El ministro de Justicia, Héctor Arce, lamentó las declaraciones del candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respecto a un supuesto fraude electoral y aseguró que el expresidente del país “no quiere una auditoría al conteo de votos porque sabe los resultados”.

Señaló que la denuncia del candidato opositor sobre el presunto fraude “no tiene ningún tipo de sustento legal”. “Carlos Mesa, con sus delegados políticos, ha tenido representación casi en la totalidad de las mesas de sufragio y sus representantes firmaron las actas que utiliza el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para el cómputo”,  declaró en entrevista con la Red Uno.

“Mesa tiene la copia de las 34.555 actas, él sabe que no habido fraude en Bolivia y seguramente por eso no quiere una auditoría porque a la luz de una organización internacional, ante la visión de otros países ha de resultar la verdad. Lo que dictamine la Organización de Estados Americanos (OEA), lo acataremos” puntualizó.

El titular de esta cartera de Estado explicó que —por ejemplo— en La Paz, de 8.988 mesas electorales que se habilitaron, Comunicad Ciudadana tuvo delegados en 8.846; en Cochabamba estuvo en 5.439 de 6.134 mesas; y en Santa Cruz, de 8.621, CC tuvo representación en 8.345 mesas electorales.

“En casi el 100% de las mesas en el país, donde se llevó adelante el acto electoral, donde se llevó adelante el cómputo electoral y este fue fraccionado, CC ha tenido representantes que firmaron las actas. No entendemos a qué fraude electoral se refiere”, dijo a tiempo de lamentar la actitud del candidato de oposición que, dijo, busca confrontar a la población boliviana a raíz de la desinformación.

Por otra parte, la autoridad se refirió a la petición del Comité Cívico Pro Santa Cruz de invalidar las elecciones y aclaró que “no hay razón legal para anular los comicios”.

“No existe una razón legal para la nulidad de las elecciones, mucho más cuando se están esperando los resultados de una auditoría. Aún si esta existiera, el convocar a un nuevo proceso electoral llevaría muchos meses, una nueva inscripción de candidatos, una nueva campaña que cuesta entre 120 y 140 millones de bolivianos, sería un gasto innecesario e injustificado de recursos”, agregó.