El acuerdo firmado sobre la base de cuatro puntos establece el compromiso de defender e impulsar los derechos colectivos —especialmente económicos y políticos— de los pueblos indígenas, además de “garantizar las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) a través de la Gestión Territorial Indígena, aplicar la consulta, previa, libre, informada y de buena fe, y combatir el avasallamiento de las TCOs por parte de los cocaleros del Chapare”.