En agosto pasado, el presidente del Estado, Luis Arce, había anunciado que se cumpliría a las recomendaciones del GIEI de la CIDH, entre ellos la derogatoria del Decreto 4461 de febrero de 2021, misma que era cuestionada por la oposición debido a que beneficiaba a militantes del MAS involucrados presumiblemente en hechos de violencia durante la crisis política de 2019.