“Nos declaramos en estado de emergencia y alerta permanente, exigiendo el cese de la persecución política. Llamamos al pueblo cruceño estar atento al llamado de sus instituciones, para defender en las calles de ser necesario, a nuestros líderes”, se lee en el comunicado del Comité Cívico pro Santa Cruz.
“Escuchábamos al gobernador decir que el presidente (Luis Arce) ha amenazado a Santa Cruz, eso es falso, estas falsedades y estas mentiras que generalmente utiliza sin ruborizarse el gobernador de Santa Cruz, solamente buscan tratar de generarse un espacio de impunidad con respaldo social”, denunció el portavoz presidencial Jorge Richter.
Ayer, en su mensaje para anunciar la promulgación de la Ley del Censo, el presidente del Estado, Luis Arce, afirmó que no traicionó al MAS y reveló que desde esa misma organización política buscan acortar su mandato.
En el cabildo del 13 de noviembre en Santa Cruz, cuando dieron por aceptado que el censo sea el 2024 y ya dejaban de lado su exigencia de censo en 2023, el gobernador Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo hicieron aprobar a los concentrados la propuesta de “revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”.
“Hay un tiempo que se ha perdido, son más de 1.200 millones de dólares que el departamento ha perdido, y eso no puede quedar así", aseveró el Presidente del Estado.
La norma, que fue aprobada la madrugada del pasado sábado en la Cámara de Diputados y sancionada el martes por el Senado, consta de un artículo único y dos parágrafos, que ratifican, para 2024, la entrega de resultados de la encuesta nacional.
Horas antes, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, había afirmado que la promulgación de la Ley del Censo es un “error histórico” del Gobierno y que posibilita el retorno de la “pactocracia neoliberal”.
El PGE 2023 proyecta que el presupuesto consolidado tenga un crecimiento del 3,8% (de 235.090 millones de bolivianos a 243.950) y el presupuesto consolidado un crecimiento del 4,3% (de 304.045 millones de bolivianos a 317.129)
