El senador y excandidato a la Gobernación de Santa Cruz, Branko Marinkovic, defendió «su» Ley 1720 – de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad- y afirmó que la marcha indígena- campesina que marchó durante casi un mes desde Pando y Beni y que este lunes llegó a La Paz es “política” y solo busca que se les den “más tierras”.
“La marcha en realidad es que quiere más tierras, no es un tema que la Ley les este afectando, la Ley no les afecta en los más mínimo”, aseveró en contacto con la prensa el impulsor de la norma.
Marinkovic, en ese sentido, criticó el pliego que los marchistas entregaron al Gobierno y señaló que denota que quieren que “tierras forestales y cañeras” se titulen a su nombre.
“No van a demorar en pedir titulación individual”, señaló y hasta señaló que si se abroga la Ley 1720 luego serán los mismos marchistas su reactivación.
“Es una incoherencia, siempre dije es una marcha política, perjudicando a campesinos que se van a beneficiar”, acotó.
Marchistas campesinos e indígenas provenientes de Pando entregaron este lunes un pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno y dieron un plazo de 24 horas para obtener respuestas. Además, exigieron una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros.
Según Erbol, el documento pide la abrogación de la Ley 1720, además de demandas sobre territorios indígenas, incluyendo dotación, titulación y compensación en el Beni, así como el respeto a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en nuevas normativas.
Entre otros puntos, piden la suspensión y archivo de la denominada ley antibloqueo, así como la paralización del tratamiento del proyecto de ley 060 vinculado a mercados de carbono, y la aprobación de una ley de bosques y sistemas de vida.
Los marchistas también exigen soluciones al abastecimiento de combustible a nivel nacional, la dotación de ítems en salud y educación para comunidades rurales, y mejoras en la conexión vial para sectores movilizados.
El pliego incluye además la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas, en cumplimiento de la Ley 906, y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.