Fassil
César Sánchez
12/09/2023 - 10:19

Audiencias y apelaciones por caso del Banco Fassil pasan de Santa Cruz a La Paz

La decisión obedece a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la que anuló el fallo de un tribunal para que uno de los casos esté bajo la jurisdicción de Santa Cruz, comunicó ayer la fiscal que estaba a cargo del caso Carmen Guzmán.

El Banco Fassil fue intervenido por la ASFI.

Audiencias, apelaciones y actos investigativos en el caso del quebrado Banco Fassil -  referidos a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y delitos financieros- pasaron de la ciudad de Santa Cruz a la de La Paz, según comunicó ayer la fiscal que estaba a cargo del caso Carmen Guzmán. La determinación obedeció a una resolución judicial.

“Todas las audiencias se van a realizar en la ciudad de La Paz y los actos investigativos también con el Fiscal de La Paz”, informó Guzmán.

Guzmán estaba a cargo de los actos investigativos del Banco Fassil contra sus exejecutivos Ricardo M., Jorge Arturo CH.V., Hernán S. V. D y Hermes Hugo S. C., imputados por delitos financieros y recluidos en el penal de Palmasola con detención preventiva.

La decisión obedece a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con la que anuló el fallo de un tribunal para que uno de los casos esté bajo la jurisdicción de Santa Cruz.

“El juez cuarto de instrucción anticorrupción de La Paz ha remitido una instrucción para que se devuelva el cuaderno de investigación”, dijo Guzmán. Las apelaciones también serán resueltas en La Paz.

El pedido de que los casos se acumulen en La Paz fue realizado por el Ministerio de Justicia y la ASFI, al considerar la imposibilidad de que se lleven adelante dos juicios por los mismos hechos y también debido a que, a criterio del ministro Ivan Lima, la investigación en Santa Cruz está “contaminada”.

Lima, en ese sentido, aclaró que “cuando yo me refiero a la palabra contaminación, me refiero a que la investigación no estaba siendo eficiente” y afirmó que “no puede ser que la justicia de la billetera tenga un valor sobre el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad”.

Advirtió, asimismo, que, en caso de no realizarse un debido proceso, éste puede ser anulado y dejaría en la “impunidad a las personas que ocasionaron esta grave situación”.

// Con información del Periódico Ahora el Pueblo

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