El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, subrayó hoy que la lucha contra la corrupción es una política de gobierno, que se la ejecuta “caiga quien caiga”, y se demuestra con la sentencia emitida contra un exministro y con investigaciones realizadas en todo ámbito de la gestión pública.

“Nuestro gobierno tiene cero tolerancia a la corrupción, investiga todos los casos caiga quien caiga y eso no es discurso, nosotros somos el gobierno que tiene a uno de los exministros de Estado, a Edwin Characayo, con ocho años de privación de libertad”, indicó el Ministro.

La autoridad manifestó que se investigan todos los casos de corrupción denunciados y se refirió en particular a la investigación que se desarrolla en torno a la denuncia por corrupción en el proceso de licitación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, “tenemos el mandato del presidente Luis Arce, de hacer las averiguaciones correspondientes hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga", señaló.

Respecto al caso, ayer el titular de Justicia presentó nuevas evidencias que involucran al representante de la Asociación Accidental China Harbour, Jim Zhejiang, a la comisión calificadora de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y a una persona que vendió facturas por montos millonarios.

Al respecto remarcó que al momento se cuenta con la evidencia suficiente para acusar a estas personas, sin embargo, manifestó que la investigación continúa para determinar si existen más responsables.

“El gobierno tiene que ser responsable, tiene que investigar y luego acusar. El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público presentaron pruebas contundentes. No hemos tolerado a ninguna autoridad sea del rango que sea, cuando se tiene evidencia o investigaciones penales en curso, esta es la política de cero tolerancia, que la estamos llevando adelante de manera seria, pero no puedo acusar a nadie sin pruebas objetivas”, explicó.

El Ministro agregó que se prepara una querella por presunto prevaricato, en contra del vocal de la Sala Penal, René Conde de la Capital, por haber beneficiado con detención domiciliaria a las personas involucradas en el denominado ‘caso ABC’. “Respecto al vocal Conde de Chuquisaca, se está trabajando una querella penal por prevaricato, nos parece irregular su actitud”, dijo.

De acuerdo con la investigación realizada por esta cartera de Estado, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se cuenta con elementos que evidencian el pago irregular de más de 14 millones de bolivianos a modo de soborno, en el que estarían involucrados el representante de la empresa china y una segunda persona, que vendió las facturas para permitir ese extremo.

Además, se logró evidenciar que los documentos de constitución del consorcio para poder presentarse a la convocatoria de licitación fueron fraguados, “son del 10 de diciembre de 2021, eso nos preocupa de sobremanera, porque de acuerdo con la certificación que tenemos del DIRNOPLU, los formularios notariales en los cuales se ha impreso ese poder, han sido vendidos recién el 26 de enero de 2022”, develó la autoridad.