El acuerdo firmado por el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, y la procuradora de México, Arely Gómez Gonzáles, permitirá promocionar las actividades académicas, el desarrollo de actividades de formación y capacitación continua en áreas jurídicas, de derechos humanos y forenses; además, el intercambio de profesionales bajo la modalidad de pasantía y de programas de investigación.