Con el objetivo de evitar la abrogación de la Ley 1720, de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad, el senador Branko Marinkovic -señalado como uno de los promotores de la norma- propuso que cada Gobernación decida si aplica la normativa y bajo qué condiciones.
Con ese fin, Marinkovic señaló que presentará una Ley modificatoria para añadir un artículo a la Ley 1720 que establezca que “cada departamento a través de sus comisiones agrarias departamentales decida si aplica o no aplica la ley y bajo qué condiciones se aplica”.
En ese sentido, Marinkovic expresó su rechazo a la abrogación de la Ley 1720, como se comprometió el presidente del Estado, Rodrigo Paz.
“No podemos cerrar la puerta a pequeños productores que necesitan acceso a créditos, tecnología y oportunidad para salir adelante. Hay gente que durante años ha vivido de mantener a la gente en la pobreza y prefiere que el productor siga siendo dependiente y no creciendo”, afirmó.
Entretanto, la Cámara de Diputados decidió devolver la norma que abroga la Ley 1720 a la Comisión Amazónica y de Tierras, después de que legisladores identificaran “irregularidades” en su procedimiento en la aprobación del informe.
Según la moción aprobada, la Comisión deberá trabajar “por tiempo y materia” para corregir las irregularidades y entregar un nuevo informe durante esta misma jornada.
Asimismo, la Cámara Baja aprobó una moción para conformar una comisión multipartidaria y explicar los avances del tratamiento de la abrogación de la Ley 1720 a los marchistas que llegaron del Beni y Pando.
El miércoles, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) acordaron gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
A través de sus redes sociales, Paz reafirmó “su compromiso con un Gobierno que escucha, ordena y resuelve: apuesta firme por el consenso, el diálogo y la comprensión como base de la gestión pública”.
La Ley 1720 autoriza al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales tituladas en medianas propiedades; sin embargo, fue cuestionada por sectores indígenas y campesinos, que demandan su anulación.
Precisamente, indígenas y campesinos de Pando y Beni – que marcharon a La Paz durante 23 días- desconocieron a los dirigentes que firmaron el acuerdo con el Gobierno y mantienen una vigilia hasta que la Asamblea abrogue la norma.