La Fiscalía imputó formalmente al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar y al expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; entre otros, por el paro de los 36 días que lideraron en Santa Cruz el 2022.

Según la imputación, se los acusa por los delitos de Terrorismo, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Racismo, Discriminación, Atentado contra la Libertad de Trabajo, Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos, Impedir o estorbar el ejercicio de funciones y Asociación Delictuosa, además de Desórdenes o Perturbaciones Públicas.

La imputación también alcanza al vicerrector de la UAGRM, Reiniero Vargas y asesor de esa casa de estudios, José Luis Santisteban.

La información fue confirmada por Vicente Cuéllar, quien, según reporte de DTV, señaló que fue notificado por una imputación que, dijo, “no tiene sustento legal”.

A decir del Rector de la UAGRM, la imputación busca “cortarle las alas” después de que anunciara sus intenciones de postular a la presidencia del Estado en las elecciones del 2025.

Además, Santisteban señaló a Unitel que en la ampliación de la imputación la Fiscalía pide para la detención domiciliaria, arraigo y fianza de Bs 50.000, entre otras medidas.

Por su parte, desde La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, remarcó que es un tema que está llevando el Viceministerio de Justicia Institucional.

“Nosotros tenemos claridad que en el país no se puede permitir de ninguna afectación a los derechos humanos, se va respetar el debido proceso”, sostuvo, Lima en un breve contacto con los medios.

La denuncia de este caso fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, por el paro de 36 días que se acató en Santa Cruz en demanda de que se adelante la fecha de realización del censo.