Política

El juicio por el caso Golpe de Estado II está en la etapa final. A falta de algunos alegatos, se estima el Tribunal ya pueda dar la sentencia, que podría ser de hasta 14 años de cárcel para la expresidenta.

“Antes, la derecha acusaba a nuestro hermano presidente Luis Arce de estar sometido a Evo. Ahora nos quiere hacer creer que hacemos oposición a nuestro gobierno. Que se pongan de acuerdo. Ya no saben qué mentira inventar para dividirnos, nos tienen miedo porque estamos unidos”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

“Desastrosa la administración de la gobernación cruceña a la cabeza de Luis Fernando Camacho, desastrosa que va a enviar a la quiebra económica a la gobernación porque por muchos días ha dejado que el conflicto siga generando pérdidas a Vías Bolivia y a la Terminal bimodal”, dijo el Ministro de Obras Públicas.

El jueves, el secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Enrique Villanueva, informó que los guardias municipales serán recontratados en tres meses y en ese periodo serán capacitados para que luego brinden un mejor servicio a la población.

El jueves, en la primera jornada de esa medida, el Gobierno informó que el 92% de los galenos no acató el paro y anunció descuentos al 8% restante que asumió esa medida en cumplimiento a las normas.

La Ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseveró que, entre otras cosas, se ordenó la intervención de todos los juzgados penales y se logró la revisión de 327 casos, de los cuales se observó 141, por lo que se procesó al 83% de los administradores de la justicia.

La polémica surgió después de que se denunciara que Carmen López es exesposa de Max Mendoza, exdirigente estudiantil "dinosaurio" que está con detención preventiva. “Muy triste por el tema mediático, (es) un ataque a una mujer que está asumiendo un cargo importante, una mujer que quiere y lo va a hacer y se va a fortalecer y va a salir adelante y va a sacar (adelante) una institución”, manifestó.

Los exguardias afirman fueron despedidos y piden que la Alcaldía los reincorporé a sus fuentes de trabajo.

El proyecto de ley, que ahora pasará al Senado para su revisión, prevé el pago de Bs. 99,9 millones con dinero del Tesoro General de la Nación.

“El decreto establece 17 requisitos mínimos que debe contemplar un contrato para ser certificado por el Ministerio de Justicia. Esa certificación te va a dar la certeza y la seguridad jurídica que la transacción que tú estás realizando es segura”, dijo el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.