En medio de la polémica por el ‘caso Cerimedo’, durante la jornada de este jueves, se presentaron recursos diferentes en contra del presidente Rodrigo Paz y la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi.
Por un lado, el abogado Wilmer Vázquez y los ciudadanos Jaime Choque y Oscar Vázquez presentaron una acción de cumplimiento contra la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que inicie un juicio de responsabilidades contra el jefe de Estado.
La documentación recibida por la Sala Constitucional Primera de La Paz detalla el cargo de traición a la patria, por el presunto poder que habría tenido el argentino Fernando Cerimedo en el Gobierno, según informó la Agencia de Noticias Fides.
“El presidente del Estado ha cometido tradición a la patria, porque hubo un extranjero en posición de mando. La soberanía nacional debe manejarse con bolivianos, con políticas de Estado de Bolivia, y no con políticas extranjeras”, dijo Wilmer Vázquez al citado medio.
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Entretanto, en Santa Cruz, el abogado Lucas Torres presentó ante la Fiscalía una denuncia por presuntos hechos de corrupción que involucrarían a Bibi Urquidi, primera dama de Bolivia, y al ciudadano argentino Fernando Cerimedo.
El documento fue presentado por un particular ante el fiscal departamental Alberto Zeballos y solicita que la Fiscalía evalúe la información expuesta y, de corresponder, inicie una investigación de oficio.
La denuncia menciona presuntos hechos relacionados con contrataciones, importación y comercialización de combustibles, oro y seguros, además de un eventual beneficio económico indebido. El denunciante también pide medidas para preservar y producir elementos de prueb, según Asuntos Centrales.
Cerimedo, quien se identificaba como asesor principal del presidente Paz, cumple detención preventiva acusado de tentativa de feminicidio en contra de su expareja Nadia Beller y también es investigado por legitimación de ganancias ilícitas.
Beller, precisamente, acusó públicamente a Bibi Urquidi, esposa del Jefe de Estado boliviano, de beneficiarse ilegalmente con un esquema de corrupción que cobraba 1 boliviano por litro de combustible a cambio de otorgar cupos de importación.
Según la denuncia, la red exigía el pago informal de 1 boliviano (1 Bs.) por cada litro para viabilizar y agilizar las autorizaciones de los cupos de importación de carburantes en el país.