El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó hoy que el tiktoker investigado por la presunta comisión de Delitos Financieros en La Paz , a denuncia de la ASFI, fue remitido a la autoridad jurisdiccional para que se defina su situación jurídica conforme a derecho.

La autoridad afirmó que en la etapa preliminar del proceso aún no se encontraron los suficientes elementos de convicción que puedan sustentar una imputación; sin embargo, las investigaciones respecto al caso continuarán a cargo de una Comisión de Fiscales.

“El día de ayer, en horas de la noche, se conformó una Comisión de tres Fiscales de Materia que analizaron la investigación y de conformidad al Artículo 228 del Código de Procedimiento Penal, han puesto a esta persona que se encontraba aprehendida, a disposición del juez cautelar para que lo pueda liberar. No existe imputación formal, el proceso penal continuará abierto, siempre velando por los intereses de ambas partes y por el debido proceso”, sostuvo Mariaca.

De acuerdo a los antecedentes del caso, en marzo de 2025 la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) presentó la denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra de Juan C. V. N. de 20 años de edad por presuntamente haber realizado declaraciones a través de su cuenta de TikTok que se adecuarían a Delitos Financieros.

Este miércoles, la ASFI afirmó que, en el marco de sus atribuciones, presentó una denuncia contra un tiktoker debido a que éste difundió información falsa sobre el sistema financiero, lo que “puede ocasionar consecuencias graves para la estabilidad financiera”.

Esta Autoridad de Supervisión aclara que la denuncia fue presentada en cumplimiento del Artículo 491 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, por la difusión de información falsa”, indica un reporte institucional.

Dicho artículo señala que, “cualquier persona que, por cualquier medio, genere o difunda información falsa, tendenciosa o maliciosa que podría afectar la confianza en el Sistema Financiero Nacional (SFN), incurre de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del Artículo 363 del Código Penal, en delito financiero cuando dicha información induce o provoca retiros masivos de depósitos, dañando la imagen o estabilidad del SFN. Dicho código contempla una sanción severa para quienes incurran en esta conducta, con penas que van de 5 a 10 años de privación de libertad”.

En ese sentido, la ASFI remarcó que afirmaciones infundadas y sin sustento técnico y legal pueden ocasionar consecuencias graves para la estabilidad financiera y vulneran el orden económico del país.