El presidente del Estado, Rodrigo Paz, descartó cualquier posibilidad de abrogar el Decreto 5676 que dispone un nuevo precio del diésel para grandes consumidores.
“El Decreto se puede mejorar pro no se puede retroceder porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes”, afirmó en el encuentro que sostuvo con autoridades municipales.
A decir de Paz, sin el Decreto el Estado gastaría más recursos de lo que dispone para el combustible y advirtió que ese dinero tendría que ser quitado del presupuesto para obras de carreteras, salud y educación.
En ese sentido, afirmó que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y las autoridades que “ven la realidad” por encima del “populismo” tienen que tomar una decisión al respecto.
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“La FAM tiene que tomar una decisión y esa es la decisión que tienen que tomar las autoridades que saben la realidad más allá del populismo y el caer bien. Van a ser meses complicados, pero la mejor manera es encarar con la verdad”, sentenció.
El Decreto que sube a 18 bolivianos el litro del diésel para determinados sectores es rechazado por mineros, productores, agropecuarios, cañeros, transportistas, la Central Obrera Boliviana (COB) y algunas autoridades
De hecho, los productores a nivel nacional dieron plazo hasta el domingo para su abrogación; caso contrario advirtieron con pedir que se convoque a la Asamblea la Cruceñidad.
Además, a pesar del Estado de Excepción, sectores han empezado a instaurar bloqueo de caminos y amenazar con otro tipo de protestas.
El Decreto 5676 incrementó el precio del diésel a 18 bolivianos el litro para tres sectores afectados. El primero es el de los llamados Grandes Consumidores (GRACOS), que son los que consumen más de 20 mil litros al mes.
El segundo grupo es el de los “clientes directos”, que adquieren entre 5 mil y 19.999 litros de diésel mensuales; y el tercer grupo es el denominado “usuario directo”, que consume entre 120 y 5 mil litros mensuales.
Entretanto, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, admitió que el Decreto es una de las condiciones dadas por el FMI para dar un crédito a Bolivia.