El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, confirmó hoy que cuando fungía como Ministro de Justicia, en 2019, recibió una nota del entonces rector de la UMSA, Waldo Albarracín, en la que alertaba una presunta usurpación de funciones de parte de Max Mendoza, dirigente universitario de 52 años que fue aprehendido el fin de semana.

Sin embargo, Arce afirmó que se respondió a la nota de Albarracín estableciendo que su Cartera de Estado no puede afectar la autonomía universitaria y las observaciones señaladas deben ser atendidas por la autoridad universitaria, quien tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere pertinentes.

“Yo no era la autoridad competente para tomar ninguna determinación sobre el señor Max Mendoza, mucho más tomando en cuenta la autonomía universitaria, que es el parámetro fundamental del sistema universitario boliviano, desde el año 1930, algo que nosotros militamos, primero como estudiantes y después, durante 20 años, como docentes universitarios”, sostuvo el exministro en contacto con la ABI.

Esta jornada se difundió en redes sociales una nota en la que Waldo Albarracín, quien en 2019 se desempeñaba como rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se dirige al Ministerio de Justicia para alertar que Max Mendoza estaba “usurpando funciones” del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Ante esta nota, en fecha 15 de marzo de 2019, Héctor Arce, en su condición de Ministro de Justicia, a través de otro documento responde: “Mi persona, como firme defensor de la autonomía universitaria, le manifiesta que, si su autoridad en calidad de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que existen mayores observaciones a dicha representación y siendo ésta además su competencia, tiene el deber de seguir las acciones administrativas o legales que considere más pertinentes (sic)”.

Arce remarcó que si Albarracín o cualquier persona tenía elementos de convicción para denunciar que Mendoza estaba incurriendo en delitos, “su obligación constitucional era presentar, él o las personas que hayan conocido (el hecho), una denuncia ante el Ministerio Público, ya que el Ministerio Público es el órgano constitucional de defensa de la legalidad, de defensa de la sociedad y tiene la función de la acusación penal pública”.

“El Ministerio de Justicia no tenía competencia para esta situación y estaba dentro de un trámite que era totalmente diferente, el trámite referido al censo carcelario que se dio en esa oportunidad”, insistió.

También puntualizó que en aquella oportunidad se aclaró que se hizo partícipe a Max Mendoza del proyecto del censo carcelario ya que él había sido acreditado como parte del CEUB, a través de la nota “CEUB SEN 001 N° 545/2018 de 22 de junio de 2019 dirigida a este Ministerio por el Abog. Juan Justo Roberto Bohórquez Ayala, Presidente del XIII Congreso Nacional de Universidades y presentante legal de CEUB”.

El fin de semana, Mendoza fue aprehendido y luego enviado a prisión con detención preventiva tras ser imputado por los delitos de de conducta antieconómica y usurpación de funciones.