El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5644, norma de carácter excepcional que autoriza a personas naturales, empresas privadas y entidades públicas a importar y comercializar diésel, gasolinas y otros derivados del petróleo, con el objetivo de reforzar el abastecimiento interno y enfrentar la crisis de combustibles que afectó al país durante los últimos meses.
La medida, según el documento, fue adoptada en el marco de la emergencia energética y social declarada mediante el Decreto Supremo 5517 y busca ampliar la participación de nuevos actores en la cadena de suministro de carburantes, manteniendo el control estatal sobre el combustible subvencionado.
La norma establece que los combustibles importados desde el exterior no formarán parte del patrimonio del Estado, permitiendo su comercialización bajo condiciones específicas.
Asimismo, faculta a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a importar carburantes y no carburantes para su comercialización en el mercado interno a precios fijos estabilizados. Las ventas se realizarán a usuarios registrados ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
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La medida, sin embargo, fue duramente criticada por el expresidnete Evo Morales, quien afirmó que con la decisión el Gobierno “se lava las manos” y ahora “más bolivianos estarán obligados a pagar combustibles a precio internacional, sin subsidio y sin protección del Estado frente a la volatilidad del mercado”.
“El gobierno se lava las manos, cede una responsabilidad estratégica y deja que el lucro se imponga sobre la economía de las familias”, afirmó.
Agregó que “ante su incapacidad para garantizar el abastecimiento, de combustible” ahora el gobierno “abrió la seguridad energética deja de ser una responsabilidad del Estado para convertirse en un negocio”.