Sectores productivos dan ultimátum para que el Gobierno abrogue el Decreto 5676 y pedirán una Asamblea de la Cruceñidad

Sectores productivos del país dieron un ultimátum al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que dispone el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores, y perfilan pedir la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, fue quien anunció la decisión tras la realización del Congreso Extraordinario de los agropecuarios de Bolivia.

Aseveró que si la norma no es abrogada, el lunes acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.

“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking.

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Por su parte, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, manifestó que el pedido del sector es “totalmente válido” y esperan a la resolución en la que solicitan que se convoque a una Asamblea de la Cruceñidad.

“Si hasta el domingo (30 de agosto) no se abroga el decreto, el lunes en nuestra reunión de directorio vamos a tomar la determinación; este tema (la abrogación del decreto) será tratado en la Asamblea de la Cruceñidad”, manifestó Cochamanidis.

Frerking también respondió al argumento del Gobierno de que la abrogación del decreto no resolverá la falta de diésel. Señaló que es responsabilidad del Ejecutivo garantizar combustible en las estaciones y pidió flexibilizar las normas para permitir la importación y comercialización.

“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó.

Del encuentro participó el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, quien propuso modificar la reglamentación de la norma en lugar de eliminarla.

“Lejos de tener la respuesta de solamente decir cambiemos el número de decreto, abroguemos el decreto, el resultado va a ser exactamente el mismo: no va haber diésel”, afirmó Justiniano.

El ministro sostuvo que el problema de fondo no es la norma, sino la existencia de dos precios distintos para un mismo producto, lo que a su juicio genera contrabando, especulación y acaparamiento.

“Partimos de la premisa que necesitamos el combustible y de que entendemos de que dos precios distintos son los que originan, y todos van a estar seguramente de acuerdo conmigo, el contrabando”, señaló.

El Decreto incrementó el precio del diésel a 18 bolivianos el litro para tres sectores afectados. El primero es el de los llamados Grandes Consumidores (GRACOS), que son los que consumen más de 20 mil litros al mes.

El segundo grupo es el de los “clientes directos”, que adquieren entre 5 mil y 19.999 litros de diésel mensuales; y el tercer grupo es el denominado “usuario directo”, que consume entre 120 y 5 mil litros mensuales.

Entretanto, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, aclaró que quienes compren diésel, sin importar la cantidad, para su uso directo no pagarán un mayor precio por el producto y están exentos del Decreto Supremo 5676; en cambio, el incremento se aplicará para quienes adquieran el combustible para su traslado y uso en “otros lugares”.

“El principio básico es que son unidades las cuales van a transportar combustible, pero no lo van a usar”, explicó.

Señaló que, por ejemplo, en casos flotas o camiones que cargan el diésel para realizar sus viajes no pagarán más por el diésel, sin importar la cantidad que necesiten.

En cambio, quienes adquieren el diésel en turriles, conteiner, ‘bambucha’ o incluso cisternas si deberán pagar el nuevo precio del carburante.

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