Las máximas autoridades del Órgano Judicial enviaron una carta al presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la que exigen que en un plazo no mayor a las 72 horas se les garantice seguridad tanto personal e institucional para el desempeño de sus funciones.
La misiva fue enviada por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM) y contempla cinco puntos:
- La implementación inmediata de un sistema integral y permanente de seguridad y protección para todas las Magistradas, Magistrados, Consejeras y Consejeros del Estado Plurinacional de Bolivia.
- La asignación de escolta personal permanente y con destino único al Órgano Judicial, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante amenazas o atentados
- La extensión obligatoria de dichas medidas de protección a los núcleos familiares directos de todas las altas autoridades judiciales del país.
- La coordinación inmediata con el Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana organismos especializados de seguridad del Estado para garantizar la ejecución efectiva y continua de estas medidas en todo el territorio nacional.
- La emisión de una disposición expresa del Órgano Ejecutivo que reconozca el nivel de riesgo institucional al que se encuentran sometidas las autoridades judiciales y establezca mecanismos permanentes de protección.
En la misiva, los presidentes de las tres instituciones señalan que “debemos manifestar con absoluta firmeza que cualquier omisión, demora, indiferencia o falta de acción por parte del Órgano Ejecutivo frente a esta exigencia institucional será interpretada como un incumplimiento grave del deber constitucional de garantizar el funcionamiento independiente, seguro y pleno de uno de los Órganos fundamentales del Estado”.
“Bolivia no debe tolerar que la administración de justicia continúe ejerciéndose bajo amenazas, vulnerabilidad o exposición permanente a hechos criminales que comprometan la vida e integridad de sus autoridades”, añade el texto.
La exigencia de medidas seguridad se da después del asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien fue acribillado por sicarios el jueves 30 de abril.