El senador disidente de la Alianza Libre, Branko Marinkovic, presentó un Proyecto de Ley que tiene el objetivo de liberalizar la importación, almacenaje, transporte y venta de combustibles.
El Proyecto de Ley busca abrir el mercado boliviano de combustibles líquidos a operadores privados, poniendo fin al esquema actual en el que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) concentra la importación, el almacenaje y la distribución del producto que llega desde el exterior.
La iniciativa, remitida mediante nota CITE 2DA VICEPRES N.-190/2025-2026 al presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila Navajas, lleva por nombre «Ley de Libertad de Importación, Almacenaje, Transporte y Comercialización de Combustibles Líquidos» y ya fue solicitada su derivación a comisión para su tratamiento.
A través de su cuenta en la red social ‘X’, Marinkovic afirmó que presenta el Proyecto de Ley “porque Bolivia no puede seguir atrapada en una crisis de combustibles provocada por un sistema estatal ineficiente, burocrático y atravesado por la corrupción”
Advertisement:
“Este proyecto de ley busca terminar con el monopolio y la intermediación obligatoria de YPFB, abrir la importación a nuevos operadores y permitir que los privados almacenen y transporten su propio combustible”, señaló.
El Senador, asimismo, afirmó que la Ley también plantea eliminar la ANH y “crear una nueva autoridad técnica, enfocada en calidad, seguridad y metrología, sin facultades para poner cupos, fijar precios o decidir quién puede importar”.
“Establece además un régimen tributario especial: IVA del 3% para los combustibles importados y comercializados bajo este régimen, eliminando otros gravámenes que encarecen la importación. Buscamos reducir costos, generar competencia y lograr combustible a precios más accesibles para los bolivianos y libera la gasolina de las restricciones de la Ley 1008, siguiendo el camino que ya se tomó con el diésel”, afirmó.
Marinkovic, en ese sentido, aseguró que su propuesta será socializado con los sectores, con la población y con el Gobierno.
“Queremos escuchar aportes y mejorar la propuesta, pero esta crisis no puede esperar: necesitamos discutirla y avanzar con urgencia. No podemos seguir administrando la escasez: tenemos que cambiar el modelo. La solución a la crisis es generar oferta, competencia y libertad”, cerró.
Qué plantea el proyecto
El texto habilita a personas naturales y jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, a importar, almacenar, transportar y comercializar gasolina, diésel, jet fuel, gasolina de aviación y keroseno sin necesidad de autorización previa, cupo ni intermediación de YPFB. La empresa estatal podría seguir operando en el rubro, pero solo como un competidor más, sin privilegios ni financiamiento cruzado.
Entre los cambios más fuertes que propone la norma están:
- Fin del monopolio de YPFB: los importadores privados ya no estarán obligados a hacer ingresar su producto a los tanques, ductos o terminales de la petrolera estatal.
- Eliminación de cupos y autorizaciones discrecionales: se suprimen los cupos de importación, licencias previas y permisos de embarque. Cualquier acto administrativo que intente restablecerlos, «bajo cualquier denominación», sería nulo de pleno derecho.
- IVA reducido al 3%: para las operaciones de importación y venta de combustibles líquidos importados, la alícuota bajaría del 13% general al 3%, en un régimen tributario especial que solo podría modificarse con una ley expresa.
- Precios liberados: el proyecto establece que los precios de estos combustibles se fijarán libremente entre las partes, sin intervención estatal, aunque aclara que esto no alcanza a los volúmenes de producción nacional que hoy están subvencionados.
- Cierre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): la entidad sería liquidada y reemplazada por una nueva Autoridad Técnica de Calidad y Seguridad de Combustibles (ATCSC), con funciones limitadas a control técnico, metrológico y de seguridad, sin capacidad de otorgar o negar autorizaciones de acceso al mercado.
- Registro automático: los operadores solo tendrían que inscribirse en un Registro Único, con inscripción inmediata y sin posibilidad de que la autoridad la rechace por «razones de mérito».
El proyecto aclara expresamente que no modifica la propiedad estatal sobre los hidrocarburos en boca de pozo, ni los contratos de exploración y explotación vigentes bajo la Ley de Hidrocarburos (N° 3058). Tampoco alcanza al gas natural ni al GLP de uso doméstico, que seguirán bajo su normativa actual. El ámbito de la norma se limita a los combustibles líquidos importados y a su circulación en el mercado interno.
En la exposición de motivos, los proponentes sostienen que el modelo actual —basado en un operador único, cupos administrados y una sola red de tanques de recepción— traslada a toda la economía los efectos de cualquier restricción de liquidez o logística que afecte a YPFB, con impacto directo en el transporte, la producción agroindustrial y el abastecimiento de zonas rurales y fronterizas.
El texto se apoya en varios artículos de la Constitución —entre ellos el 306, 308, 311 y 314— para argumentar que el modelo económico plural boliviano no exige un operador único estatal en la fase de abastecimiento, y que la prohibición constitucional del monopolio y el oligopolio privado «solo cobra sentido en un mercado abierto a la concurrencia».
Mira el proyecto: