Blog de Germán Gutierrez Gantier

La campaña preelectoral iniciada por los aspirantes a la presidencia con gran ahínco sigue su curso ascendente a la par que persiste el divorcio con los conflictos sociales que transitan por cuenta propia. El proceso electoral y la crisis integral siguen caminos diferentes, pese al esfuerzo gubernamental de utilizar la crisis en beneficio propio.

La reunión convocada por el presidente Arce, en días pasados, ayudó a desenmascarar a qué bloque pertenecen los precandidatos, más allá de sus poses, declaraciones o aspavientos.

Contribuyó también a dejar en claro que, ni en el oficialismo ni en la oposición habrá una sola opción. En ambos bloques aparecen varios aspirantes en disputa que han iniciado una lucha interna que va de feroz a picante. Los perfiles que se dibujan unos son explícitamente confrontacionales y otros arteramente disimulados.

El oficialismo “oficial” -valga la redundancia- esta fisurado e inmerso en controversias llenas de odio entre sus fracciones, en tanto que el oficialismo encubierto clasemediero, acomodaticio e inescrupuloso se presenta con un rostro hipócritamente dialogal y dispuesto a todo con tal de obtener una victoria electoral.

La oposición variopinta, se ha dedicado a proponer fórmulas unitarias electorales en vistas al mes de agosto, pero en el trayecto se están inflingiendo algunos topetazos, que de profundizarse podrían inviabilizar la deseada unidad, con la agravante que la búsqueda de ese mecanismo técnico para elegir al candidato único se lo hace sin ninguna aproximación programática que garantice acuerdos duraderos no sometidos a la decisión del aspirante.

La ausencia de una visión integral del periodo y de soluciones en la misma dirección anuncian precariedades de alta inestabilidad, agudizadas por su negativa a esclarecer su posición sobre el estado plurinacional fracasado o con tímidas declaraciones que no atinan a proponer un modelo estatal alternativo.

La suposición de que una victoria electoral reordenaría al país y las soluciones se darían mecánicamente producto de la elección de un presidente opositor sin tomar en cuenta de que las urnas son necesarias pero insuficientes para gobernar, les impide percibir los peligros conspirativos del día después de la elección

La unidad electoral en las actuales circunstancias, parece difícil, por las aspiraciones desatadas, pero si se diera no es garantía de que las elecciones se realicen con limpieza y sometidas a las reglas de juego preestablecidas.

Sin embargo esta deficiencia, podría convertirse en una gran oportunidad para que las fuerzas políticas opositoras en contienda, sin renunciar a sus aspiraciones electorales, se aproximen para enfrentar la crisis actual e incidir en

un arribo más o menos confiable a las urnas, sobre la base de acuerdos puntuales, que les permitirían vincularse con la ciudadanía y constituir una conducción política ante cualquier emergencia y ser el cimiento de futuros acuerdos de gobernabilidad democrática, imprescindible para cualquier gobierno.

La ciudadanía exige una respuesta unitaria a la crisis política, económica, social y moral que agobia a los bolivianos y que cotidianamente esta provocando estallidos espontáneos e incontrolables de protesta que de no ser canalizados adecuadamente podrían ser utilizados por la dictadura para afectar el desarrollo del proceso electoral mismo.

Acaso no se dan cuenta que las respuestas están en la calle y solo requieren ser cohesionadas en un ideario que permitiría visibilizar una conducción política legitimada en el fragor de la contienda.

Es necesario vincular la lucha electoral con la lucha política contra la crisis y que los candidatos recojan las propuestas ciudadanas y las conviertan en un programa de lucha y de unidad para el periodo.

El grupo político que mejor interprete las aspiraciones del pueblo será reconocido desde abajo y podrá proponer un candidato que represente esas luchas con un alto grado de legitimidad, querer reemplazar la decisión ciudadana por mecanismos técnicos es ofensivo.

Las elecciones por lo tanto no son el punto de partida que desarrollará un proyecto alternativo de poder sino la culminación de una contienda y el momento inaugural de la cristalización de un periodo histórico democrático en reemplazo de la dictadura plurinacional.

Cuando el gobierno nacional anunció que daría un mensaje, generó en la ciudadanía expectativa, habida cuenta de la grave crisis por la que atraviesa el país. Arce Catacora, nos dejó con sabor a poco. 

Si el presidente pretendía tranquilizar a los bolivianos tomando decisiones de estado en temas delicados, su mensaje fue un fracaso, sembró más dudas que certezas. 

Empero, si dicho mensaje es analizado  no como un acto aislado del gobierno presionado por las circunstancias sino como parte de una estrategia en vistas a la reproducción del poder, se podría concluir de una manera diferente. 

Arce Catacora estuvo rodeado de sus ministros, todos con trajes desprolijos más que informales, parecían que los arrancaron de sus dulces sueños, tal vez, por eso tenían miradas ausentes como si los temas anunciados no les importaran, al finalizar su alocución le otorgaron un opaco aplauso que retumbó en la soledad de semejante espacio, la foto fue más importante que lo dicho.  

Mostrar a sus ministros reunidos más no cohesionados, en torno al presidente, parecía una respuesta y un desmentido a los chismes del evismo sobre las intimidades del arcismo.  

Los diez puntos anunciados no son de fondo son puras medidas administrativas que bien pudieron ser anunciadas por cualquier instancia media del gobierno. Arce Catacora optó por la alharaca y como siempre sin ningún sentido autocritico de su responsabilidad, no abandonó su retórica confrontacional que identifica al enemigo político como el culpable de todo y advirtió que existen sectores que quieren convulsionar al país. 

Sin inmutarse, anuncia que mantendrá la subvención a los hidrocarburos, que no devaluará el boliviano, que la falta de dólares es un artificio creado por la no aprobación de empréstitos en el parlamento, agrega, que no renunciará, y para concluir, deja de ser presidente y habla como candidato al acusar a sus pares opositores de hipócritas y doble discurso. No da respuesta a las exigencias ciudadanas ni transmite la decisión de enfrentar la crisis generalizada. 

Como Arce Catacora y su entorno han tomado la decisión de promover su candidatura, que es una locura porque en un evento electoral más o menos transparente recibiría una paliza histórica, nos deja la duda de ¿que es lo que los induce a insistir en una candidatura en estas condiciones? Sólo y únicamente  su afán de reproducirse en el poder a cualquier costo.  

Vistas las cosas de esta manera la crisis les beneficia, es parte de una estrategia perversa, que tiene varios escalones, primero, de tanto golpear al pueblo muchos sectores cansados de los agravios son domésticados y caen en la resignación afirmando de qué las cosas no cambiarán de rumbo como sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han demostrado tener la capacidad de utilizar a su avor las debacles económicas, políticas y sociales, segundo, la crisis, se debe a las acciones de sus enemigos políticos que deben pagar con encarcelamientos y sanciones extralegales. Tercero, deben dar una imagen de que son democráticos convocando a elecciones en las que el voto envilecido y las urnas fraudulentas les garantizarán su permanencia en el poder, sin embargo si la ciudadanía indignada termina rebelándose como sucedió el 2016 o el 2019, al no contar con una conducción política será vulnerable. 

Finalmente, al victimizarse a la par que alimentan la crisis, suponen  que unos meses antes de las elecciones, se probarán los créditos en el parlamento y conseguirán algún colchón adicional que les permitirá sobrevivir hasta el día de la elección, con lo que las victimas se transformarán en salvadores que supieron confrontar todas las penurias y ataques. 

Finalmente sin todo esto no se cumple, les queda todavía la estrategia a lo Maduro, en la que si pierden abrumadoramente en las urnas, no importa no abandonaran el poder.  

Suponer que la candidatura de Arce Catacora, se someterá a las reglas de juego democráticas y respetará la voluntad ciudadana, es otorgarle un manto de pureza y eximirlo de sus responsabilidades liberándolo del manejo abusivo manejo económico como ministro y como presidente que permitió la instalación de una dictadura que seguimos sufriéndola los bolivianos. 

Todo esto, es el deseo del arcismo, que subestima una posible respuesta ciudadana que ha aprendido de los sucesos del pasado y tratará de no repetir los errores, olvidan que Bolivia tiene sus propias particularidades que impedirán la aplicación de recetas, tenemos una larga tradición de lucha  que ahora esta al frente del autoritarismo masista.  

Las colas en busca de carburantes, la subida de precios de la canasta familiar, el freno a la actividad productiva por la ineptitud del gobierno y los anuncios de movilizaciones de varios sectores, se tornan explosivas.  

Calcularon mal, todo esta en su contra, pese a sus deseos, se aproxima su derrota que puede ser histórica. 

Si solo habría una pequeña conducción política esto seria diferente. 

Con la imposición del estado plurinacional el sistema de partidos políticos fue pulverizado y reemplazado por un monopólico instrumento político sobre la base de los movimientos sociales. Las otroras poderosas organizaciones partidarias dejaron de existir o fueron reducidas a una existencia marcada por la intrascendencia. 

El partido político es parte de procesos históricos cuya presencia debe servir para reiterar los aciertos y evitar los errores cometidos. Su existencia transmitió y justificó ideologías, principios, valores, lenguaje con contenido y comportamientos de diversa raigambre. 

La designación de compañero o camarada a quien compartía ideales, luchas, aspiraciones y, muchas veces, el ejercicio del poder político, fue reemplazada por el término hermano, que en un principio parecía invocar una relación más profunda que emergía desde el ancestro, empero, concluyo siendo la calificación a una vulgar complicidad en la comisión de actividades ilegales y arbitrarias. 

La hermandad destructora del partido político se conglomeró en la corporación y en la defensa de sus intereses sectoriales con lo que eliminó la urgencia de lo nacional, instaló una retórica perversa en su contra con el fin de que se extinga, evitando de esta manera la presencia de propuestas y figuras contestatarias. 

Como los partidos y sus conductores de entonces no tuvieron la capacidad de reinventarse en función a las necesidades de la sociedad terminaron siendo presa fácil de los neopopulistas fascistoides que sin despeinarse eliminaron a toda una “clase política”. 

El aparato de Estado quedó en manos del MAS en exclusividad y se conformó un ejército de burócratas inescrupulosos que hicieron que las prácticas corruptas penetren en todos los niveles bajo la protección de jueces y fiscales serviles. 

La única oposición existente en todo el periodo masista fue la parlamentaria, cuya presencia formal y anodina posibilitó el cómodo despliegue del autoritarismo. En casi veinte años, no se esforzaron en la formación de nuevos liderazgos ni establecieron una mínima linea política que ordene el accionar de su bancada. Su impronta devino en un amontonamiento de individualidades que fungían sin ninguna vinculación con sus representados y peor aún con la sigla que los cobijaba, de tal manera que la ciudadanía solo fue bombardeada con escándalos vergonzantes. 

Quienes debían ser conducción, nunca asumieron su rol, cedieron su lugar a la casualidad, a la improvisación o a algún que otro allegado inescrupuloso. No se constituyeron equipos de trabajo en las diferentes áreas de interés de los bolivianos porque no había linea que defender ni estructura que los cohesione, ni representados a quienes responder. La tónica del periodo fue el dibujo libre. 

En consecuencia ellos contribuyeron a una peligrosa desacumulación de fuerzas que con el despliegue del inseguro proceso electoral, desnuda nuevamente, el carácter de los grupos políticos, que no cuentan con equipos destinados a la lucha política en general y tampoco  para la lucha electoral. Su máxima pretensión es armar pequeñas maquinarias electorales y confiar en las redes sociales, cuyos mensajes dejan de lado la sustancia y a importantes sectores que requieren de algo más. 

Confiar en que el candidato y su entorno son suficientes para disputar y expulsar del poder al MAS, insisto, es un error. La compleja crisis política, social, económica y moral requiere de la participación de ciudadanos experimentados en las diversas áreas. No basta ganar elecciones, sino  garantizar la gobernabilidad, que solo puede obtenerse con un sólido apoyo ciudadano  a una causa que legitime al futuro gobierno, que cuente con equipos fuertes que otorguen seguridad a la gestión gubernamental  a partir de una estructura dispuesta a superar los peligros de futuras conspiraciones y mantener una relación fluida y permanente con la ciudadanía. 

Es necesario construir, dicho de manera metafórica, un ejército de capitanes, con una estructura no jerárquica que supere la existencia de mandos verticales, con miembros que deberían estar capacitados para  traducir y explicar pedagógicamente el proyecto de poder, respondiendo con solvencia en todos los escenarios donde se produzca la lucha política. 

La relación capitanes-ciudadanía en el proceso electoral luego devendrá en una democrática relación de gobernantes con gobernados, superando el divorcio que se ha producido entre sociedad política y sociedad civil. 

De este modo el dibujo libre habrá sido expulsado del proceso electoral y de la futura gestión de gobierno.

Lo ideal en un proceso electoral es que antes de presentar a los aspirantes en competencia, primero se debería definir el perfil en abstracto del candidato que se requiere en correspondencia con las necesidades de la coyuntura y mejor aún del periodo.

Todo esto es apenas un deseo, ya que los bolivianos estamos históricamente vinculados a la existencia de caudillos en los que una gran parte de la población deposita sus esperanzas y creen, que estos semidioses, resolverán los problemas de la sociedad. Los caudillos o mesías son vistos como salvadores, y lo más grave, es que ellos también creen que es así, entonces no es necesaria una causa que mueva a los sectores sociales, las “virtudes personales” de los aspirantes a la silla presidencial, reemplazan toda otra necesidad.

La causa es una propuesta de un futuro deseado y posible, cumple el rol de ser el nexo de las candidaturas con la sociedad en el propósito de construir una alternativa, de tal modo que la ciudadanía se debería adscribir a un proyecto político integral y no a factores banales que resaltan las particularidades físicas o habilidades artísticas o deportivas de los candidatos.

La situación se complica con la inexistencia de partidos políticos debidamente estructurados, que cuenten con una dirigencia que los represente en todo el territorio nacional, que tengan una base social adscrita a su ideario y sean el enganche con el resto de la sociedad.

La presencia del partido político democrático, posibilita que las decisiones a ser tomadas, sean producto de un escrutinio interno permanente donde el dirigente o representante es un depositario del pensamiento de sus miembros y no a la inversa.

La inexistencia del partido político que es reemplazado por grupos políticos fugaces, posibilita que todas las determinaciones sean acaparadas por el candidato-mesías y un reducido grupo de personas que lo rodean, como no cuentan con hilos comunicantes con una militancia activa cuya savia alimente sus decisiones, recurren a sus propios saberes o, como son modernos, a encuestas. La organización y el debate democrático interno han sido reemplazados por una cúpula reducida o una boleta técnica.

Un partido político, sus dirigentes y sus militantes tienen la obligación no solo de interpretar a la sociedad sino de orientarla en la toma de decisiones proponiendo las transformaciones necesarias, que serán respaldadas o rechazadas en las urnas por los ciudadanos.

Es cierto que todos los procesos electorales, se valen de encuestas, sondeos de opinión y otros mecanismos, con el fin de escudriñar a la ciudadanía, ello, sin embargo, no parte del vacío sino de una propuesta base elaborada por el partido y sus estrategas.

Los candidatos de la oposición al no tener estructuras partidarias o ser ellas muy débiles, terminan decidiendo potestativamente, están liberados de cualquier presión, su voluntad es omnimoda, no hay quien les discuta nada, porque tienen empleados no militantes, sobre la base del trabajo de consultores arman su programa de gobierno, si ganan las elecciones, tal vez alguno de ellos podría ser ministro o embajador, la lealtad al programa y a la linea partidaria no existen.

El MAS reemplazó al partido político con los movimientos sociales portadores de prácticas antidemocráticas, lo que impelía a los opositores a recuperar al partido político adecuado a las necesidades actuales, pero lejos de hacerlo terminaron por articular roscas políticas y económicas de las que son parte unos cuantos, con ello el candidato al no requerir ni contar con una base social se convierte en un tótem autoritario.

El comportamiento neorosquero gana espacios, uno de los candidatos ha indicado que él será el que elija a su acompañante de fórmula, a los candidatos a senadores y diputados, otro que recurrirá a las encuestas, de esta manera la democracia en las organizaciones ha sido desfigurada y han parido un frankistein.

El mesías empieza a desplegar su fuerza, si los aspirantes a las diversas candidaturas quieren tener alguna posibilidad deberán mostrarse en la farándula para aparecer en las encuestas o estar cerca del dedo decisor.

El impacto será directo en la conformación del futuro parlamento nacional que en lugar de estar constituido por representantes idóneos para la dura lucha política podría estar integrado por representantes sin representados. No perciben los aspirantes presidenciales que una garantía para la gobernabilidad futura, debe contar con una representación parlamentaria sólida, capaz de confrontarse en todos los terrenos con una bancada masista, cuya labor será la de desestabilizar a cualquier gobierno que no sea el suyo. No los subestimen tienen amplia experiencia conspirativa y se saben todas las mañas a la vuelta y al revés.

En estas condiciones votar por cualquier neorosquero es tan peligroso como hacerlo por los neopopulistas fascistoides, por ello me niego a avalarlos con mi modesto e intrascendente voto y otorgar un cheque en blanco del que querrán disponer discrecionalmente en el ejercicio del poder político.

El solo rechazo al MAS no puede ni debe ser suficiente para votar por algunos opositores que repiten prácticas autoritarias, con la única diferencia de que el uno lo hace a nombre de la abarca el otro de la corbata.

Los bolivianos aspiramos a algo más, una nueva frustración histórica seria fatal para la democracia y nuestro futuro.

En días pasados el Tribunal Electoral ha propiciado la denominada III Cumbre por la Democracia, que ha reunido a los órganos de poder, partidos, jefes y representantes políticos y ha concluido con la aprobación de quince compromisos.

En el lenguaje coloquial se ha dicho que la cumbre era necesaria para blindar el proceso electoral de este año, que, evidentemente, está en peligro y requiere de protección frente a los ataques a los que está sometido.

Pero ¿quiénes atacan y ponen en peligro al proceso electoral? El documento, esta dirigido a los autores de la agresión a la democracia y por ende al proceso electoral pero no se toman medidas en contra de los directos responsables.

Los primeros compromisos son un pedido lastimero del Tribunal Electoral, invocando de los órganos legislativo y ejecutivo los dejen cumplir sus funciones sin injerencias y con ese propósito, dicen “...es fundamental velar por el respeto pleno al principio de preclusión” que debe ser garantizado mediante laaprobación de una ley en el parlamento, no le asignan ningún valor a lo prescrito en la Ley 026 de 30 de junio de 2010, que en su artículo 2° inc. k) prescribe “Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán”, disposición que es de cumplimiento obligatorio.

Suponen los vocales del Tribunal Electoral que el incumplimiento de un mandato normativo será frenado por una nueva norma que diga más de lo mismo, se ilusionan pensando que después de haberse reunido con los magistrados autoprorrogados y realizada la III Cumbre, no se producirán más afectaciones al principio de preclusión, olvidan que quienes dictaron sentencias constitucionales en el pasado poniendo en vilo a la democracia y cuyas consecuencias infames ahora las sufrimos, son los mismos que decidirán en cuanto sean requeridos por el poder político en caso de que sus pretensiones de reproducción sean afectadas.

Acto seguido ingresan al laberinto parlamentario. El órgano ejecutivo se compromete a la provisión de recursos económicos suficientes y oportunos que garanticen las elecciones nacionales, empero esa asignación dependerá de la aprobación de un crédito que esta en curso en el legislativo. Se depositan las esperanzas en la dictadura y en la existencia formal de un parlamento cuyos integrantes hacen equipo en la violación serial a la que esta sistemáticamente sometida la constitución.

El núcleo del documento suscrito es complementado con la solicitud del Tribunal Electoral de que sus vocales sean incorporados en la Ley 044 que regula el régimen y los procedimientos para el juzgamiento de magistrados del sistema judicial, constitucional y el fiscal general, en caso de que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones.

Semejante demanda, más que un acto de justicia, expresa los temores de los vocales de que hagan lo que hagan serán sometidos a procesos judiciales, ya sea porque no hay una cohesión en el cumplimiento de la norma entre sus miembros o porque perciben que llevar a cabo procesos electorales en dictadura es una tarea peligrosa.

El resto de los puntos son compromisos asumidos por el Tribunal Electoral, cuyo cumplimiento no depende únicamente de su voluntad individual o corporativa, sino de que la palabra empeñada por los otros órganos sea honrada.

Como se puede observar, el blindaje requerido esta en manos de los poseedores de misiles anti-democráticos, que solo podrán ser desactivados si sus operadores son relevados del control de su espoleta.

El precario proceso electoral se debilita extremadamente con el pedido inconstitucional de una fracción del MAS que pretende habilitar a su candidato a través de actos de fuerza que solo y únicamente podrían ser detenidos por las autoridades estatales activando los mecanismos legales destinados al efecto. Si Evo Morales no es tratado como cualquier ciudadano y sometido a las decisiones del Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales y electorales, la incertidumbre no cesará, máxime si en el Chapare se ha expulsado al estado y han configurado en ese territorio un poder ilegal y excepcional.

La II Cumbre entre los tribunales electoral y constitucional, fue una tomadura de pelo que no mereció la atención suficiente de los actores políticos, en dicho acuerdo el tribunal constitucional se comprometió a cumplir sus funciones procedimentales, como si ellas no estuviesen contenidas en el Código Procesal Constitucional, pero claro no hicieron referencia alguna al principio de preclusión.

Mientras el tribunal constitucional esté en manos de magistrados autoprorrogados obedientes al poder político, golpeando con sus fallos a la democracia, no existe garantía de que el proceso electoral se desarrolle adecuadamente.

Para que esto suceda es necesario que los parlamentarios, al final de su mandato improductivo, se reivindiquen enfrentando al mayor escollo que afecta a la democracia e inicien un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados autoprorrogados.

No dudo que la principal objeción será la falta de tiempo, el torpedeo del masismo y que mientras se lo tramita los magistrados autoprorrogados no podrán ser alejados de sus funciones y en reacción se tornen más arbitrarios, es posible, empero esto provocará una demanda social que diga un no a la impunidad y que las fuerzas políticas que los apoyen serán castigadas por los ciudadanos con su voto.

Se ha llegado a un punto tal, en el que se deben correr todos los riesgos y dejar banderas plantadas para que en el futuro no se vuelvan a repetir los latrocinios

cometidos desde las esferas estatales y con mayor razón desde aquellas entidades que administran la justicia constitucional.

La política debe ser dignificada otorgando soluciones políticas a los problemas políticos y no transferirlos a los jueces cuya función y labor es otra.

Entonces si quieren blindar el proceso electoral, háganlo contra quienes corresponde.

En medio del desastre nacional, el presidente Arce Catacora ha sido proclamado como candidato del MAS, ésta ¿es una buena noticia?

En términos estrictamente electorales, para la oposición, que está en éstas lides, debería ser un día festivo porque su contendiente en las urnas será débil pese a contar con el caballo del corregidor, sin embargo, le pesa más ser el representante y responsable del fin de un periodo junto al otro pretendiente, Morales Ayma, que con sus impertinencias y conspiraciones antidemocráticas, están logrando sostenidamente el repudio ciudadano que puede culminar con un voto castigo contundente.

Los afortunados opositores deberían darse cuenta que esta es una batalla ganable si las elecciones se desarrollarían con reglas preestablecidas creíbles y una institucionalidad imparcial que garantice los resultados sin manipulación alguna. Por ahora no existe ni lo uno ni lo otro.

Al autoritarismo poco o nada le importa un proceso electoral transparente y predictible, para el MAS y sus fracciones es solo una tramoya para fingir una formalidad democrática que les dará algo de legitimidad en su afán de reproducir la dictadura. La estrategia continental ejecutada en Nicaragua como en Venezuela que impone por la vía de la fuerza y el fraude a un ganador, parece, no estar lejana de nuestro país.

Entonces, para que la felicidad opositora dure algo más que un tris, deberían esforzarse en desnudar el verdadero carácter de dicha candidatura y plantear una estrategia de lucha que supere el ámbito de lo puramente electoral.

Quién, en su sano juicio, podría sostener que Arce Catacora podría salir victorioso en una elección limpia y democrática, si el signo de su gobierno es una muestra cotidiana de ineptitud, violencia, fraude y corrupción, que ha causado la crisis política, social, económica y moral que hoy vivimos los bolivianos.

Cómo y con qué podrían los masistas volver a enamorar a un electorado decepcionado, que en el pasado puso todas sus ilusiones en el proceso de cambio y terminó con la peor de las frustraciones. Sus posibilidades de éxito electoral son nulas, solo les queda hacer, lo que saben hacer, el fraude.

En consecuencia, estamos más cerca de que el voto ciudadano nuevamente sea timado, porque los autoritarios no cejarán de hacer lo que sea necesario para reproducirse en el poder

Si esta es la realidad, por enésima vez habrá que recordar a la oposición, que el campo electoral es un espacio pequeño en el que, ciertamente, tienen que estar presentes a condición de no descuidar la lucha política en todas sus aristas, lo que posibilitaría llegar a las urnas sin temores.

Entonces, la felicidad opositora esta sometida al cumplimiento de condiciones urgentes, porque aquel que quiere parecer democrático tiene un carácter autoritario y se constituye en un grave escollo no solo para el proceso electoral sino para la democracia misma.

El candidato presidente ejecuta su plan sin resistencia, la única piedra en el zapato proviene de su propia organización con un Evo Morales arrinconado en el Chapare activando a control remoto movilizaciones violentas que pueden provocar confrontaciones tribales con derivaciones antidemocráticas cualquiera sea el ganador, porque lo que esta en juego es la titularidad del liderazgo de la dictadura.

El presidente candidato implementa una táctica de legitimación política de su candidatura, podría estrenarse en su doble condición asistiendo a la cumbre convocada por el Tribunal Electoral, donde estarán sentados en la misma mesa demócratas y dictadores, para, presuntamente, garantizar el proceso electoral.

Claro que habrán compromisos y firmas de sendos documentos que, como ya es habitual, no serán cumplidos, porque el desarrollo de unas elecciones limpias no depende de buenos o fingidos deseos, sino interfiriendo la estrategia violenta y fraudulenta de la dictadura.

Mientras los aspirantes a la candidatura presidencial de las diferentes fuerzas políticas avanzan en la búsqueda de aliados y adhesiones, distintos sectores se preparan para salir a las calles en contra del Gobierno al que le exigen la derogación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 que prescribe "I. Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos. II. Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural”.

La norma aludida se explica por si sola, es abusivamente confiscatoria, afecta a la propiedad privada, a la libertad de trabajo legal, establece procedimientos contrarios a la legítima defensa y a la presunción de inocencia, y subrepticiamente pretende derogar lo prescrito sobre el tema en el Código Penal.

En paralelo la falta de carburantes es pan de cada día por la sencilla razón de que no hay dólares y no hay dólares porque no producimos casi nada y si algunos sectores lo hacen son obstaculizados en su valiosa labor con estos dislates.

En este escenario, los actores políticos se concentran en un proceso electoral lleno de incertidumbres en tanto que varios sectores sociales han decidido salir a las calles con reivindicaciones propias.

Los candidatos y los sectores sociales confrontados al gobierno están divorciados, los primeros han optado por encerrarse en sus pequeños espacios declarándose ajenos a la lucha callejera y los segundos parecen no estar interesados en las veleidades electorales de los aspirantes.

Esta desconexión, le permite al gobierno utilizar el conflicto social para medir sus fuerzas interna y externamente y poner a prueba a sus posibles candidatos que deben ganar sus espacios dando muestras de lealtad con uno u otro sector en la lucha callejera.

La calle, es el lugar donde la acumulación de fuerzas será clave para definir qué candidato logrará un mayor apoyo electoral y quienes quedarán disminuidos y cuando nó aislados. Los aspirantes que no comprendan esta lógica la tienen difícil.

Todos ellos deberían incluir en sus reflexiones que la ciudadanía está sometida a pautas comunicacionales electorales que tratan de inducirla a suponer que la democracia esta incólume, sin embargo, en su cotidiano vivir y contrariamente a

esta incitación, está presente una otra agenda que se esfuerza por recuperar la democracia con la dificultad de que no cuenta con una dirección política que la conduzca a la conquista de la titularidad del poder político.

Las fuerzas políticas están impelidas de construir una conducción política que supere los márgenes escasos de lo electoral, no basta ser candidato, no basta firmar algunos acuerdos, tienen la obligación de formular una estrategia que confluya con la lucha callejera de los sectores sociales.

Será insuficiente que los candidatos efectúen visitas protocolares, realicen apasionadas declaraciones o firmen compromisos, no, no basta, como nunca se requieren soluciones coherentes a los temas en conflicto, los aspirantes tienen que comportarse como si ya fuesen gobierno.

Es importante que denuncien por qué el poder político se niega a dar brazo a torcer, que en el fondo de su decisión está la necesidad de domesticar a los sectores rebeldes por la vía del miedo con la advertencia implícita que luego se extenderá a todo aquel que se ponga al frente.

Los sectores movilizados son el correlato de los movimientos sociales oficialistas sustentadores del autoritarismo, es preciso apuntar que su lucha no es únicamente por sus puntuales intereses, sino que es una forma de defender la democracia frente a las manifestaciones autoritarias.

No debe ignorarse que una fracción del autoritarismo tratará de confundir a la población con anuncios de una movilización conspirativa en su afán de seguir perforando a la democracia con peticiones contrarias a la constitución, las leyes, las opiniones de los organismos internacionales y la voluntad popular expresada en las urnas. Los conspiradores nada tienen que ver con los sectores democráticos movilizados, tienen objetivos absolutamente diferentes, los unos son agua, los otros son aceite.

No puede haber empate, el que triunfe determinará la consolidación de la dictadura o la reconquista de la democracia desde abajo.

El carácter que tenga el proceso electoral está en juego, su viabilidad se definirá en las calles, que es donde deberían estar los candidatos, ya después tendrán la posibilidad de bailar, sonreír, besar wawas y demás demostraciones propias de la farándula electoral, por ahora, la calle los espera.

El padrinazgo tiene una larga data, se encuentra en diversos campos desde el religioso, la función pública, la mafia, el deporte, el narcotráfico, etc. en esencia es una protección que una persona presta a otra. Es una institución presente en todas las actividades del ser humano.

En el pasado el padrino era la persona cuya autoridad moral era el fundamento del establecimiento de esta relación, con el transcurrir del tiempo empezó a tener motivaciones de orden material, vale decir obtener algún beneficio tangible no siempre vinculado con una custodia moral.

Todos tenemos un padrino de bautizo, de bachillerato, de matrimonio, de casi todo, la lista es larguísima. Unos asumen el padrinazgo con una encomiable responsabilidad, otros porque tienen algún interés subyacente enmascarado en una aparente bondad.

La política no podía ser la excepción, también existen los padrinos, nadie llega donde esta si no ha sido apadrinado por alguien. Es una relación alejada del parentesco espiritual, su justificativo es más prosaico, es el puro interés de la obtención de algún beneficio mundano.

El padrinazgo político es una especie de gancho con el de arriba para llegar a ser parte en el ejercicio del poder, el conocimiento, la experiencia, el esfuerzo, la dedicación, la convicción quedaron atrás, es para los sonsos. Una vez asignados los papeles de padrino y ahijado, el de abajo busca al de arriba para ser beneficiado, el de arriba recurre al de abajo para ser apoyado en sus pretensiones, así se establece una fuerte relación de interdependencia en la que se deben producir demostraciones que pongan de manifiesto ese vinculo.

El padrino político, para ser tal, tiene que transmitir el mensaje de que su desinteresada función es por amor a la patria o movido por alguna causa noble, así evita suspicacias molestosas.

El momento ideal del padrinazgo político es el proceso electoral, todos se mueven febrilmente para lograr el aval de sus candidaturas en diferentes espacios, buscan recursos que los sustenten, forman grupos de apoyo o firman sendos acuerdos con aquellos ya constituídos, con lo que se ponen en la vitrina de la competencia.

Como no hay partidos políticos estructurados que sean la base de su accionar, alguien tiene que ayudar, sea con declaraciones favorables, con dinero o generando simpatías o antipatias en la ciudadania. El vehiculo ideal para dicha tarea son los sondeos de opinión o las encuestas, es ahi donde se define quien será candidato, afectando la voluntad del ciudadano que es bombardeado con datos que terminan vulnerando su libre elección, máxime cuando no hay causas sino mesías.

El sondeo o la encuesta de ser un valioso instrumento de indagación para la toma de decisiones se ha convertido en un medio, en algunos casos, para manipular la voluntad ciudadana, los responsables de elaborarlos y ejecutarlos incorporan preguntas que les interesan a sus financiadores no lo que realmente busca el ciudadano, configurando de esta forma escenarios con tendencias predefinidas.

El candidato en lugar de debatir causas efectúa esfuerzos por ser parte de las encuestas, su misión se tribializa al extremo, debe someterse a las lineas impuestas que aparentan una supuesta neutralidad política.

Las encuestas recientes, en los hechos, cumplen con varios objetivos preestablecidos, primero fija en la mente de la población que el proceso electoral no tiene dificultades por lo tanto se llevará a cabo en términos de normalidad; segundo, al no haber afectación de la democracia, la lucha política es únicamente electoral y hace olvidar la crisis generalizada por la que atravesamos; tercero, posiciona a mesías al margen de las causas; cuarto, favorecen a posibles candidatos, que, parece, están en el deseo del financiador de las encuestas y no en la realidad; quinto, el financiador se visibiliza como un benefactor sin mostrar la razón de su desprendimiento.

No es creíble, que aquel que pone recursos económicos en la política lo haga desinteresadamente, por supuesto que quiere ser factor decisorio e influir luego en los posibles ganadores, por eso en las encuestas aparecen los que él decide, para no equivocarse apunta a varios candidatos en las preferencias ciudadanas. Son padrinazgos no pedidos sino impuestos y gane quien gane tendrá que pagar una abultada cuenta con pedidos vinculados al interés del bondadoso aportante.

Marcelo Quiroga Santa Cruz, afirmaba que la dependencia económica genera inevitablemente una dependencia política. Cuánta razón tenía.

El padrino tradicional ha dejado de ser una figura moral para convertirse en un personaje que quiere hacer negocios, para ello invierte, visibiliza a los que él cree conveniente y obliga a los excluidos a someterse a su voluntad con la promesa de ponerlos en la encuesta.

Habrá que esperar que los candidatos operen con ética, sin ataduras impertinentes y que cualquier favor que reciban lo evalúen, pregúntense por dónde viene la mano y operen en sus campañas sin subterfugios de ninguna naturaleza.

No olviden que “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”

El manejo del Estado en pleno Siglo XXI es una tarea mucho más compleja que en el pasado, lo que conlleva una exigencia de adecuar las instituciones a las necesidades crecientes que se plantea en la actualidad.

Las recetas tradicionales del manejo de los estados  pierden terreno ante la realidad variable, activa y diversa, pese a los esfuerzos de ciertos sectores, grupos o partidos políticos que no asumen la vitalidad de los profundos cambios que se viven en el mundo entero.

El Estado de hoy como nunca debería ser administrado con la asistencia de la tecnología y de burócratas cada vez más eficaces y eficientes en el manejo de los recursos públicos en relación directa con las necesidades crecientes de la sociedad.

Suponer que un grupo privilegiado de personas del entorno de los personajes fuertes de un gobierno es suficiente se equivocan o que concentrando el poder en manos de un elegido por los dioses del Olimpo sobra y basta, peor. La asignación y ejecución de políticas públicas requiere de un manejo multidisciplinario inexcusable.

En una opción diferente y de contra ruta  parecen estar algunos países de América Latina, tal es el caso de Venezuela,  con su inocultable crisis social, económica y política, la que quieren justificarla, en particular,  su presidente,  con apariciones mediáticas y de masas en las que pronuncia interminables como incomprensibles discursos de los que solo se puede concluir que la culpa de la situación  es del otro y no de su ineptitud.

Se ha llegado a extremos insostenibles con la toma de  medidas que expresan   una   monumental estupidez  antes que una voluntad para resolver los acuciantes problemas cotidianos que atraviesas los venezolanos. Por ejemplo se ha determinado que los funcionarios públicos solo tendrán una semana laboral de dos días pues no trabajarán  los miércoles, jueves y viernes con el propósito de ahorrar energía eléctrica mientras se recupera el embalse de Guri que genera el 70 % de la electricidad, porque, según el oficialismo, ha sido afectada por la intensa sequía  y el sabotaje de algunos sectores de la oposición.

Es inimaginable pensar en una alianza política entre el fenómeno de El Niño y la oposición venezolana, pues si esta última fuese tan poderosa como para controlar este fenómeno o someterlo a sus designios, Nicolás Maduro no hubiese sido nunca presidente.

Entonces surge la  pregunta  ¿la crisis actual es producto de una oposición organizada, seria, con proyecto de estado y poder o de la ineptitud, la corrupción y sobre todo la ausencia de un manejo responsable  de  su riqueza hidrocarburífera?

Todo apunta a la ineptitud y al manejo  irresponsable  del gobierno del Presidente Maduro pues el buen momento económico de su pasado inmediato se lo farrearon   sin escrúpulo alguno,  utilizaron hábilmente la   idea del cambio y de una crítica sin cuartel   al neoliberalismo y consolidarse en el poder  por décadas para   finalmente mostrarse muy parecidos a sus enemigos ideológicos en su insensibilidad de luchar contra la pobreza, la corrupción, el abuso de poder y el autoritarismo.

La herencia que  dejan pringa irremediablemente a la izquierda y a lo popular al grado de que los  proscribirá injustamente de la memoria popular y  del seno de ese pueblo por mucho tiempo, su reconstrucción será lenta, difícil y llena de vicisitudes

La búsqueda y toma del poder por la vía democrática conlleva el ejercicio de funciones por parte de los elegidos con el fin de cumplir ciertos fines, que  se supone deben ir en beneficio de la sociedad.

A partir de ese momento se establece una relación de orden ético legal  entre el elector y elegido,  que  obliga a la autoridad a cumplir con lo prometido o cuando menos a desplegar su actividad  pública en función al interés general, sobre todo a partir de la utilización de recursos estatales que deben ser manejados con reglas de juego preestablecidas y no de manera discrecional.

La política debe estar siempre sometida a la legislación y no al revés, con esto se expresa que hay reglas de juego que cumplir en el ejercicio del mandato democrático para evitar que en el futuro se establezcan responsabilidades a la autoridad que vulnero o incumplió con la legislación vigente.

También existen ciertos códigos de comportamiento  en la función pública que si bien no están escritos pero  deben ser cumplidos por las autoridades electas, por ejemplo un gobernador, un alcalde, un ministro debe desarrollar sus funciones en sus oficinas o debe procurar ejecutar su presupuesto institucional en porcentajes lo más elevados posibles.

No existe ley alguna que fije un porcentaje de ejecución de un presupuesto pero en la medida que esta sea elevada se entiende que se han cumplido con los objetivos fijados y la ciudadanía ha sido atendida en sus requerimientos así sean mínimos.

Lo que si legalmente debe hacer una autoridad es transparentar sus actos e informar a la ciudadanía de cómo están siendo gastados ésos recursos públicos de tal manera que la ciudadanía ejerza un adecuado control y seguimiento sobre el gasto público y los grados de eficiencia y eficacia de una determinada administración.

En Sucre, la Capital del Estado, se ha conocido públicamente,  que la ejecución presupuestaria del primer trimestre del  2016 en inversión pública de la Alcaldía ha llegado al 1 %, quedando para los próximos nueve meses el desafío casi imposible de  ejecutar el 99 %.

La situación es gravísima y por lo tanto preocupante. Pero ¿cómo se ha llegado a tal extremo? da la impresión que en Sucre no hay Alcalde, que existen  cerca de tres mil burócratas que reciben un sueldo como servidores públicos municipales por no hacer nada, que el Concejo Municipal no cumple con el mandato constitucional de fiscalizar,  que el control social y la Federación de Juntas Vecinales socapan al Alcalde y al Concejo, en suma nadie cumple con la ley en el Gobierno Municipal de Sucre con daños irreparables a la ciudad.

Seguramente hay argumentos para ello, desde el manido que funcionarios de la anterior gestión complotan contra la actual administración, que el equipo del Alcalde es el culpable, que el Alcalde y el Concejo están tomando decisiones que serán comunicadas oportunamente y cosas por el estilo, lo cierto es que el nivel de irresponsabilidad de estas autoridades ha llegado a un límite en el cual la ciudadanía debe de tomar decisiones e impedir que los ineptos dañen de la manera como lo están haciendo a la ciudad de Sucre.

De seguir así la gestión municipal el camino más decoroso para el Alcalde será la renuncia digna antes que quienes lo eligieron revoquen su mandato lo que implicaría una nueva y grave derrota política para el MAS en Sucre, ciudad en la que el ganó  por primera vez en las elecciones municipales anteriores pero que puede ser la última.

Sucre, 4 de abril de 2016