Max Mendoza, uno de los principales dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana, de 52 años de edad, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el lapso de seis meses.

La decisión fue tomada por el juez del Juzgado 2° de Instrucción en lo Penal, Javier Vargas, quien dio pie a lo solicitado por los fiscales encargados del caso, Leticia Muñoz y José Alberto Rodríguez.

Ambos afirmaron que esta medida es necesaria para desarrollar, de la manera lo más transparente posible, el proceso en contra del dirigente universitario, ya que “clara y evidente, el imputado en libertad puede influir de forma negativa en las declaraciones de testigos y/o partícipes del hecho objetivo de la investigación”, argumentan los fiscales.

Mendoza llegó a La Paz el sábado a luego de ser detenido en Sacaba, Cochabamba. El universitario de 52 años de edad tiene una serie de procesos en su contra.

Según la Fiscalía, Mendoza fue denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Las primeras cuatro denuncias en su contra fueron interpuestas por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, y los ciudadanos Daniel S. B., Edwin R. U. y Weimar F. Q. R.

La polémica sobre Mendoza surgió tras el atentado el 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, que provocó la muerte de cuatro universitarias. Los móviles, según el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), fue su interés de prorrogarse en el poder.

Desde ese entonces, comenzaron a destaparse los pormenores de la presunta corrupción del dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Se conoció que percibía un sueldo de Bs 21.870 por ser miembro del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) aunque, según las denuncias, no cumplía con los requisitos para el cargo, entre ellos ser docente titular.​​

Asimismo, se denunció que Mendoza es universitario hace décadas y reprobó más de 200 materias en la carrera de derecho.

El jueves, en medio de la ola de denuncias en su contra, Mendoza reapareció en un video rodeado de algunos de sus seguidores y aseguró que no recibieron ni un centavo “que no sea de manera correcta y legal”.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en su gran mayoría calumnias a la Confederación Universitaria de Bolivia y a las federaciones universitarias locales. Nosotros nos vamos a defender de todas la denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de la FUL no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal, y tenemos las instancias para descargos”, afirmó el cuestionado dirigente.