Seguridad

El Ministro de Gobierno afirmó este sábado que Nallar será investigado también por narcotráfico y no solo por legitimación de ganancias ilícitas.

El pasado 15 de junio, el Juzgado de Sentencia Nº2 del municipio de Quillacollo definió dar medidas sustitutivas a Torrico, entre ellas la detención domiciliaria, el estar siempre con un custodio y el arraigo. La decisión se tomó a pesar de que en febrero de 2021 fue sentenciado a seis años de presidio.

“Primero, aclarar a la opinión pública que evidentemente estos dos oficiales el mayor Muñoz y el capitán Aparicio están puestos a disposición de la dirección General de la FELCN, es decir ellos dentro de una rotación rutinaria han sido cambiados de sus funciones anteriores para nuevos destinos”, indicó el mayor Álvaro Muñoz.

Dos de las exaltas autoridades del sector hidrocarburífero del Gobierno de Añez son acusados por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes por la presunta contratación irregular de seguros. 

La Fiscalía pide la detención preventiva de ambos imputados dentro del caso conocido como ‘narcoaudios’, que se abrió a denuncia del expresidente Evo Morales, quien difundió audios en los cuales se escucha que presuntamente policías habrían recibido órdenes para retirarse de un operativo antidroga en el trópico de Cochabamba.

El diputado Edwin Bazán vinculó a Miguel Fernández, concejal de Santa Cruz e hijo del alcalde cruceño Jhonny Fernández, con Ruddy Sandoval Suárez, quien tiene antecedentes por narcotráfico. El Ministro de Gobierno fue mucho más allá y vinculó a Sandoval con Marco Pumari.

Nallar, detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro de La Paz por ser el principal sospechoso del triple asesinato de policías en Porongo, no cumplió con los requisitos establecidos para la emisión del documento aeronáutico.

En relación al mismo periodo de tiempo durante la gestión 2021, este año hay una reducción de casos de feminicidios, pero un incremento en los infanticidios. La Paz es el departamento con mayor registro de estos delitos.

Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, ambos policías habrían cobrado 2.600 dólares americanos al colombiano John Walter T.H, para dejarlo pasar un control policial en el Puesto Méndez del municipio de Montero. El colombiano era buscado por la justicia por estar involucrado en el asesinato de dos policías y un voluntario del  GACIP en Porongo.

“Hay tres jóvenes cruceños que se trasladaron al municipio de Ivirgarzama que lamentablemente han perdido la vida de la mano de un grupo de antisociales. Ya tenemos identificado al primer sospechoso (...) esperamos que en las próximas horas podamos detener a los responsables de este trágico hecho”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.