Un Proyecto de Ley presentado en los últimos días y que se trataría en las siguientes horas plantea que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, designe a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para completar esas salas plenas hasta que se puedan completar las Elecciones Judiciales.
Según información de la red Unitel y DTV, el proyecto de ley consta de 10 artículos y dos disposiciones transitorias. Señala que su objetivo es establecer un “mecanismo excepcional para la designación transitoria de interinatos” en el TSJ y el TCP.
“La designación de los interinatos será efectuada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de las ternas a ser remitidas por la Cámara de Diputados para el caso del TCP y por la Cámara de Senadores para el caso del TSJ”, señala parte del artículo 8 de la norma, según la información.
La finalidad del proyecto pretende garantizar la continuidad del servicio de justicia y “la estabilidad institucional, asegurando que los tribunales superiores cuenten con los recursos humanos calificados que ejerzan sus funciones como interinos de magistrados de manera temporal”, señala uno de los artículos.
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Según la ley, el TCP debería contar con nueve magistrados, pero solo cumplen funciones cuatro de ellos; es decir, hay cinco cargos acéfalos. Mientras que en el TSJ también deben existir nueve magistrados y, en la actualidad, solo cuentan con siete, por lo que deberían ser elegidos dos.
Luego de la renuncia de los magistrados autoprorrogados en 2025 – quienes impidieron que las Elecciones Judiciales del 2024 se realicen al 100%- quedaron cinco acefalías en el TCP en los departamentos de Cochabamba, Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz; y en el TSJ existen dos acefalías en Beni y Pando.
En ese sentido, el proyecto de Ley establece que este procedimiento se mantendrá vigente hasta que se lleve a cabo el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades que cubrirán las acefalías.
En torno a la designación de los interinatos, este proceso se regirá mediante “principios de transparencia, meritocracia, igualdad de oportunidades, y respeto a la independencia judicial, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Estado”.
Además, la segunda disposición transitoria de este proyecto de ley señala que el TCP no podrá resolver acciones constitucionales que tengan por objetivo “anular, suspender, impedir o entorpecer los procedimientos de selección, preselección, designación o posesión de magistrados interinos”.
“La prohibición (…) comprende, sin carácter limitativo: las acciones de amparo constitucional, las acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta, las acciones de cumplimiento y cualquier otra acción o recurso constitucional cuya admisión, medida cautelar o resolución de fondo pudiera tener como efecto la paralización, suspensión o nulidad de cualquier etapa del proceso de designación de magistrados en las acefalías existentes”, señala en una de las partes.
La presentación de la Ley se da días después de que la presidenta del TCP, Paola Prudencia, exigiera a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tener celeridad para aprobar la Ley que permita avanzar en las Elecciones Judiciales y completar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional (TCP).
En contacto con la prensa, Prudencio afirmó que el conjunto de los magistrados del TCP está a la espera de que la ALP “se pronuncie y se convoque a Elecciones Judiciales” ya que, dijo, el derecho de la población de elegir a sus autoridades judiciales fue “cercenado” en cinco departamentos.
En ese sentido, afirmó que se presentó notas al presidente del Senado, Diego Ávila, así como a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral “para ver si se han llegado a los acuerdos políticos para que puedan dar viabilidad” a la Ley.
Asimismo, señaló que se pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se pronuncie sobre la “viabilidad técnica de la convocatoria de las Elecciones Judiciales”.
Finalmente, la Presidenta del TCP recordó que hace siete meses presentó el proyecto de Ley de “régimen transitorio para garantizar el funcionamiento del TCP y del TSJ”; sin embargo, lamentó que hasta el momento tampoco exista una definición por parte del Legislativo. En ese contexto, advirtió que la institución opera con una composición reducida.
“Cuatro magistrados estamos asumiendo la labor que legalmente corresponde a 9 autoridades electas democráticamente. Tenemos que volver al orden constitucional”, afirmó.