El XIII Congreso de las Universidades de Bolivia determinó este martes la expulsión del sistema educativo del exdirigente, de 52 años de edad, Max Mendoza. En  consecuencia, Mendoza no podrá volver a ser estudiante de ninguna de las casas de estudios superiores que forman parte del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). Así lo informó el rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Pedro López.

“En la reunión de rectores hemos determinado la expulsión del señor Max Mendoza del sistema de la universidad boliviana y también  se va a tener que hacer las auditorías a todos los miembros del anterior presidium”, dijo López, según el reporte de El Potosí.

Asimismo, los rectores decidieron que se haga una auditoría a las acciones del anterior presídium del Congreso de Universidades, para determinar si existen responsabilidades en el marco de la institucionalidad.

En concreto, establece la expulsión de los otros dos miembros del anterior presídium de 2018, como el exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Juan José Bohórquez, y Rodrigo Rodríguez Arce, exejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD). Ambos están cuestionados porque fueron quienes autorizaron a Mendoza ejercer y recibir salario como Secretario Nacional interino de la CEUB, a pesar de que no cumplía los requisitos.

Max Mendoza fue aprehendido el fin de semana y, tras ser trasladado a La Paz, la justicia definió enviarlo a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

Según la Fiscalía, Mendoza fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Las primeras cuatro denuncias en su contra fueron interpuestas por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, y los ciudadanos Daniel S. B., Edwin R. U. y Weimar F. Q. R.

La polémica sobre Mendoza surgió tras el atentado el 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, que provocó la muerte de cuatro universitarias. Los móviles, según el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), fue su interés de prorrogarse en el poder.

Desde ese entonces, comenzaron a destaparse los pormenores de la presunta corrupción del dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Se conoció que percibía un sueldo de Bs 21.870 por ser miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) aunque, según las denuncias, no cumplía con los requisitos para el cargo, entre ellos ser docente titular.​​

Asimismo, se denunció que Mendoza es universitario hace décadas y que reprobó más de 200 materias en la carrera de derecho. El jueves pasado, en medio de la ola de denuncias en su contra, Mendoza reapareció en un video rodeado de algunos de sus seguidores y aseguró que no recibieron ni un centavo “que no sea de manera correcta y legal”.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en su gran mayoría calumnias a la Confederación Universitaria de Bolivia y a las federaciones universitarias locales. Nosotros nos vamos a defender de todas la denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de la FUL no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal, y tenemos las instancias para descargos”, afirmó el cuestionado dirigente.