro error. Si algo tenía el MAS como ventaja era su propuesta de cambio que  vislumbraba futuro que lo desligaba del pasado, empero al convertir a sus principales figuras en candidatos les obligó a ofrecer el pasado y  el presente y se ignoró la visión de  futuro, que es  justamente lo que los diferenciaba de las gestiones neoliberales. Por decisión propia se quedaron en el recuerdo, borraron de un  plumazo el cambio.

Dicho de otro modo el manejo omnímodo del poder  durante diez años los cegó y los condujo a un manejo de la cosa pública sin reparos legales ni controles democráticos que los obligue a moderar su conducta  sometiéndola  a las reglas de juego preexistentes, como sucede en cualquier estado de derecho, en el que la legislación somete a la política

Los casos FONDIOC o CAMC,  son el efecto y no la causa de un manejo autoritario. Pese a la gravedad  de los hechos no se los aquilató en su verdadera magnitud.

El primero tocaba el tuétano de la base social del MAS,  de facto dejaron de ser  la “reserva moral” de la sociedad. La dirigencia masista no quiso o no tuvo  la capacidad de efectuar un corte radical y como siempre sucede, lo hicieron por la parte más delgada apresando a algunos dirigentes y haciéndose de la vista gorda con otros, olvidando que todos ellos son no más  movimientos sociales comprometidos hasta el alma con el Presidente Morales.

El caso CAMC tuvo  relevancia no por el contenido casi pornográfico que le dio el sensacionalismo comunicacional, sino por el manejo abusivo y arbitrario del poder a partir de una pasada relación  afectiva que manipulo y vulnero toda norma existente dejando de lado las  licitaciones para la provisión de materiales o construcción de obras, recurriendo  al manejo discrecional de los recursos estatales con  adquisiciones directas y a voluntad de un entorno cada vez más cercano al Presidente Morales.

Este comportamiento  hirió gravemente los valores y los principios  acumulados por la sociedad civil en todos estos años de vigencia de la democracia. La ciudadanía decidió operar sin intermediarios, de manera  no organizada y anónima y  reaccionó como reaccionó.

Entonces sucedió lo inevitable, Evo el intocable dejó de serlo y terminó siendo un gobernante más,    competiendo en  defectos  con todos los presidentes neoliberales a quienes tanto desprecia.

Ah, de todo esto no le  culpen a la oposición farandulera, valdría la pena mirar hacia adentro. 

Sucre, 14 de marzo de 2016