Guido Calcina, abogado de la denunciante, lamentó que haya habido “presiones” para que el Fiscal determine no aprehender al Gobernador paceño y haya determinado su “libertad pura y simple”.
“Esto da para largo, estimados diputados y diputadas, se ha preparado la cena, vamos a declarar cuarto intermedio sin fecha ni hora”, señaló en la sesión el presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Hernán Durán.
“Hay toda la voluntad para llevar adelante la solución (al conflicto), pero queremos manifestar que en ningún momento se van a derogar las medidas (decretos) que se están implementando porque son necesarias”, aseguró el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.
El exministro de Medio Ambiente y Agua fue aprehendido el pasado martes tras presentarse a declarar de manera voluntaria. Horas después la Fiscalía lo imputó formalmente por enriquecimiento ilícito.
La madrugada del sábado 13 de mayo se suscitó el robo de 93 turriles de cemento asfáltico de las instalaciones de Emavías, que representa un daño económico de 148 mil bolivianos para el municipio paceño. Días después, el Alcalde informó que los protagonistas del ilícito son funcionarios de la misma empresa.
El monseñor Ricardo Centellas aseguró que la CEB así como toda la población boliviana espera saber con certeza “cuáles han sido los delitos y quiénes tienen que recibir la sentencia correspondiente”.
Camacho fue aprehendido el pasado 28 de diciembre de 2022 por el caso denominado ‘Golpe de Estado I’, relacionado a la crisis política que vivió el país el 2019.
La creación de la comisión está en el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes planteado desde el Gobierno para endurecer las sanciones penales a los autores de este delito, además de su imprescriptibilidad.
La aclaración de la ASFI llega después de que el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, acusara que el Banco Unión S.A. “tendría la figura legal de entidad o institución pública”, razón por la cual su participación en el procedimiento de adjudicación aplicado a Banco Fassil S.A. sería “ilegal e inconstitucional”.
