Política

La ministra de Defensa Nacional de Chile, Maya Fernández Allende, es quien firma el Decreto Supremo 250 del 21 de diciembre de 2022, mismo que establece que la concesión marítima se otorga sobre un sector de terreno de playa, playa, fondo de mar y porción de agua en la zona El Chinchorro, en el Puerto de Arica, y busca amparar la operación de una cañería subterránea y submarina de la terminal de Arica.

El proyecto normativo quedó suspendido en su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta que su contenido sea socializado con la población y se llegue a un consenso para evitar conflictos sociales a raíz de una “campaña de desinformación”.

“Saludamos la intensa actividad proselitista del PS-1, sigla fundada por el hermano Marcelo Quiroga Santa Cruz y traicionada históricamente por algunos políticos que terminaron en la derecha. Como MAS-IPSP somos respetuosos de todas las corrientes políticas de nuestra democracia”, señaló Morales compartiendo las fotografías de Arce y Choquehuanca.

La primera denuncia es por los delitos de instigación pública a delinquir y conspiración contra el Estado por sus declaraciones filtradas en las que habla de “deschapar” al Gobierno con revelaciones que harán que la gente “se levante”. La segunda por la presunta adjudicación de un helicóptero en el 2012, que posteriormente desapareció del registro del sistema.

La Viceministra de Comunicación rechazó el anuncio de movilizaciones en contra de dos proyectos de ley, el 280 y 305, y la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Huarachi, aseveró que la COB respeta la “reivindicación social sectorial” de los maestros; sin embargo, cuestionó que la dirigencia de la CTEUB quiera hacer alianza con instituciones como el Conade y el Colegio Médico.

El artículo preveía sanciones de tres a siete años de cárcel contra quienes difundan o promuevan discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, e inciten a la violencia o a la persecución por motivos racistas o discriminatorios.

“Cada vez que existe un conflicto, que existe la posibilidad de complotar contra el Gobierno renace Larrea para convocar a las personas, organizar y aportar a ese complot”, reprochó el Ministro de Salud.

El presidente cívico Fernando Larach convocó a marchas para el martes 18 de abril en rechazo a los proyectos ley 280 y 305 que tienen que ver, en un artículo, con el trabajo de la prensa y a la lucha contra el lavado de dinero, respectivamente.