Seguridad

Nallar es el principal sospechoso del triple asesinato a sangre fría de los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes, y el voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip), David Candia, en Porongo.

Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, grupos irregulares afines a los cívicos cruceños protagonizaron una serie de ataques violentos en contra de instituciones públicas, dos domicilios particulares y dos empresas privadas, según datos del Gobierno.

El Gobernador de Potosí se encuentra investigado por el delito de contratos lesivos al Estado por el proceso presuntamente irregular para la compra de 41 ambulancias.

“Los daños preliminares ascienden la suma de 37 millones de bolivianos. En bienes muebles, escritorios y otros se cuantificó 1 millón de bolivianos; por la quema de equipos de computación se aproxima a los 2 millones de bolivianos; por los vehículos quemados asciende a 4 millones de bolivianos y el resto del monto corresponde al costo de la infraestructura”, explicó el Director de Gestión Fiscal.

La pasada semana, grupos que se oponen a la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, incendiaron las instalaciones de la Fiscalía Departamental en ese departamento como parte de sus protestas.

La mayoría de los casos de violencia en razón de género se presentó en el departamento de Santa Cruz que reportó 18.361 casos, seguido de La Paz con 11.849, Cochabamba 8.333, Tarija 3.771, Potosí 3.172, Chuquisaca 2.603, Beni 1.706, Oruro 1.615 y Pando 501.

El imputado es acusado por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos y Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado.

Alrededor de las 10:30 de la noche de este martes, la clínica fue incendiada provocando pérdidas materiales cuantiosas y poniendo en riesgo la vida de las personas que cuidaban el edificio.

En conferencia de prensa, Jhonny Chávez detalló que hasta el momento existen 19 personas aprehendidas. Además, se realizaron 23 mandamientos de condena y 12 detenciones preventivas. El informe policial se completa con 16 personas con medidas sustitutivas y se reportaron 10 motorizados secuestrados y 23 instalaciones dañadas.

La explicación se dio ante la visita del cívico Rómulo Calvo y dos parlamentarios extranjeros, quienes llegaron hasta el Comando Departamental afirmando que existiría un presunto abuso de la fuerza y pidiendo que se eleve un informe.